Capítulo 99 - El Exguerrillero Oscar del Barco Nos Ayuda a Ver la Otra Cara de la Moneda

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Sin importar el origen de tales afirmaciones, fuerza es destacar que encierran una admirable racionalidad, robustecida por venir de una persona que de su lucha armada hizo su vida. Sostiene del Barco, que el camino no es tapar, como afirma Juan Gelman.
Es lógico que éste se atreva a efectuar tal afirmación puesto que fue un jerarca guerrillero que actuó en Montoneros. Al leer tales declaraciones, no podía creer lo que leía ya que no es usual encontrar pensamientos tan profundos, incluso en intelectuales de izquierda que actuaron en la guerrilla.

Su sinceridad intelectual lo impulsa a afirmar, sin cortapisas, justamente ahora que varios militares están esperando en la República Oriental del Uruguay, ser extraditados a la Argentina para ser juzgados por el secuestro de la hija de Juan Gelman que “… para comenzar, él mismo (que padece el dolor insondable de tener un hijo muerto, quien, debemos reconocerlo, también se preparaba para matar) tiene que abandonar su postura de poeta-mártir y asumir su responsabilidad como uno de los principales dirigentes de la dirección del movimiento armado Montoneros. Su responsabilidad fue directa en el asesinato de policías y militares, a veces de algunos familiares de los militares, e incluso de algunos militantes montoneros que fueron ‘condenados’ a muerte. Él debe confesar esos crímenes y pedir perdón, por lo menos, a la sociedad. No un perdón verbal sino el perdón real que implica la supresión de uno mismo. Es hora, como él dice, de que digamos la verdad. Pero no sólo la verdad de los otros sino ante todo la verdad ‘nuestra’.”.
Es de destacar que tales palabras, que me he permitido transcribir literalmente, corresponden no a un observador ajeno a los eventos narrados, sino a uno de los principales participantes de los acontecimientos. A un luchador que usó las armas y que demuestra, de esta forma, su arrepentimiento por su anterior conducta. Algo inusual que merece todo mi respeto.
El análisis que hace de la conducta de Gelman evita que tengamos que sostener algo mas, creo que es innecesario y me remito a tales manifestaciones. Refiere del Barco que le llama la atención, que Gelman considere que los únicos asesinos son los militares que actuaron durante el Proceso de Reorganización Nacional, y se interroga a sí mismo sobre cual es el motivo que Gelman se excluya y excluya a todos los guerrilleros que lo acompañaron en los acontecimientos vividos durante la lucha armada. Señala que no es dable evadir la responsabilidad en el asesinato de militares, policías y algunos familiares de ellos haciendo parecer que los únicos asesinos fueron los militares dejando de lado la responsabilidad de los integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo y los Montoneros. No deja de lado del Barco, la acusación a los militares de haber practicado Terrorismo de Estado, pero sin dejar de reconocer que ellos también hicieron lo mismo. “Hay que denunciar con todas nuestras fuerzas el terrorismo de Estado, pero sin callar nuestro propio terrorismo.”

Capítulo 98 - Escasa Repercusión de los Dichos del Exguerrillero Oscar del Barco.

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El citado fue quien involucró a muchísimos compañeros, intelectuales todos, en el apoyo al proyecto del “Che” Guevara, cuya finalidad era derribar al gobierno de turno, sea constitucional o no. Se apoyaban en el conocido revolucionario italiano Antonio Gramsci, el prisionero de Benito Mussolini, autor de la “Voluntad Revolucionaria” quien sostenía que “una revolución no se hace sola, hace falta una voluntad para hacerla”. Sintetizaba de tal forma lo que se denominó “la teoría del foco”. Pasadas unas décadas, tales frases que sirvieron de apoyatura para su accionar, no conservan la vigencia que antes tuvieron.

Se encarga su mentor, Oscar del Barco, de reseñar que “(...) Ningún justificativo nos vuelve inocentes. No hay ‘causas’ ni ‘ideales’ que sirvan para eximirnos de culpa. Se trata, por lo tanto, de asumir ese acto esencialmente irredimible, la responsabilidad inaudita de haber causado intencionalmente la muerte de un ser humano. Responsabilidad ante los seres queridos, responsabilidad ante los otros hombres, responsabilidad sin sentido y sin concepto ante lo que, titubeantes, podríamos llamar ‘absolutamente otro’. Más allá de todo y de todos, incluso hasta de un posible Dios, hay el No Matarás. (…) Este reconocimiento me lleva a plantear otras consecuencias que no son menos graves: reconocer que todos los que, de alguna manera, simpatizamos o participamos, directa o indirectamente, en el movimiento Montoneros, en el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo), en la FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias) o en cualquier otra organización armada, somos responsables de sus acciones.

Repito, no existe ningún ‘ideal’ que justifique la muerte de un hombre, ya sea del general Aramburu, de un militante o de un policía. …”.

Tales afirmaciones, la racionalidad de ellas, no fueron compartidas por todos los que participaron en la lucha armada. Prosigue afirmando, en una entrevista periodística del Barco “Siempre los asesinos, tanto de un lado como del otro, se declaran justos, buenos y salvadores. Pero si no se debe matar, y se mata, el que mata es un asesino, el que participa es un asesino, el que apoya, aunque sólo sea con su simpatía, es un asesino. Y mientras no asumamos la responsabilidad de reconocer el crimen, el crimen sigue vigente”.

Capítulo 97 - Los Jueces Caen en la Emboscada Judicial de los Guerrilleros

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Llevados por la soberbia, los guerrilleros han contraatacado, y digo los guerrilleros ya que considero que ellos no han dejado nunca de serlo, no han dado muestra alguna de arrepentimiento por los crímenes cometidos y, al contrario, se ufanan, se vanaglorian de la sangre que derramaron, de los inocentes que sufrieron sus tropelías e incluso llegan a repetir que si era necesario “para la salvación de la Patria”, repetirían los crímenes, pero se sirven de las leyes, curiosamente, quienes las han infringido sin el menor arrepentimiento posterior. Sutilmente tejen una red que en lugar de tela de araña se nutre de una serie de falacias.
Ocultan que ha existido, en efecto, una parcial ocupación de una parte ínfima, pero parte al fin, del territorio argentino. Como les conviene a sus fines tratan de disimular que ha existido una verdadera guerra. Guerra civil o no, pero guerra en el más amplio sentido de la palabra. Y no podría explicarse la solución jurídica si nos olvidamos que, como se ha sostenido en casos análogos, “en un conflicto armado, en el que se aplican el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, pero en el cual las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos podrían tener que ser interpretadas a la luz del derecho internacional humanitario como “lex specialis aplicable”, no es fácil dirimir la cuestión que se plantea y juzgarla así como así, según la fría interpretación de la legislación convencional, no sería ni justo ni conveniente ya que los jueces no pueden estar imbuidos de la necesaria actitud espiritual que corresponde a un conflicto bélico.

Rescato a alguien que, siendo un guerrillero, sí dio muestras de honrado arrepentimiento, hago referencia al filósofo existencialista cordobés, de ideología marxista Oscar del Barco, irónicamente uno de los ideólogos fundadores de los primitivos movimientos revolucionarios. Actuó en las décadas del 60 y 70 integrando, con otros intelectuales de izquierda, grupos revolucionarios que se encargaron de nutrir intelectualmente a los combatientes irregulares que lucharon en nuestro país.

Capítulo 96 - Viles y Subalternas Maniobras de Venganza Judicial

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Incluso se llegó a desconocer, en absoluto, lo que surge de la página 284 de “La Sentencia”, de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, en cuanto nos dice que el Tribunal consideró que no integraban el sistema criminal pergeñado por las autoridades de facto, “la sustracción de menores, la extorsión, el secuestro extorsivo, el plagio y la usurpación.” Ello implica la no atribuibilidad de tales ilícitos a quienes fueron comandantes del arma involucrada en su ejecución. Debemos recordar que tal resolución llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que confirmó tal tesitura.
Y es por ello que, caso curioso, se siguió la investigación por las responsabilidades personales en tales eventos delictivos. Puesto que allí la Cámara se apartó de la autoría mediata, respecto a estos hechos, considerando que la responsabilidad penal, en este particularísimo caso, era personal, de cada autor directo, no encuentro explicación que, a los años, se vuelva sobre este tema y se considere a estos acusados, a los militares, como Dioses, en cuanto tendrían poder de multilocación, puesto que estaban en cada lugar en que esos delitos eran perpetrados por sus subordinados.
La teoría de la ficción, en materia penal, no puede aplicarse elevada al morbo, ya que se cae en el abismo de la injusticia y de la arbitrariedad. Como reiteradamente se ha sostenido “el terrorismo ha demostrado tendencia a aprovechar las virtudes de las comunidades democráticas, como lo son una sociedad abierta, salvaguardias constitucionales y una civilización basada en la ciencia y la tecnología, como blancos vulnerables y como fuente de las propias armas que utiliza para atacar a esas comunidades." “El terrorismo –como lo ha observado un comentarista- nunca ha tenido posibilidades en una dictadura eficaz, pero casi ninguna sociedad democrática importante ha estado totalmente libre de él.”.

Capítulo 95 - Fundamentos de Hecho y de Derecho de los Indultos

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En sus “considerandos” evaluaron políticamente los decretos en cuestión, el accionar de ambos núcleos de imputados refiriendo, entre otras consideraciones, que “dejar atrás aquellos hechos luctuosos no es un acto de irresponsable condescendencia. Es el requisito que debemos cumplir para unirnos solidariamente, como un solo pueblo, sin la división en dos bandos a que quiere arrastrarnos el pasado. Sólo después que reconstruyamos esa unión solidaria volverá a nosotros la energía vital que necesitamos para ser, de veras, un país con destino.”. Añadía que “la idea fuerza de este tiempo es la reconciliación. Los argentinos tenemos que reconciliarnos y conseguir, así, la paz espiritual que nos devuelva a la hermandad. Jamás la obtendremos si nos aferramos a los hechos trágicos del pasado, cuyo solo recuerdo nos desgasta y nos enfrenta”.
Personalmente opino que solamente los condenados pueden ser indultados. En cuanto a la marcha de las investigaciones judiciales, no podemos dejar de resaltar que tan solo se puso especial consideración, en investigar el accionar de las Fuerzas Armadas, y respecto al otro bando, de extrema derecha o de extrema izquierda, ni una palabra. A lo sumo leves intenciones que con los indultos presidenciales quedaron en eso solamente, intenciones. De tal forma que los autores de hechos aberrantes, atentatorios contra la dignidad de la persona humana, de Delitos de Lesa Humanidad, los insurgentes que fueron en ese lapso de la historia - 25 de mayo de 1973 al 24 de marzo de 1976- , “Terroristas de Estado”, los cómplices, auxiliadores y los encubridores, pasó desapercibido para la Justicia. Nótese que me refiero a los insurgente que simpatizaban ideológicamente con el doctor Cámpora, quien los apoyaba integralmente. Recordemos que, al asumir, el citado invitó especialmente al Presidente de Cuba el Dr. Dorticós.

Capítulo 94 - Indultos - Arbitrariedades Jurídicas

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En 1983, cuando estábamos en los inicios de la actual era democrática, la Justicia investigó la actuación de los excomandantes en jefe durante el lapso del Proceso de Reorganización Nacional y simultáneamente la de los cabecillas de distintas organizaciones terroristas, tanto de izquierda como de derecha. En cuanto a los primeros, fueron sancionados con penas gravísimas, pero los responsables del terrorismo fueron beneficiados con el indulto presidencial cuando el titular de Poder Ejecutivo era el doctor Carlos S. Menem.
En efecto, se instruyeron sendas causas criminales, pero la que tramitó ante la Cámara Federal finalizó antes y se condenó a los responsables de las Juntas Militares que fueron hallados culpables y responsables. En cuanto a las investigaciones en las causas seguidas a los principales dirigentes y responsables de las organizaciones subversivas de extrema derecha y de extrema izquierda, tramitaron lentamente hasta que se procedió por parte del Poder Ejecutivo de la Nación a indultar a los condenados en las causas militares y a quienes se procesó en las otras causas.
Se efectivizó el indulto presidencial a favor de los acusados y condenados, y de los imputados con causas penales en trámite, como reiteradamente fue aceptado por la jurisprudencia argentina, durante el lapso de casi un siglo. Tanto los militares, acusados de excesos en el cumplimiento de sus obligaciones castrenses, como los delincuentes subversivos, fueron indultados por el Poder Ejecutivo de la Nación mediante los decretos números 1002/89 y 1003/89 y otros, cuyo basamento legal es el inciso 6º del art. 86 de la Constitución Nacional, ya que se consideró, en la emergencia, que dicho acto constituye una atribución personalísima del Presidente de la Nación.
En el mencionado decreto se hizo mención especial a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re Ibáñez (Fallos 136:258) fundamentado el Presidente, de esa época, su decisión en lo que oportunamente resolvió nuestro mas Alto tribunal, en casos similares.

Capítulo 93 - Bandas de Terroristas Atacan a Gobiernos Constitucionales

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En especial, con relación a la organización terrorista, conocida como “Triple A”, no se entiende qué ha sucedido, que ha motivado que no se reanudaran oportunamente las investigaciones judiciales. Si tuviéramos en cuenta la autoría mediata, mencionada en la causa seguida a los Comandantes en Jefe, deberíamos encausar a la expresidente de la Nación doña María Estela Martínez de Perón, y para abajo, a todos los entonces ministros de su gabinete y demás funcionarios que de una manera u otra colaboraron en estas desapariciones y matanzas de ciudadanos, todos aparentemente de ideología de izquierda. No hacerlo sería incurrir en una verdadera injusticia.
Insistimos, es sospechoso que ningún pariente o derecho habiente haya reclamado al Estado Argentino por tales eventos. No han trascendido los nombres de todos los asesinados y de los desaparecidos en ese lapso. Se conocen los nombres de algunas de las víctimas de homicidio o privación ilegal de la libertad, pero lo que llama la atención es que ninguna organización defensora de los Derechos Humanos ha solicitado a la Justicia, que se investigaran tales sangrientos episodios. ¿Que motiva que nadie, absolutamente nadie recuerde a estas personas o su desaparición? Ningún organismo internacional como Human Rights o Amnistía Internacional se han ocupado, con insistencia similar a los “desaparecidos” del Proceso, de las víctimas de crímenes y desapariciones durante los gobiernos constitucionales anteriores al 24 de marzo de 1976.
Es sospechoso que el actual gobierno o los anteriores no hayan adoptado medida alguna relacionada con este verdadero Terrorismo de Derecha el que, en este caso, es constitutivo de Terrorismo de Estado. Poderosas razones de orden político han mediado para que el silencio sobre el destino de estos desaparecidos y el esclarecimiento de la autoría de los asesinados, no le importen a nadie. Ni al Estado ni a sus compañeros ideológicos, ni a sus familiares. Nadie ha actuado con relación a tales crímenes y es fuertemente sugestivo, una curiosidad diría yo, que nadie haya calificado como Terrorismo de Estado al accionar de estas bandas subversivas. Recordemos que actuaron bajo el amparo de los entonces funcionarios del Estado Argentino, sugestivamente, bandas armadas, elementos irregulares tanto de la extrema derecha -Triple A- como de la extrema izquierda –Ejército Revolucionario del Pueblo, Montoneros, Far, etc-, algo realmente increíble, insólito y digno de una novela de ciencia ficción. Al parecer quedarán inmersos en el misterio de ese partido político que es el Partido Justicialista, pluriideológico, lo que explica razonablemente tales actitudes de encubrimiento.

Capítulo 92 - Víctimas del Terrorismo a Quienes el Estado Argentino Ignora

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Recuerdo que quienes ocuparon parte del territorio de la provincia de Tucumán, en el norte de la Argentina, tramitaron su reconocimiento internacional por la República Socialista de Corea del Norte. Por cierto que los integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo, a ellos me refiero, sabían con quienes estaban tratando. Posiblemente la sangrienta dictadura militar de ese país, había dado el vistobueno, para tal paso. Como se trataba de una dictadura comunista, similar a la de Fidel, para ellos era una "democracia". Este era el paso inicial de otros reconocimientos diplomáticos a tramitar, en su mayoría de países que en esa época se encontraban dentro de la órbita comunista. Tales planes delirantes, por suerte para la Nación, se frustraron merced a la actuación diligente del gobierno constitucional del general Juan Domingo Perón y luego de la Vicepresidente a cargo del poder Ejecutivo, María Estela Martínez de Perón , quien sancionó las reformas legislativas apropiadas y encomendó a nuestras Fuerzas Armadas aniquilar a la subversión, por lo que los guerrilleros se vieron obligados a abortar esta operación.Por suerte no dieron el resultado esperado, estos actos de traición a la Patria. No debemos omitir, que el accionar de estos grupúsculos subversivos, violentos en sus actividades y sanguinarios como el que mas, era autodenominado por los insurgentes como “Liberación de la Patria”. Para la inmensa mayoría de la ciudadanía, eventuales víctimas de la actitud nihilista de esos terroristas, se trataba o de vulgares delincuentes o de peligrosos marginales que apelaban a cualquier pretexto, con el fin de secuestrar, extorsionar o cometer cualquier clase de delitos, sin importar los medios empleados. Desde el punto de vista jurídico el accionar subversivo citado se catalogaba como terrorismo. Desde el punto de vista de estos radicalizados subversivos, podrán llamarse “Carmelitas Descalzas” o “Mártires de la Fe” o “Mártires de la Democracia y Libertad", pero la cruda realidad es que estos insurrectos, amparándose en pretextos agradables a la población, no titubearon en teñir de sangre la superficie de la Patria, como hasta ese momento nunca se hizo. Nadie, absolutamente nadie les enrostró que hayan intentado derribar al gobierno popular, surgidos de comicios absolutamente puros.
La acepción contemporánea del término terrorista surge de la definición aceptada por la Organización de las Naciones Unidas, la que expresa textualmente “los actos criminales con fines políticos concebidos o planeados para provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en personas determinadas son injustificables en todas las circunstancias, cualesquiera sean las consideraciones políticas, filosóficas, ideológicas, raciales, étnicas, religiosas o de cualquier otra índole que se hagan valer para justificarlos”. (Conf. Declaración de la ONU sobre medidas para eliminar el terrorismo internacional, anexa a la Resolución nº49/60 de la Asamblea General, Documento A/RES/49/60, 17 de febrero de 199 5, artículo 3. ).
Durante sucesivos gobiernos constitucionales peronistas, desde el 25 de mayo de 1973 hasta el 24 de marzo de 1976, en todo el territorio nacional, tuvieron lugar el secuestro de un total de 1.913 personas todas ellas de tendencia de izquierda. Estas personas, a la fecha, no han aparecido. Por cierto que el accionar subversivo de derecha se superpuso o corrió en paralelo con el accionar de la misma índole de los irregulares de la extrema izquierda. (Ver informe de fs.1558 de la causa nº 13).
La payor parte de estos hechos se atribuyeron a la organización ilegal de pseudo derecha conocida como Triple “A” la que, aparentemente, pretendía impedir que se consumaran los propósitos de las organizaciones guerrilleras de signo contrario. Retrocediendo en el tiempo podemos verificar entonces que la situación en la Argentina en todo ese período era muy compleja y nadie se acordó de investigar a fondo sobre las actividades de todo este ramillete de organizaciones extremistas. Al parecer la Justicia “recordó”, tardíamente por cierto, que debían tramitarse actuaciones judiciales tendientes a establecer la ocurrencia de los eventos citados y la posible responsabilidad criminal de sus autores- El dispendioso Congreso Nacional, que “premió” a los autores del delito de terrorismo y a sus causa habientes, cayó también en tal suerte de “amnesia” estatal.


Pero lo mas curioso del caso, es que los familiares de las víctimas de la organización “Triple A”, casi ni pasaron por los estrados judiciales ni iniciaron demandas tendientes a ser resarcidos, ni peticionaron al Parlamento para que se procediera con ellos, como se hizo con las víctimas de la represión militar. Tal omisión nos permite extraer como conclusión que, el Estado Argentino, considera víctimas en el literal sentido de la palabra, solamente a quienes son amigos del Poder. Es evidente que, para participar en el “negocio” se requieren ciertas aptitudes que no todas las víctimas poseen.

Capítulo 91 - Donde se Habla de la Formidable Infraestructura de las Bandas Guerrilleras

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Tales antecedentes y otros nos permite llegar a la conclusión irrefutable de que la fuerza de las organizaciones guerrilleras residía en que se trataba de verdaderos ejércitos. Era público y notorio que la pertenencia a la organización implicaba un grado militar, es decir no se trabajaba en una organización de periodistas o de simpatizantes, no era la barra de la esquina, había un código de justicia interna, había una jerarquía, había grados, había reglas que se respetaban y el que las violaba era sometido a un juicio que podía desembocar incluso hasta en la pena de muerte. Uno tenía que pedir permiso hasta para casarse, tenía que explicar todos los actos de su vida mundana. El temor era que, un desliz posibilitara la ubicación e individualización de la célula. *
*Las organizaciones revolucionarias terroristas eran estructuras clandestinas que dependían de su capacidad de mimetización dentro de la población para poder sobrevivir y multiplicarse con el fin de ir desarrollando sus estructuras y acrecentando su personal y recursos. Esa clandestinidad, las “obligaba” a adoptar una estructura celular que sólo permitía el contacto y conocimiento de actividades de un muy pequeño número de militantes (normalmente 2 a 4) que, conectados en cadena, podían configurar estructuras mayores aptas para distintas misiones. Esta orgánica constituía en esta etapa de la guerra revolucionaria, su principal factor de fortaleza. Su supervivencia dependía de las medidas de seguridad adoptadas para no ser detectados, identificados y localizados. Por ello, esas medidas eran respetadas y ejecutadas cuidadosamente ya que de ellas dependía que no fueran apresados o muertos, según las circunstancias, y lo que era peor para la organización revolucionaria, que el prisionero aportara información sobre los demás miembros y actividades que iban a permitir la neutralización de las acciones previstas y de toda la estructura conectada. Era norma que todo militante en la clandestinidad (con nombre “de guerra”, documentos falsos y una historia ficticia personal y familiar) tenía que conocer lo menos posible de los demás integrantes clandestinos y de sus actividades y a su vez negar datos sobre su vida real, como una forma mayor de seguridad para él y el conjunto de la organización. No obstante esta práctica, esa estructura celular tenía un “talón de Aquiles” que era la necesidad de comunicarse personalmente con su superior, sus compañeros o sus subalternos. La forma habitual era por medio de citas (encuentros) a veces previstos con varios días o semanas de anticipación y en algunos casos, sin conocer físicamente al “otro”. De allí que utilizaran códigos (telefónicos, visuales, etc) y fueran entrenados especialmente en la forma de llegar al domicilio, de encontrarse en un lugar público o para abordar un vehículo “trucho” dejado en la calle. El peligro de la cita era que “el otro” hubiera sido apresado y estuviera colaborando con las fuerzas enemigas facilitando su captura. Por eso, como una medida precautoria de aviso sobre “una anormalidad”, los horarios tenían una tolerancia acordada que permitía apreciar que el “no llegado” o “no regresado” podía haber sido apresado, por lo que el resto debía entrar en “emergencia” ( escapar llevando documentación, armas, dinero, etc). En síntesis, el tiempo, tanto para unos (los terroristas) como para los otros (militares) era un factor de alto valor. Los primeros lo necesitaban para que se alerten sus compañeros y escapen y los segundos, para obtener información y actuar rápidamente para evitar un gran riesgo ( por ejemplo un atentado inmediato) o poder apresar otros terroristas subversivos antes que desaparezcan .(Web .Nuestra Historia_70 B.56)

Capítulo 90 - Donde Confirmamos que Hubo Una Guerra Civil en la Argentina

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El ingrediente principal de la justicia, desde el punto de vista axiológico es la moral y la ética ya que, caso contrario, ante la carencia de estos elementos nos encontraremos con normas legales, que técnicamente son leyes, pero que será difícil obedecerlas y tenerlas por tales ante la injusticia que encierran. Sostengo una vez más que los argumentos de los sediciosos, de los militantes de la guerrilla, se basa en que ellos sufrieron las consecuencias del llamado Terrorismo de Estado, del accionar de los militares y que en caso de ser sancionados los subversivos debían serlo conforme las leyes penales y procesales del país. Y si, por el transcurso del tiempo, las acciones penales de los delitos que se les imputaban han prescripto, no podían ser sometidos al proceso pertinente, sino sobreseídos. Es decir, destituídos del proceso penal, por el solo transcurso del tiempo que operó como perdón de sus acciones criminales y sanguinarias. Tal actitud, según sostienen los subversivos, no debe ser adoptada hacia los militares ya al calificarse su accionar de delitos de Lesa Humanidad, los convenios internacionales firmados por la Argentina, constituyen un escollo jurídico que impide aplicar el instituto de la prescripción de la acción penal, a su favor. Este argumento es falaz por cuanto desconoce que existió una guerra, evento reconocido por la Cámara Federal en ocasión de dictar pronunciamiento de condena a los excomandantes en la causa nº 13.
Dice ese Tribunal en el fallo pertinente: “El objetivo último de esta actividad fue la toma del poder político por parte de las organizaciones terroristas, algunas de las cuales incluso intentó, como paso previo, a través de los asentamientos en las zonas rurales de Tucumán ya mencionados, la obtención del dominio sobre un territorio, a fin de ser reconocida como beligerante por la comunidad internacional. Sobre esta idea concuerdan, básicamente, todos los informes requeridos por el Tribunal y se encuentra también plasmada en las publicaciones originadas en esas bandas, aportadas a la causa…”. *(Capítulo V – Cuestiones 8 y 22.)
Se probó en la causa criminal citada anteriormente que se concretaron 6.762 hechos terroristas cometidos por bandas de delincuentes terroristas, pertenecientes a la izquierda radicalizada, entre 1974 y 1975. De ellos, los que correspondían a unidades militares de mayor envergadura, permitió comprobar la magnitud del despliegue logístico y de combate desarrollado por los sediciosos. Se probó que “la actividad subversiva desarrollada fue producto de la actuación de una pluralidad de grupos subversivos, que en total contaban con un número de algunos miles de integrantes, siendo sus características mas importantes su organización de tipo militar que incluyó la creación de normas y organismos propios de tipo disciplinario, su estructura celular, la posesión de un considerable arsenal que utilizaban en sus acciones, y abundantes recursos económicos, producto principal de delitos cometidos”.
* La Cámara Federal tuvo en cuenta lo que surge de un editorial titulado “El mandato Político de Fernando Abal Medina”, publicado el 6 de septiembre de 1976, adjuntado por una de las defensas, en la revista “Militancia Peronista Para la Liberación”, donde se hace mención de lo siguiente: “… ése es en esencia el proyecto político de Fernando Abal Medina, que obligadamente debemos rescatar. Sus pautas esenciales, podemos sintetizarlas en: 1.- Asunción de la guerra popular. 2.-Adopción de la lucha armada como la metodología que hace viable esa guerra popular, mediante formas organizativas superiores. 3.- Absoluta intransigencia con el sistema. …”.

Capítulo 89 - La Aplicación del Derecho Penal Humanitario Tiene Que Ajustarse a la Moral

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La actividad de esta organización mafiosa sería también constitutiva de “Terrorismo de Estado”. O sea que tenemos el primer tramo camporista de “Terrorismo de Estado” y el segundo peronista del mismo delito internacional, con las consiguientes víctimas y atentados sangrientos. El segundo tramo debe ser imputado tanto al presidente Perón, con cuya anuencia se procedió, como a quien le siguió o sea María Estela Martínez de Perón. Hasta la fecha no han aparecido, reclamando resarcimiento al Estado Argentino, los deudos de las víctimas de la persecución de la Triple A.
Tampoco el Estado se ha ocupado de ellos, como tampoco se ha ocupado de las víctimas del sanguinario accionar de las organizaciones subversivas a las que finalmente, tuvo que ponerlas fuera de la ley y ordenar que se las aniquile. Los únicos desaparecidos que, al parecer, merecen atención por parte del Estado Argentino, son aquellos que desaparecieron después del 24 de marzo de 1976. Yo me pregunto: ¿Y a quienes desaparecieron antes del 24 de marzo de 1976, quien los busca? ¿Quien se ocupa de establecer el destino de 1.913 personas desaparecidas durante el régimen democrático peronista”? ¿Que conducta adoptará el Estado Argentino para que tales desapariciones no queden impunes? ¿Qué conducta seguirá el Estado Argentino para que las víctimas del accionar guerrillero por parte de los ilegales sean resarcidas? ¿No va a investigar el Estado Argentino los delitos perpetrados por las organizaciones de izquierda que actuaron en nuestro país, en el lapso que media entre la asunción del presidente constitucional el doctor Héctor J. Cámpora hasta que asumió el general Perón, ya que ellas cometieron Terrorismo de Estado? ¿No va a investigar el Estado Argentino a los integrantes de la entonces Triple A, la delictiva organización de derecha apañada por las autoridades del Estado Argentino? Para que exista ética por parte del Estado Argentino, quien por medio de sus jueces no vacila juzgar y en condenar a los otrora jerarcas del Proceso de Reorganización Nacional, deben cumplirse todos estos recaudos, no algunos, todos. Si no se hace estamos ante una hipocresía jurídica, ante una venganza judicial y estaremos aplicando el Derecho Penal del Enemigo.

Capítulo 88 - Los Traidores Se Cubren con la Máscara de Defensores de los Derechos Humanos

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Si los otrora subversivos han osado pasar el Rubicón, deben hacerse cargo de su conducta. Corresponde que destaquemos algo que no es usual en ningún otro país del mundo, los rebeldes, los insurgentes, los guerrilleros que alegaban que, al alzarse en armas contra el Estado Argentino, en realidad lo hacían contra el gobierno militar de la llamada Revolución Argentina, cuando llegó el régimen constitucional el 25 de mayo de 1973, fecha en que los militares entregaron el poder a las autoridades elegidas por el voto popular, siguieron con su actividad homicida. Durante ese lapso, ya no podían alegar para justificar su atentado contra las instituciones, que ellos intentaban defenderlas, puesto que para tal fin el Estado legítimo contaba con las fuerzas armadas y de seguridad, subordinadas nuevamente al poder civil, con las leyes pertinentes y con los Poderes del Estado funcionando a pleno. Pero, conforme doctrina internacional aceptada, al estar estos grupos irregulares apañados, ayudados y protegidos elípticamente en su accionar, por el gobierno constitucional de ese entonces, a cuyo frente se encontraba el doctor Héctor J. Cámpora, los atentados y crímenes que cometían constituyeron el delito de “Terrorismo de Estado”, salvo que como se trataba de subversivos de ideología de extrema izquierda o comunistas, en ese especialísimo caso ello no fuere aplicable. Lo que no es de extrañar, puesto que es conocida la audacia de esta gente, al colocarse siempre en la postura judicial que mas les conviene. Por cierto que en aras de los derechos Humanos, puesto que es ocioso recalcar que, según ellos, mantienen el monopolio de su defensa urbis et orbi.
Cuando el general Juan Domingo Perón declara poco menos que fuera de la ley a estos grupos, lo que se ve instrumentado tiempo mas adelante, el gobierno nacional creó la tristemente conocida organización subversiva, de derecha, denominada “Triple A”, la que se encargó de eliminar alrededor de un millar de ciudadanos, por la sola circunstancia de militar en organizaciones de izquierda. La cantidad de 1913 ciudadanos fueron arrancados a la fuerza de sus hogares y nunca más aparecieron…. Conforme constancias de la causa nº 13 seguida ante la Justicia Federal en la Cámara respectiva.

Capítulo 87- El Gobierno Constitucional Homenajea a Quienes Atentaron Contra las Instituciones de la Argentina

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No tiene explicación alguna la usurpación que efectuaron los subversivos, al arrogarse la representación del pueblo, repito, ya que la ciudadanía los había elegido a los mandatarios constitucionales, por una abrumadora mayoría de alrededor de 7 millones de votos, lo que no impidió, empero, que estas fuerzas se autodesignaran como legítimas representantes del pueblo.
Estoy seguro que merecemos un lugar en el famoso libro de Ripley, puesto que es insólito que exista un país, atacado por los elementos subversivos, vencidos por el gobierno constitucional, que pasados 30 años rinda homenaje a aquellos sediciosos que osaron atacar a las autoridades constituidas legítimamente.
Y es mas insólito que el gobierno que les rinde homenaje sea del mismo partido político que gobernaba en ocasión de tales ataques. Creo que un Presidente que tolera y promueve tales “homenajes” no ayuda a la democracia ni a sus instituciones. El homenaje que se pretende otorgar a estos pseudo “salvadores” de la Patria no encuentra sustento alguno. Se trata de una apología del delito. No se puede invocar para cohonestar este proceder que se actuó, en la emergencia, tratando de colaborar con el gobierno legalmente constituído. Cuando es derribado el último gobierno citado, con fecha 24 de marzo de 1976, los insurgentes siguen proclamando que ellos actúan, pero esta vez destacan que lo hacen, a fin de salvar al gobierno que intentaron derribar. Y esta falacia perdura en la actualidad. Quien fue delincuente subversivo otrora, sigue siéndolo, a pesar de haber cambiado el gobierno de la Nación. No resulta este camino, un Jordán que lave las culpas de los insurrectos que se alzaron contra el Estado de Derecho y las autoridades constituidas. Una conclusión de tal índole repugna al Derecho.

Capítulo 86 - La Justicia en Versión Oficial Obligatoria

continuación

Nuestros ideólogos radicalizados de la extrema izquierda autóctona, se la pasan pregonando, como siempre hacen ellos, sus deseos no de venganza o represión mediante el Poder Judicial, sino sus “sanas” intenciones de llegar a la pacificación de los espíritus y a la unidad toda del pueblo argentino. Pero pasan por alto que ni una palabra se les ha oído cuando la metodología que critican acerbamente se empleó antaño, en países sitos detrás de la Cortina de Hierro, y hogaño cuando se hace referencia al Paraíso de Cuba.
En esta explosión de pacifismo y bondad, no hesitan en exigir exclusivamente para ellos, cual barrio cerrado, las instalaciones de la ESMA. Lugar siniestro por cierto, por sus antecedentes inhumanos y brutales, que evidentemente encuentran aparentemente repulsión sólo en la masa ideológica que, harto sugestivamente, ni se conmueve con similares procederes en países amigos. Allí piensan levantar un museo llamado “De la Memoria”, donde nos recordarán a todos, los eventos ocurridos en la sangrienta Década del Setenta.
Pero cuando se ingrese al museo, las cosas se verán tipo pirata, con un solo ojo. Ya se encargaron de decirnos que la versión militar de estos sucesos, la versión que dio oportunamente el atacado Estado Argentino, no será exhibida al público. Es decir que lo que piensa la gran mayoría del pueblo argentino, será olímpicamente ignorado. No se exhibirán los antecedentes sino las consecuencias, lo que a todas luces dificultará sacar conclusiones que no sean las inducidas por los exhibidores. Pienso que la versión que veremos será la que usualmente acostumbran a darnos la mayoría de los medios interesados. Y posiblemente sea la que honestamente, creen ellos mismos como ajustada a lo sucedido, ya que son ellos mismos quienes la inventaron.
Hasta el Jefe de la Armada, pasando al parecer por alto el respeto a la sangre derramada por sus camaradas, quienes combatieron al enemigo subversivo, no piensa que esas víctimas civiles o militares, tienen también madres que exigen equidad y justicia en el trato a ellos, con la diferencia que no salen a la calle a llorar a sus muertos y se quedan en sus hogares al no querer politizar su dolor ni lucrar con él.
Nos endilga en su discurso su deseo de que “Quiera Dios que efectivamente la cesión de este inmueble ayude al mejor entendimiento social, al pleno imperio de la justicia y los derechos humanos, al progreso del país y al bienestar de todos sus habitantes. Que por su fruto se obtenga la tan ansiada reconciliación que debe emerger necesariamente entre el Estado, sus instituciones y su pueblo”.
¿Acaso piensa el jefe naval que los habitantes de nuestro país se van a entender mejor con esta forzada cesión? ¿Qué tiene que ver crear un museo, con la visión parcial y parcializada de los hechos, con la plena justicia…. para ellos, para los subversivos solamente, y la vigencia de los derechos humanos… para ellos?
Si alguien entiende que con la inauguración de un Museo de la Memoria Incompleta, permite valorizar lo ocurrido en el pasado pasando por alto lo ocurrido con los subversivos y su accionar, Dios nos libre. El Jefe de la Armada, en nombre de las Fuerzas Armadas, debió invitar a lo sediciosos que se levantaron en armas en la Década del 70, a reconocer leal y sinceramente sus errores tal como ellos lo hicieron. No encuentro explicación racional que un gobierno de signo peronista pase por alto los ataques armados y sangrientos concretados por fuerzas irregulares, fuerzas que recibieron ayuda en el exterior, con infraestructura cubana, compuestas no sólo por argentinos, contra blancos civiles y militares, tanto durante los gobiernos constitucionales del general Juan D. Perón como de la señora María E. Martínez de Perón. Recordemos que este verdadero Terrorismo de Estado era concretado no sólo por argentinos traidores a su Patria y a su Pabellón sino por extranjeros que los ayudaban y Cuba que los financiaba.

Capítulo 85 - Mas crueldad en el Caribe

continuación Se dió el caso, casi único diría yo, del preso político Juan Carlos González Leyva, quien informó que otro recluso ingresó a la celda que él ocupaba y quiso golpearlo pero huyó cuando él se despertó. González Leyva es ciego y fue detenido en marzo del 2002 acusado de desacato a la autoridad, desorden público, desobediencia y resistencia. Aunque los Fiscales solicitaron una pena de 6 años para él, pasó un año y seguía encarcelado sin que el juicio hubiera comenzado. *
*Este ejemplo evidente de violación a los Derechos Humanos no lo tuvo en cuenta la Argentina, cuando se votó en las Naciones Unidas instar al gobierno de Fidel Castro, para que autorice la comparecencia de los organismos de las Naciones Unidas, que se ocupan de este tema, a fin de sacar sus propias conclusiones, alegando que eso era intromisión en los asuntos internos de otro Estado, lo que está vedado. hipócritamente se abstuvo, o sea que labró el “Acta Fundacional” de los Derechos Humanos de los amigos.


En nuestro país, los mismos que sostienen una postura benigna contra los delincuentes, los que bregan a favor de los derechos humanos de los delincuentes, ni se dieron por enterados de esta anomalía judicial, la pasaron por alto, como tantas otras, puesto que todo se concretó en Cuba.
Al parecer tienen competencia restringida en cuanto a hacer valer los derechos humanos pero ampliada en cuanto a acusar de “genocidas” a los violadores, si son militares argentinos, sin perjuicio de que se encuentren ante un juzgado extranjero cuyo titular no tiene ni idea de donde se encuentra ubicada la Argentina. Ni siquiera se oculta la actitud de displicencia, en cuanto a la legalidad que rige en Cuba, cuando el Gobierno de ese país sigue manteniendo estrictas restricciones para viajar al extranjero.
Cuando se le critica esta práctica el dictador Fidel Castro hace notar, áspera y públicamente, su absoluta oposición a tales críticas en materia de los Derechos Humanos. Desde 1989 el gobierno se negó sistemáticamente a que la Cruz Roja Internacional visite las cárceles de Cuba. Surge el siguiente interrogante: ¿Qué tiene que ocultar el doctor Fidel Castro? ¿Por qué sus partidarios, en la Argentina, adhieren a este tipo de peticiones cuando las cárceles a visitar, se encuentran sitas en países que no están gobernados por marxistas leninistas?

Capítulo 84 - Sin Embargo Existen Cada Vez Mas Semejanzas

(continuación)

No fuimos nosotros los inventores de esta modalidad de causar perjuicios a una persona que se odia. Lamentablemente, no es ésta acción un invento argentino. En la isla paradisíaca, a instigación del gobierno comunista de Fidel Castro , grupos adictos controlados por el Estado, son utilizados, mandados a fin de montar protestas públicas contra aquellos que disientan de las políticas estatales, gritando expresiones obscenas y a menudo causando daños a los hogares y propiedades de las personas objeto del repudio.
La policía y los agentes de seguridad, a menudo presentes en esos actos, no hacen nada para impedir este accionar. Demás está decir que quienes se niegan a participar en estas acciones deben encarar sanciones disciplinarias, incluyendo la eventual pérdida de su empleo. Se dió el caso de que en uno de estos actos de repudio se colocaron a niños pequeños al frente de adultos armados con bastones, ordenando a los pequeños cantar lemas progubernamentales. ¿No les recuerda a nuestros piqueteros?
Ningún periodista en la Argentina, especialmente aquellos que se caracterizaron siempre, salvo durante el período militar, en criticar todos los actos de los gobiernos de nuestro país, criticó que el 31 de enero un oficial de reeducación política golpeó a un periodista encarcelado por poseer ejemplares de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y un informe de la organización no gubernamental Reporteros Sin Fronteras. Nadie recordó la existencia de una Convención Contra la Tortura.

Capítulo 83 - En Cuba la Arbitrariedad Campea Por Sus Fueros

(continuación)

Que no haya sido la Justicia sino el Congreso Federal quién haya adoptado esta medida, declarar la nulidad de las citadas normal legales, es írrito al Derecho ya que nuestros legisladores usurparon el lugar de los jueces. En este caso, y a pesar de las declaraciones altisonantes en el sentido de querer aplicar la ley rigurosamente, se ha demostrado palpablemente que lo que en realidad se quiso es proceder a la venganza privada. La maniobra resultó, en definitiva, una versión moderna de la faida.
Fatigoso resultó encontrar un camino que mantuviera la vía expedita para llegar a esos fines, pero finalmente, con alegría vieron sus adherentes concretados sus propósitos.
Pero los mismos que expresan adhesión a estas ideas, irrestricta defensa de los Derechos Humanos, cuando se trata de la isla caribeña, pasan por alto la circunstancia de que allí los miembros de las fuerzas de seguridad se encuentran imputados por la comisión de numerosas y graves violaciones de los derechos humanos. Por supuesto que al gobierno de Cuba tales denuncias ni lo rozan. No se sienten aludidos sino para rechazar la llamada “intervención” de terceros países en asuntos internos de la isla. Para ellos la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas es una entidad que no debe intervenir en asuntos internos de la isla.
Durante el llamado Proceso Militar, en la Argentina se organizaron Tribunales Militares encargados de juzgar a los acusados de actividades subversivas, y los imputados no se cansaron de adjudicar a esos organismos el carácter de comisiones Especiales, prohibidas por la Constitución Nacional. Siempre se acusó a las autoridades militares de crear una suerte de apariencia de justicia, y clamaron los integrantes de la subversión, por el cese de tan injusta situación.
Pero cuando 75 ciudadanos, activistas de los Derechos Humanos en Cuba, son detenidos y sometidos a juicios sumarios, siendo sentenciados, mediante juicios sumarísimos, a penas que van desde los 6 a los 28 años, nada dicen. Callan sin juzgar tal anomalía grave. Cuando en nuestro país los acusados de cometer delitos subversivos se encontraron privados de su libertad, en las cárceles del Proceso o en verdaderos Campos de Concentración, sus familiares y defensores denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las condiciones infrahumanas que sufrían ellos y esta entidad tomó debida nota de tales circunstancias, cuando visitaron nuestro país para interiorizarse in situ de tal situación. Por supuesto sus conclusiones fueron luego expuestas en el Juicio a los Comandantes y sirvieron como elemento de prueba.
Pero pasado un tiempo estas mismas víctimas de una situación aberrante para la civilización, nada dicen, nada opinan, nada critican, cuando se repite lo mismo en las cárceles de Fidel, quien ni permiso les otorga a las organizaciones internacionales para visitar las prisiones. La “sangrienta dictadura militar”, en honor a la verdad, les concedió tal permiso. Reconozco que en casos, como el de la Esma, trasladó a ciertos detenidos a otro lugar para que no los vean, pero yo lo reconozco por ser un ferviente partidario de la democracia y de la libertad, pero para todos y no para mis amigos. En Cuba el Gobierno no encausó ni sancionó a los miembros de la fuerza de seguridad imputados de estos abusos. O sea que ignoró olímpicamente el trato que debía dar a los presos.
Cuando tres balseros fueron ejecutados por intentar huir del paraíso castrista, con fecha 11 de abril ppdo., la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuyos integrantes visitaron la Argentina como dije, lo que no pudieron hacer aun con Cuba, criticaron las ejecuciones, en particular la naturaleza sumaria de tales juicios determinando que el proceso que condujo las ejecuciones constituyó privación arbitraria de la vida. Por supuesto que en la Argentina los que se decían víctimas de delitos similares, es decir de simulacros de enfrentamiento, o secuestro de persona o torturas, los que declamaron contra los “genocidas” ni mu dijeron sobre este episodio, ya que había ocurrido en Cuba. Y Cuba es un país amigo, un antiimperialista por excelencia.

Capítulo 82 - Se Cierne la Tormenta en la Justicia Argentina

(continuación)

Todas estas instituciones, en la Argentina, significan la implantación poco menos de organismos encargados de coartar la libertad, como por ejemplo la famosa DIPA, Coordinación Federal, la similar de la policía bonaerense, etc. Algunos mal pensados creen que, en nuestro país, con el pretexto de encuestar el nivel de la cultura pública se llegaría a propiciar crear un organismo que proceda a efectuar estas consultas, con el fin de “vigilar” el desarrollo de la cultura vernácula. No lo creo ya que sería un paso en falso. Pero, trasladado el tema a Cuba, es algo extraordinario.
Las imputaciones formuladas a integrantes de nuestras FFAA y de organismos de Seguridad en cuanto a la violación de los Derechos Humanos en nuestro país, en la represión de la subversión, encuentran base en Resoluciones y Convenciones de las Naciones Unidas, a las que nuestro país adhirió como recordé anteriormente, generalmente luego del acceso al poder del Dr. Raúl Alfonsín.
Mediante tales adhesiones se concilió la aplicación de la ley penal más severa con la retroactividad de las leyes penales más severas, principio cardinal en nuestro país, y en todo el mundo civilizado, desde antiguo. En consecuencia se sostiene, por parte de estos sectores llamados “garantistas” o “progresistas” que es constitucional, en este caso especialísimo, aplicar la ley penal mas severa en forma retroactiva y desconocer pronunciamientos jurisdiccionales pasados en autoridad de cosa juzgada, ya que el artilugio nacido con la reforma de la Constitución Nacional de 1994 así lo permitiría, de lo que tengo mis fundadas reservas que expondré en otra ocasión. Tales sectores se pasan al otro bando, al de los duros, al que constantemente y acerbamente critican.
La frutilla del postre fue la sanción por parte del Congreso Nacional de la ley 25.779 que declaró la nulidad de las normas de Punto Final y Obediencia Debida, con lo se logró lo que se quería, se reabrió el debate mediante una norma legal que declaró la nulidad de lo que había sido derogado anteriormente por la ley nº 24.952 del mismo Congreso Federal. Vale decir que se anuló una ley que ya había sido derogada. Se actuó retroactivamente, sin importarles absolutamente nada que haya habido o no derechos adquiridos. Los titulares de esos derechos, al no ser simpatizantes de la izquierda, aparentemente no gozaban ni podían excepcionar defensivamente con ellos.

Capítulo 81 - Como Funcionan en Cuba las Instituciones Judiciales

(continuación)

¿Que pasó en nuestra país cuando Menem designó en la Corte Suprema de Justicia a una mayoría adicta a su persona? Comenzando por los partidarios del dictador Castro, en la Argentina ello fue visto como una aberración jurídica e institucional. Designado un nuevo Presidente llamó públicamente a iniciar juicio político a ciertos integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por la sencilla razón de que formaron parte de la llamada “mayoría automática” del gobierno menemista, acompañado en su decisión por un núcleo muy importante de sus conciudadanos. La coherencia brilla por su ausencia en cuanto quienes ensalzan al dictador cubano proceden de la misma manera a fin de someter a su autoridad al Poder Judicial de nuestro país. Si lo hizo Menem está pésimo, mas si lo concreta un partidario de Fidel, enhorabuena. Decisiones de esa índole, para que sean justas, no sólo deben ser ajustadas a derecho sino que la ética que las rige debe comenzar por acompañar las intenciones con comportamientos coherentes en situaciones similares. Y, desgraciadamente, vemos que ello no ocurre y mas lamentablemente podemos advertir que la ciudadanía en general ignora que pasa realmente en Cuba, que digo no sólo ignora la real situación de ese país sino que, en los noticiosos televisivos locales se pasa revista muy al pasar de la situación gravísima por la que atraviesa la hermana república de Venezuela, lo que no hacen otros noticiosos como los de Chile, la CNN, etc.
Como el titular del gobierno venezolano goza de la simpatía del dictador Fidel Castro, acá se trata de no mostrar la golpiza que la Guardia Nacional propinó a manifestantes opositores o la persecución sangrienta de la que son objeto. Si sucesos de tal índole hubieran ocurrido en nuestro país todo el periodismo o gran parte de él dejaría expresada su indignación y protesta por la violación de los Derechos Humanos de los opositores al régimen de Chaves. Al pueblo se le desinforma y de esta forma le es dificultoso comparar para poder juzgar con equidad. Rescato que para poder elegir libremente no es necesario solamente que el ciudadano no sea coaccionado al momento de sufragar sino que no debe ser engañado durante el lapso anterior, no puede sufrir lavados de cerebro que le hagan dificultoso elegir con libertad.
Estoy absolutamente seguro que quienes formaron frente al edificio de Tribunales, clamando venganza contra algunos integrantes, sino todos, de la Corte Suprema de Justicia por las razones aducidas anteriormente, ignoraban que en Cuba el Poder Judicial está subordinado al gobierno y al Partido Comunista. No se le mueve una pestaña a ningún funcionario nacional que se encargó de propiciar los juicios políticos. Descuento, por conocerlos ilustrados, que ellos saben con precisión tal circunstancia, pero el pueblo de nuestro país no se encuentra advertido al respecto y muchas veces ilusionado con el hálito de héroe de Fidel creé en lo que se le dice, guiado por la acción u omisión de sus corifeos. *.

“La Constitución Cubana establece la existencia de tribunales independientes; sin embargo, los subordina explícitamente a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) y al Consejo de Estado. La ANPP y sus homólogos en niveles inferiores eligen a todos los jueces. La subordinación de los tribunales al Partido Comunista, que la Constitución designa como la fuerza directiva superior de la sociedad y del Estado, compromete aún más la independencia del poder judicial. Los tribunales socavan el derecho a un juicio imparcial al restringir el derecho a la defensa y con frecuencia no observan los pocos derechos de debido proceso de ley de que disponen los acusados.”. (Confr. La comunicación del Departamento de Estado de los EEUU citada precedentemente)
Cuando se sancionó, en la Argentina la ley de Defensa Nacional, en ella se introdujeron cláusulas que determinaban que estaba prohibido a los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas efectuar inteligencia interna. Entre quienes propiciaron calurosamente tal iniciativa estaban los perseguidos por el régimen militar, es decir los ex-integrantes de organizaciones subversivas.
Era lógica tal predilección, de los entonces guerrilleros, ya que habían sentido en carne propia el resultado de esas tareas castrenses. Pero cuando las fuerzas armadas no son de nuestro país, sino de otro, en este caso Cuba, milagrosamente cambian los argumentos y la consiguiente evaluación y estas mismas personas que posiblemente ejercieron actos de terrorismo en plena época constitucional de Juan D. Perón y de María Estela M. de Perón, y que fueron perseguidas por el régimen dictatorial comenzado el 24 de marzo de 1976, se vuelven fervorosos partidarios de los militares, los de Cuba por supuesto, y pasan por alto al evaluar la situación en esa isla, que oficiales de sus Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) dirigidas por el hermano de Fidel fueron designados para ocupar la mayor parte de los cargos en el ministerio del Interior.
Ministerio que, es público y notorio, se ocupa de investigar y reprimir activamente la oposición y las disidencias políticas. Les aconsejo humildemente, a quienes aplaudieron calurosamente tales medidas en nuestro país, que evalúen que en Cuba el Ministerio del Interior también se ocupa, entre otros menesteres, de mantener vigente un sistema penetrante de vigilancia mediante el uso de agentes secretos, informantes, Brigadas de Respuesta Rápida (BRR) y los Comités de Defensa de la Revolución (CDR).

Capítulo 80 - Un Lavacerebros Judicial Marxista

(continuación)

Empero mediante arbitrios inmorales y falaces, se quiere hacer creer a toda la población que la garantía de la defensa de los Derechos Humanos se encuentra depositada, por orden de las UN, en organismos de ideología de izquierda, en especial los más radicalizados. Y llego a esa triste conclusión ya que el gran violador de los Derechos Humanos en este Continente, el comandante cubano Fidel Castro, es mirado con admiración, con simpatía y afecto no oculto, no sólo por las autoridades de nuestro país sino en casi toda Latinoamérica, le son perdonadas sus faltas e inclusive se pretende que él constituye un espejo en el cual mirarse, como si se tratara de un San Martín redivivo.
Si un mínimo de las normas vigentes en Cuba se aplicaran en la Argentina hace rato que cientos de miles de ciudadanos hubieran salido a la calle con sus cacerolas, como es costumbre, protestando contra las medidas dictatoriales que el gobierno impuso. A guisa de ejemplo de las incontables violaciones de tales Derechos fundamentales podríamos suponer, y digo nada más que suponer, que acá existiera un partido único. Los organismos sedicentes defensores de los Derechos Humanos, casualmente defensores del dictador Castro, en la emergencia creo que no tolerarían tal situación, salvo que en ese bingo ellos hayan salido favorecidos en la utópica elección popular.
Pero convengamos que ésa no es la situación ideal, ya que la regular alternancia, es el ideal en una democracia. En cambio tenemos que en Cuba se encuentra al dictador perpetuo, el monarca marxista, y existe como única entidad política el Partido Comunista. No hay posibilidades de disenso estando penado, por el código respectivo, disentir con la autoridad estatal. No existen elecciones competitivas de los miembros de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Hasta las sentencias del más alto Tribunal de Cuba, tienen que pasar por los organismos de mayor jerarquía, del Partido Comunista Cubano. En la isla cárcel, se aplica el derecho penal de forma tal que en nuestro país, alarmaría a los llamados progresistas, quienes por cierto, defienden al dictador, más por capricho que por convicción sincera. Allí se aplica la peligrosidad, el confinamiento etc. Se persigue a los homosexuales, pero al parecer tal actitud es ignorada por los defensores de esta gente, los que concretan una defensa selectiva conforme su ideología, confiando, al parecer, que la distancia hará que pasen desapercibidos sus gestos omisivos y permisivos hacia el régimen. *

*El Código Penal incluye el concepto de "peligrosidad", que se define como la "proclividad especial de una persona a cometer crímenes, demostrada por su conducta en contradicción manifiesta con las normas socialistas". Si lapolicía decide que una persona exhibe señales de peligrosidad, puede llevar al delincuente ante un tribunal o someterlo a terapia o reeducación política. Las autoridades gubernamentales amenazaban regularmente con encausamientos de acuerdo con esta provisión. Tanto la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) como la CIDH criticaron esta táctica por su subjetividad, la naturaleza sumaria de los procedimientos judiciales empleados, la falta de salvaguardias legales ylas consideraciones políticas que sustentaron su aplicación. … Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la llamada inclinación especial a cometer delitos a que se refiere el Código Penal equivalía a un criterio subjetivo usado por el gobierno para justificar violaciones de las libertades individuales y el debido proceso de ley, en contra de personas cuyo único delito era sustentar una opinión diferente de la opinión oficial. El gobierno cubano también usó el exilio como instrumento para controlar y eliminar la oposición interna. El Código Penal permite a las autoridades extrañar a un individuo de un área determinada o confinarlo en un área determinada por un período de 1 a 10 años. Conforme a esta provisión, las autoridades pueden exiliar a cualquier persona cuya presencia en un lugar determinado podría ser "socialmente peligrosa". (Comunicación del Dpto. de Estado de los EEUU).
En la Argentina, quien sostiene el establecimiento del “estado peligroso” en un delincuente, es considerado un totalitario retrógrado. Al momento de escribir ésto se envió al Congreso de la Nación Argentina, un proyecto de Código Penal en el que, entre otras reformas “progresistas” se destipifica el delito de asociación ilícita puesto que se considera que el punir un “estado de peligro”, no está de acuerdo con la doctrina garantista?????? Se deja de lado, por considerarse violatoria de los derechos humanos, agravar las penas teniendo en cuenta la proclividad de una persona a cometer delitos y por ello, se deroga lo relacionado con la reincidencia. Lo inaudito es que quienes propician esta doctrina protectora de la delincuencia, son los mismos que aplauden al tirano Fidel Castro y por cierto al derecho penal que se aplica en Cuba.

Capítulo 79 - Actitud Inmoral de Francia en la Guerra de Argelia

(continuación
Yendo a Francia, allí durante la Guerra de Argelia, como se ha dicho y como es de público y notorio, también se cometieron delitos de lesa humanidad y genocidio. El 3 de mayo del 2001 se publicó el libro titulado “Services Speciaux: Algerie”. Se afirma en él que un gobierno francés estuvo directamente implicado en la tortura y las ejecuciones sumarias de ciudadanos argelinos durante la guerra de la independencia de Argelia.

La denuncia partió del general Paul Aussaresses, oficial de alta
graduación del ejército francés en la guerra de Argelia y coordinador de los servicios de inteligencia durante la Batalla de Argel de 1957. Anteriormente me he referido al accionar del gobierno francés de esa época, a cuyos miembros se les podría imputar delitos contra la Humanidad.

Aunque Amnistía Internacional no pudo saber si están fundamentadas las denuncias vertidas hoy por el general Aussaresses, que implican directamente al gobierno francés en la comisión de crímenes de lesa humanidad, obviamente son de extrema gravedad y exigen una investigación exhaustiva sin demora. Francia había luchado arduamente para mantener su postura jurídica, en el sentido de que el conflicto de Argelia,, era un asunto interno y sostenía que, por tanto, la ONU no tenía competencia para ocuparse de él. El propio Alto Comisionado de las Naciones Unidas Lindt acudió a París, para entrevistarse con el ministro de Exteriores, e intentar disipar la desconfianza francesa hacia la operación de ayuda de emergencia del ACNUR.

En el libro citado, el militar de 83 años de edad, describe cómo se vio "forzado a emplear medidas restrictivas", como la tortura y ejecuciones selectivas, para lograr sus objetivos bélicos.

«Si Francia ha podido llevar a juicio a los criminales de guerra del periodo de Vichy, también ha de poder cumplir con sus obligaciones legales en relación con la guerra de Argelia» ha afirmado Amnistía Internacional en ocasión de ser publicado el libro, donde el general Aussaresses no sólo justifica el empleo de la tortura y de las ejecuciones sumarias, en las que intervino personalmente, sino que describe con detalle la forma en que se cometían sistemáticamente.
También afirma que el gobierno francés —principalmente representado por quien ocupaba entonces el cargo de ministro de Justicia y más tarde fue presidente de la República, François Mitterrand— fue informado con regularidad sobre el uso de la tortura, las ejecuciones sumarias y el desplazamiento forzoso de poblaciones, y lo toleró. El general afirma que un juez de instrucción que cumplía funciones de emisario para François Mitterrand en Argelia informaba periódicamente a la oficina de éste.

De acuerdo a lo que surge del libro, Francia tendría que haber iniciado un sumario criminal contra los implicados en los delitos de crímenes de guerra, lesa humanidad y de genocidio. Pero no lo hizo ya que los Tratados de Evians, del 18 de marzo de1962, lo prohiben y, a la fecha, nadie puede ser imputado por delitos criminales, aun los de lesa humanidad y de genocidio, que se pudieron llevar a cabo en el transcurso de la Guerra de Argel. Conforme dicho Tratado, e instrumentando legalmente lo que el mismo disponía, en 1968 Francia declaró una amnistía general, para los integrantes de ambos bandos, por todos los crímenes cometidos durante la guerra.

Nadie, absolutamente nadie ha impugnado, al menos con éxito, que el Estado Francés haya dictado una amplia amnistía por los hechos sucedidos con motivo de la Guerra de Argel, o que directamente haya existido una auto-amnistía.

Como se ha referido anteriormente, Rusia ni pestañea ante la matanza de los polacos, Turquía sostiene la misma actitud ante el genocidio de los armenios, en la segunda década del Siglo XX, España se escuda en las leyes de amnistía oportunamente decretadas por ese Reino, tras la caída del franquismo y en el mundo nadie hace nada para juzgar a los responsables cuando el problema se encuentra en un país estratégicamente importante.

En la Argentina, en la alicaída Argentina, por menos, se impugnó ante a Justicia con éxito y se declararon nulas las Leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, similares, en sus efectos, a la vigente francesa. Y la ironía de todo esto es que la Francia que no derogó la ley de amnistía por los delitos cometidos durante la Guerra de Argel, ni la anuló, ni judicialmente ni por medio de su Parlamento, requiere juzgar a militares argentinos, por delitos que se pudieron llevar a cabo en el transcurso de la guerra contra la subversión, en nuestro país. Uno de los acusados es el capitán Astiz, a quien la Justicia Francesa, en un exceso de soberbia, condenó en ausencia. Es público y notorio que oficiales franceses, que lucharon en territorio de Argelia, fueron enviados a la Argentina, por el Estado francés a fin de instruir a los oficiales argentinos, en la lucha contrainsurgente. Toda una ironía.

Las sucesivas Resoluciones, Tratados y Convenciones emanados de la Organización de las Naciones Unidas nos permiten vislumbrar que vamos hacia un Derecho Universal, dando los primeros pasos, pero constituyendo ellas un avance espectacular por cuanto los diversos países del orbe no habían encarado hasta ahora, sino a los ponchazos, una tarea de tal magnitud. Pero advierto que para que ello quede plasmado debemos cuidar que el bien común y la justicia se encuentren presentes en todas y cada una de tales resoluciones. De lo contrario nos encaminamos inexorablemente al Imperio de las dictaduras. Sean de Izquierda o de Derecha no dejan de ser tales. El propósito de esa organización, es evidente, es crear bases sólidas que permitan cuidar la democracia universal.
Como las obligaciones internacionales son convencionales, instrumentadas, no cabe la interpretación ontológica del Derecho Universal. Nadie podrá, con éxito, apelar a una premisa en tal sentido, para basar en ella ese Derecho. En nuestra América debemos reconocer que, los esfuerzos de la comunidad internacional y específicamente americana, no se perciben no se perciben en todos los países del subcontinente. En el caso de Cuba, por ejemplo, donde nuestro país aparentemente, no advierte que se hayan violado los Derechos Humanos de los habitantes de esa desgraciada isla. Y es precisamente nuestro país el que debería cuidar puntillosamente ese aspecto por cuanto ha habido muchas víctimas de tales violaciones ocurridas en la última dictadura militar. La sangre que ha corrido, por ambos bandos, reclama con justicia que no sea aprovechada políticamente la defensa ardua, tenaz y constante de tales derechos. Nadie es “propietario” de ellos, ni puede ser tildado de demagogo cuando se trata de afirmar, robustecer y defenderlos.
Ante el mundo nuestros gobiernos se solazan esgrimiendo su legítimo interés en que quienes sean autores de tales violaciones reciban una condena ejemplar, adhiriendo a cuanta Convención se ha creado o a crearse, en tal sentido. Es público y notorio, especialmente en estos últimos tiempos, que las autoridades constitucionales han dejado de lado la cosa juzgada, la prescripción de la acción penal, las leyes de amnistía y los indultos y la ha emprendido contra los acusados de tales violaciones.
Pero, al menos avisado no se le escapa que ello ocurre por cuanto los violadores pertenecen a un sector ideológico determinado. Cuando la organización de las Naciones Unidas sancionó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no expresó esa asamblea de las naciones que los Derechos garantizados por el organismo eran monopolio excluyente de los habitantes del mundo que profesaran determinada ideología.


Así lo afirma el Preámbulo de esa Declaración cuando sostiene taxativamente que “la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”. *

*Nos referimos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos sancionada por las Naciones Unidas, en 1948. Un estudio sobre este tema concluye que “A la idealización sigue la formulación en normas positivas, que se refiere primordialmente al aspecto jurídico de los derechos humanos y supone la transformación de las ideas en normas jurídicas. Abarca la transición del principio moral a la ley, del derecho consuetudinario al derecho escrito y, en algunos casos, también del derecho internacional al derecho nacional. La Declaración Universal, junto con la Carta de las Naciones Unidas, puede considerarse el primer paso de ese proceso a nivel mundial, al transformar los ideales en fórmulas específicas que derivan su validez jurídica de las obligaciones asumidas por los Estados al convertirse en miembros de las Naciones Unidas. La siguiente etapa en este proceso fue la aprobación de tratados internacionales jurídicamente vinculantes, a saber, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y varios otros convenios aprobados ulteriormente por las Naciones Unidas y organizaciones regionales. El tercer (y más importante) paso en el proceso de transformación en norma positiva consiste en las medidas legislativas adoptadas por los Estados para incorporar los derechos humanos internacionales en el derecho interno. (Ver “La Significación Histórica de la declaración Universal, de Asbjorn Eide).

Es digno de destacar que acá se vuelve a plantear un interrogante no aclarado hasta la fecha ¿Para que los Estados deben incorporar como normas internas los Derechos Humanos Internacionales, si como dicen los partidarios del derecho inmaterial, no escrito, subyacente en la conciencia de los pueblos, existía desde hace años, lo que justifica que su aplicación en las penas no sea considerada retroactividad penal?

Capítulo 78 El Frustrado Salto Definitivo al Socialismo

(continuación)

Recuerdo a los lectores que, la versión oficial, nos dice que recién cuando accedió al poder el dictador Francisco Franco comenzaron los actos inhumanos, los crímenes de guerra y los delitos aberrantes. Según esta singular versión, interpretación retorcida de la realidad, el bando de los republicanos o al menos los que defendían a la II República, eran un modelo de virtudes, mientras que sus contendientes eran unos monstruos. Acá, en la Argentina, se procedió a copiar tal proceder y se “inventó” al joven idealista…
Nos refiere, a tal fin, el prestigioso historiador español Manuel Álvarez Tardío que “«El PSOE, que era una formación marxista revolucionaria, mantuvo un compromiso “accidentalista” con la democracia. Los socialistas veían una República y una democracia burguesas y entendían que en España no se había realizado aún la revolución burguesa como paso previo a la instauración del socialismo. Justificaban su colaboración con el nuevo régimen para hacer esa revolución pendiente y luego dar el salto definitivo al socialismo». O sea, en buen romance, el Partido Socialista Obrero español de esa época anhelaba que la gloriosa España cayera bajo las garras del comunismo, que se convirtiera en una suerte de república popular como tantas otras. *Manuel Álvarez Tardío, autor de «Anticlericalismo y libertad de conciencia: política y religión en la Segunda República Española» (Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2002) y de «El camino a la democracia en España, 1931 y 1978» (Gota a gota ediciones, 2005) ha estudiado a fondo el papel que desempeñaron los socialistas en aquella tragedia.

Capítulo 77 Acerca del Derecho Humanitario Internacional

(continuación)

Al referirme a la moral, no puedo dejar de lado una circunstancia política que demuestra bien a las claras que el Derecho Penal Humanitario o Derecho Humanitario, mientras navegue en las procelosas aguas de la ideología, escorado a la izquierda, servirá solamente los intereses de quienes están enrolados hacia ese lado. Pero el mundo está compuesto por seres humanos, no por facciones que sustentan determinadas ideologías. Las normas, deben ser para todos, cosa que a mi parecer dista de cumplirse en los foros internacionales. Tal circunstancia fáctica, de hecho crea grupos privilegiados, o sea a “aristócratas de los Derechos Humanos”. Estos privilegiados terminarán siendo los oligarcas del Derecho Humanitario.

Se ha llegado al colmo de pretender que los delitos de Lesa Humanidad solamente pueden ser llevados a cabo por funcionarios del Estado. De esta forma, los sanguinarios subversivos están a la espera de que el solo transcurso del tiempo obligue a la Justicia de cada país a excluirlos de los procesos criminales, beneficio del que no gozan los “terroristas de Estado”.

De tal suerte que quienes se excedieron en su tarea, son culpados como autores de eventos dolosos, ni siquiera la culpa les cabe y quienes atentaron contra la estructura del Estado, son considerados poco menos que inofensivos scouts que se han comportado mal.

Hasta en la misma Comunidad Europea han logrado infiltrarse, en forma por demás brillante. Se han travestido de “democráticos” y de esta forma manipulan las votaciones a su antojo, ya que son muy hábiles para ello. No hace mucho tiempo, se solicitó ante el Consejo Europeo, que se condenaran los crímenes del comunismo. El decimoquinto aniversario de la caída de los regímenes comunistas en los países de Europa del Este ofrecía una magnífica ocasión, para que coincidiendo con la fecha de la caída del muro de Berlín, el 9 de noviembre, se condenara la violación de derechos humanos cometidos por los regímenes comunistas y se rindiera homenaje a sus víctimas.

El grupo socialista en Estrasburgo, no apoyó tal resolución, votó en contra, llamando la atención de los parlamentarios democráticos, especialmente porque se trataba de una condena de los crímenes del comunismo y no del comunismo como ideología. La actitud del bloque parlamentario español choca contra la actitud del juez Garzón, acérrimo luchador a favor de los derechos Humanos tanto en España como en Latinoamérica. Realmente toda una contradicción.

En la actualidad en España, siguiendo esa estrategia que tan buenos resultados les dio a sus "inventores", lamentablemente, se trata de todas las formas de desvirtuar la verdad de lo sucedido y se intenta de cualquier manera, aun acudiendo a la mentira solapada o no, convencer a quienes no habían nacido en esa época, que la violación de los Derechos Humanos se inició a la caída de la II República Española, lo que a todas luces es ajeno a la realidad de lo acontecido.
Nos dice Pío Moa, prestigioso escritor español, en su blog del diario madrileño “Libertad Digital”, del 25 de julio del 2006, refiriéndose a este aspecto de la desvirtuación de la verdad y de la apelación a la mentira en que incurren las actuales autoridades, con el propósito de excusar ciertas conductas de los entonces gobernantes, con propósitos políticos, que “Al negarse a cumplir la ley y anularla activamente por medio de actos consumados, el gobierno del Frente Popular perdió una legitimidad ya dudosa de origen. El arrasamiento de la legalidad democrática por las izquierdas y la total descomposición del Estado quedaron de relieve cuando una fuerza mixta de policías y milicianos socialistas secuestró en su casa y asesinó a Calvo Sotelo, después de haber fallado en el intento de hacer lo mismo con Gil-Robles. Aquel crimen colmó el vaso y empujó a la rebelión a una parte del ejército, que venía preparándose para ella ante el cariz de los sucesos, pero era muy renuente a emprenderla, entre otras cosas por la gran probabilidad de ser vencidos. Probabilidad que estuvo a punto de materializarse. “
“Y, cuando la ley cae por tierra, en todos los países vienen las atrocidades y las venganzas, cometidas en España por los dos bandos. Pero el gran responsable de haber llegado a ese extremo fue el Frente Popular, al cual una propaganda grotesca pretende identificar con la democracia. Contra la "irritante mentira roja", el alzamiento derechista y la guerra no destruyeron la democracia, sino al revés: la destrucción de la democracia por aquellas radicalizadas izquierdas ocasionó la guerra. La cual no fue una pugna entre demócratas y fascistas, sino entre totalitarios de izquierda y autoritarios de derechas: la dictadura de Franco jamás llegó al absolutismo de las comunistas ensayadas en España e impuestas a la mitad de Europa después de 1945.”
“Cabe recordar, además, las numerosas atrocidades, con torturas y asesinatos, entre unos y otros partidos de izquierda. Y la represión franquista de posguerra no debe oscurecer el hecho de que los jefes del Frente Popular huyeron todos, sin la menor preocupación por el salvamento de miles de seguidores suyos comprometidos en el terror contra las derechas. Estos últimos, culpables de crímenes espeluznantes, fueron juzgados y ejecutados por el franquismo al lado de bastantes inocentes. Pero es un insulto a los inocentes equipararlos a todos bajo el título de "víctimas del franquismo". En cuanto al Valle de los Caídos, también precisan ustedes información más fidedigna. Sólo un pequeño número de los trabajadores en esa obra, alrededor de una décima parte, fueron presos. Y trabajaron en régimen de "redención de penas por el trabajo", a razón de cinco días de pena conmutados por cada uno trabajado. Nada parecido a los campos soviéticos o nazis.”