Hasta allí se ve todo normal, y no se advierte que característica diferencia a este evento penal, de otros similares. Pero es del caso señalar que el imputado no fue funcionario de ningún Estado. O sea que en tales actuaciones, se imputa a una persona que no ocupó nunca una función en el Estado, y sin ninguna vinculación estatal directa o indirectamente, la comisión de crímenes de guerra. Acá cae, estrepitosamente, la peculiar teoría que sostiene que solamente quienes integraban la organización estatal, acepción de nuestra Justicia, podían ser imputados de la comisión de delitos internacionales.
La justicia argentina tiene resuelto en reiteradas ocasiones, en forma unánime, que cuando el imputado no es funcionario estatal, al momento de la comisión del hecho criminal, no se le deben aplicar las leyes de excepción.
O sea que solamente pueden cometer delitos internacionales, quienes al momento de comisión de ellos, ocupan una función publica. En consecuencia, estamos ante un dilema fundamental: o se equivocó la Corte Penal Internacional y nosotros tenemos el monopolio de la verdad jurídica o no se equivocó y entonces, las resoluciones que toma la Justicia, al respecto, son arbitrarias y violan los Derechos Humanos de los imputados.
Recordemos, una vez mas, que hablamos de la justicia argentina que sostiene que, en los cuatro Convenios de Ginebra se fija un catálogo de conductas que se consideran “infracciones graves” lo que traería aparejada, la obligación para los Estados Parte, “de imponer sanciones penales adecuadas”, a quienes hayan cometido o hayan dado la orden de cometer, tales conductas así calificadas. ". Agreguemos, por nuestra parte, sea quien sea el imputado, revista la condición que revista.
Pero, es del caso señalar, que la Justicia argentina, para robustecer su peregrina tesitura, se coloca en la postura de que quienes intervinieron activamente en la guerrilla, son víctimas, cuando la realidad es muy otra. Las víctimas son las víctimas de los sangrientos atentados de los terroristas guerrilleros. Los autores de tales “infracciones graves” huyeron al exterior, para evitar ser apresados.
Pasados los años, y haciendo uso de los beneficios de la amnistía y de los indultos, los vemos lo mas campantes pasearse por la Argentina, sin importarles un rábano el tendal de víctimas que dejaron, con el plus de que el país, en un rapto de locura los indemniza, como agradecimiento a todo lo que hicieron por la Patria. Lo único que falta es que se le erijan monumentos alegóricos, pero creo que en eso estamos.
La justicia argentina tiene resuelto en reiteradas ocasiones, en forma unánime, que cuando el imputado no es funcionario estatal, al momento de la comisión del hecho criminal, no se le deben aplicar las leyes de excepción.
O sea que solamente pueden cometer delitos internacionales, quienes al momento de comisión de ellos, ocupan una función publica. En consecuencia, estamos ante un dilema fundamental: o se equivocó la Corte Penal Internacional y nosotros tenemos el monopolio de la verdad jurídica o no se equivocó y entonces, las resoluciones que toma la Justicia, al respecto, son arbitrarias y violan los Derechos Humanos de los imputados.
Recordemos, una vez mas, que hablamos de la justicia argentina que sostiene que, en los cuatro Convenios de Ginebra se fija un catálogo de conductas que se consideran “infracciones graves” lo que traería aparejada, la obligación para los Estados Parte, “de imponer sanciones penales adecuadas”, a quienes hayan cometido o hayan dado la orden de cometer, tales conductas así calificadas. ". Agreguemos, por nuestra parte, sea quien sea el imputado, revista la condición que revista.
Pero, es del caso señalar, que la Justicia argentina, para robustecer su peregrina tesitura, se coloca en la postura de que quienes intervinieron activamente en la guerrilla, son víctimas, cuando la realidad es muy otra. Las víctimas son las víctimas de los sangrientos atentados de los terroristas guerrilleros. Los autores de tales “infracciones graves” huyeron al exterior, para evitar ser apresados.
Pasados los años, y haciendo uso de los beneficios de la amnistía y de los indultos, los vemos lo mas campantes pasearse por la Argentina, sin importarles un rábano el tendal de víctimas que dejaron, con el plus de que el país, en un rapto de locura los indemniza, como agradecimiento a todo lo que hicieron por la Patria. Lo único que falta es que se le erijan monumentos alegóricos, pero creo que en eso estamos.
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