martes, abril 03, 2018

Capítulo 993 - Las disposiciones convencionales que rigen los CANI son de derecho internacional consuetudinario.



                                                                                           Ataque subversivo a Cuarteles de La Tablada




(continuación)

Ni aun, el ejemplo que nos da la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos in re Abella, habida cuenta que se trató de un episodio gravísimo que duró sólo casi cuarenta horas, o cuando afirma que los episodios bélicos habilitaban la aplicación de las normas del derecho  internacional humanitario consuetudinario, ni aun tal postura que debió servir de guía en la emergencia, conmovió un adarme al Estado Argentino, quien tozudamente tiene una suerte de jurisprudencia propia, una suerte de jurisprudencia vernácula, aplicando la que surge de las Corte Interamericana de los Derechos Humanos y la de la Comisión Interamericana de los derechos Humanos, sólo cuando se pretende condenar a militares.


ii) El segundo criterio al que se recurre habitualmente para saber si hay un conflicto armado según el artículo 3 común es el grado de intensidad que la violencia debe alcanzar. Éste es también un criterio fáctico, cuya evaluación depende de un examen de lo que ocurre sobre el terreno. Según la jurisprudencia internacional, los elementos indicativos para la evaluación incluyen el número de enfrentamientos y la duración e intensidad de cada uno de ellos, el tipo de armas y de otros material militar utilizado, el número y el calibre de las municiones utilizadas, el número de personas y los tipos de fuerzas que participan en los enfrentamientos, el número de bajas, la extensión de la destrucción material y el número de civiles que huyen de las zonas de combate.



Asimismo, la eventual intervención del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas puede dar una idea de la intensidad de un conflicto.



Según el Tribunal Penal Internacional para ex Yugoslavia (TPIY), existe un CANI en el sentido del artículo 3 común cuando hay una violencia armada prolongada (sin cursiva en el original) entre autoridades gubernamentales y grupos armados organizados, o entre estos grupos, en el territorio de un Estado. Las subsiguientes decisiones del Tribunal se han basado en esta definición, explicando que el requisito de «prolongado» es, de hecho, parte integrante del criterio de intensidad.


En este contexto, cabe señalar el Documento de Opinión del CICR, publicado en 2008, en el cual se definen los CANI como «enfrentamientos armados prolongados entre fuerzas armadas gubernamentales y las fuerzas de uno o más grupos armados, o entre estos grupos, que surgen en el territorio de un Estado [Parte en los Convenios de Ginebra]. El enfrentamiento armado debe alcanzar un nivel mínimo de intensidad y las partes que participan en el conflicto deben poseer un mínimo de organización».


Ha habido diferentes situaciones de hecho en los CANI que se rigen por el artículo 3 común, especialmente durante los últimos diez años. Un cambio esencial ha sido el incremento de los CANI con un elemento extraterritorial. Por esta razón, se ha cuestionado si la clasificación actual de los conflictos armados es suficiente. (…)

Como es sabido, las disposiciones convencionales que rigen los CANI son mucho menos numerosas que las que regulan los CAI y no pueden responder forma adecuada a la multitud de cuestiones jurídicas y de protección que se plantean en la práctica. Se ha dicho que los CANI no están reglamentados de forma sustancial porque la aplicación del artículo 3 común está limitada, geográficamente, al territorio de un Estado parte en un conflicto armado.


Esta opinión no es correcta porque las disposiciones de ese artículo son, sin duda alguna, normas de derecho consuetudinario y porque el DIH consuetudinario contiene muchas otras normas que son aplicables a un CANI. 

Capítulo 992 - Regresando a los CANI








(continuación)
Nos agrada traer a colación lo que surge de la XXXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, celebrada en Ginebra, Suiza con fechas 28 de noviembre al ° de diciembre de 2011, ocasión en que el Comité internacional de la Cruz Roja elaboró un documento final, que en su parte pertinente ilustra respeto a los conflictos armados y sus consecuencias; asimismo  reseña la tarea cumplida por el Comité, con el propósito de dar cumplimiento a sus fines, no suficientemente publicitados por esta entidad internacional.

Recordemos, al respecto que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), organización imparcial, neutral e independiente, tiene la misión exclusivamente humanitaria de proteger la vida y la dignidad de las víctimas de los conflictos armados y de otras situaciones de violencia, así como de prestarles asistencia.



El CICR se esfuerza asimismo en prevenir el sufrimiento mediante la promoción y el fortalecimiento del derecho y de los principios humanitarios universales.”. (https://www.icrc.org/spa/assets/files/red-cross-crescent-movement/31st-international-conference/31-int-conference-ihl-challenges-report-11-5-1-2-es.pdf)


“La acción del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)  se funda en los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales, así como en los Estatutos de la Institución –y los del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja– y las resoluciones de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. El CICR es una organización independiente y neutral que se esfuerza por prestar protección y asistencia humanitaria a las víctimas de los conflictos armados y de otras situaciones de violencia. Toma medidas para responder a las emergencias y promueve, al mismo tiempo, el respeto del derecho internacional humanitario y su aplicación en la legislación nacional.”. Todos los países incorporados a la Organización de la Cruz Roja, o sea miembros activos de esa institución, tienen derecho a rubricar el comunicado final de las Conferencias que se celebran en distintos lapsos y Estados. Argentina es miembro activo de esa institución, colaborando con ella desde hace años. Incluso mereció congratulaciones de la citada institución, en diversas ocasiones.



Una vez más consideramos necesario resaltar, destacar, que este trabajo está destinado no sólo a los profesionales del derecho sino también a los legos. A quienes tienen interés en conocer la realidad, la cruda realidad y a quienes nos mintieron, a quienes crearon el relato, a fin de tratar de  individualizarlos en lo posible para que  los autores de tal felonía,  que cuesta la libertad y la vida de un contingente de más de dos mil personas, actualmente privadas de su libertad “justicia argentina mediante”, en la forma más pérfida, aleve e infame. Aun así intentamos ser lo más objetivos posible, sin desviarnos un milímetro de la verdad.



Destaca el C.I. Cruz Roja (…) 2) Clasificación de los conflictos armados.  En debates recientes y actuales se ha planteado la cuestión de saber si la actual dicotomía del DIH, según la cual los conflictos armados están clasificados como internacionales y no internacionales, es suficiente para abordar nuevas situaciones de hecho, y si hace falta una nueva clasificación de los conflictos.



Cabe recordar que la distinción esencial entre conflicto armado internacional y no internacional es la calidad de las partes implicadas. Mientras que un CAI presupone el uso de fuerza armada entre dos o varios Estados, un CANI implica hostilidades entre un Estado y un grupo armado organizado no estatal (la parte no estatal), o entre grupos de esta índole.



En la práctica no hay, aparentemente, ninguna situación de violencia armada entre partes organizadas, que no pueda ser equiparada a una de las dos clasificaciones antes mencionadas. Lo que sí se observa es que predominan los CANI, y se puede decir que es una tipología que se ha extendido, como se expondrá más adelante.



Cabe recordar al menos dos criterios concretos para que una situación de violencia pueda ser entendida como un CANI según el artículo 3 común:



i) las partes implicadas deben tener cierto grado de organización, y



ii) la violencia debe alcanzar cierto grado de intensidad.



i) El artículo 3 común se refiere expresamente a «cada una de las partes en conflicto», dando a entender con ello que un requisito previo para su aplicación es la existencia de dos partes, como mínimo.



Normalmente no es difícil establecer si existe una parte estatal, pero determinar si un grupo armado no estatal constituye una «parte» a efectos del artículo 3 común, sí puede plantear dificultades sobre todo por la falta de claridad en los hechos concretos y, en algunas ocasiones, por la ausencia de voluntad política de los Gobiernos de reconocer que están implicados en un CANI.



Sin embargo, está ampliamente reconocido que por «parte no estatal en un CANI» se entiende un grupo armado con cierto grado de organización.



La jurisprudencia internacional ha elaborado elementos indicativos que sirven de base para considerar el criterio de «organización». Estos incluyen la existencia de una estructura de mando, de normas y mecanismos de disciplina dentro del grupo armado, un centro de operaciones, la capacidad de procurarse, transportar y distribuir armas, la capacidad del grupo de planificar, coordinar y llevar a cabo operaciones militares, incluidos los movimientos de las tropas y la logística, capacidad para negociar y pactar acuerdos, por ejemplo un alto el fuego o un acuerdo de paz.



Dicho de otra manera, a pesar de que el nivel de violencia en una situación concreta puede ser muy alto (en una situación de disturbios masivos, por ejemplo), no se puede hablar de CANI, a menos que una de las partes sea un grupo organizado.”



Un ejemplo nos va a servir como la mejor y didáctica ilustración. Recordemos el Ataque a los Cuarteles de La Tablada. Ingresaron allí civiles, con el alegado propósito de impedir lo que ellos denominaron “golpe de Estado”. En sus indagatorias revelaron que estaban intentando impedir un golpe de Estado, que iban a dar los “carapintadas”, dirigido contra el gobierno del Dr. Raúl R. Alfonsín. Por cierto que esta mentira no cobró el relieve esperado y, por las razones dadas en los interlocutorios y sentencias pertinentes, la justicia  llegó a la conclusión que la realidad era que estos ciudadanos, armados con modernas armas de grueso calibre, intentaron, sin suerte, tomar la unidad militar.



El número de víctimas de ambos bandos, la resistencia puesta de relieve  por los atacantes, quienes llegaron a cometer crímenes de guerra   -aun no juzgados como corresponde-  y otras circunstancias gravísimas, como el ataque a una ambulancia de la Cruz Roja motivaron que, al ser llevados los eventos a estrados de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, se haya resuelto in  re Abella que se trataba, no de la intención alegada, sino de un conflicto armado no internacional (CANI).



Apoyándose en el derecho internacional  humanitario consuetudinario, la Comisión reconoció que los civiles atacantes de las fuerzas de la legalidad, se convirtieron entonces en blancos legítimos  del  ataque de ellas. (Confr. “Normas”)



En la resolución final, que invito a leer integralmente, la Com. IDH nos da una lección sobre el umbral existente entre una algarada, una pueblada y un CANI. Pasados los años, el Ministerio Público de la Fiscalía ordena a sus inferiores defender la postura de que ninguno de los ataques sufridos contra las diversas unidades militares, ni los  asesinatos, ni los secuestros o atentados con explosivos poderosísimos, eran suficientes como para determinar que se trataba de un CANI, la actividad subversiva ocurrida en los 70.



Pertinaz negativa que, a la fecha, rige por cuanto la tesitura equivocada, aun es meneada por los fiscales, los jueces y hasta por el más Alto Tribunal de la  Nación la Corte Suprema de Justicia.



En el mundo, en ciertos casos, los Estados intentan muchas veces, reconocer que se encuentran ante un CANI, como sucede en la actualidad en la Argentina. Por las razones que sean, ciertos Estados, adoptan tal actitud.  

lunes, abril 02, 2018

Capítulo 991 - El Estado debe cumplir con su obligación de investigar los hechos violatorios de los DD.HH.














(continuación)

De allí podemos extraer la conclusión, por ejemplo, cuál es la causa o el origen de que los imputados por el atentado contras las oficinas de Coordinación Federal dependiente de la Policía Federal, ensayen en su defensa para evitar que se les endilgue la comisión del crimen de lesa humanidad que, a la época en que se llevó a cabo el atentado mediante la explosión de una poderosa bomba vietnamita, el 2 de julio de 1976, la norma internacional vigente requería que ellos fueran funcionarios estatales.
Defensa a la que oportunamente adhirió el Ministerio Público Fiscal, como es de práctica. Pero, en esta ocasión, la defensa tiene una apoyatura más que razonable y ajustada a derecho.
Pasaron los años y la Justicia consideró extinguida por el transcurso del tiempo, la acción penal, lo que motivó que se aplicaran las normas pertinente sobreseyéndose en la causa y respecto de los procesados, en orden a delitos ordinarios y federales pero no internacionales.
De hecho, la Justicia consideró que no se trataba de un delito de lesa humanidad, ya que los imputados no tenían relación funcional con el Estado argentino ni ningún otro Estado. Si la justicia hubiera actuado con mayor celeridad, el pronunciamiento directamente hubiera sido similar, aunque la argumentación para llegar a ese fin, sería otra.
E
l juzgado interventor nos hubiera dicho que, como no existen las condiciones de cuasiprocedibilidad, en este caso la calidad de funcionario estatal o adscripto al Estado por parte de los de los imputados, era imposible calificar más gravemente el evento que se juzgaba. 
A nadie se le ocurrió recordar el dictamen de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, in re “Medidas provisionales respecto del Perú-caso Durán y Ugarte vs. Perú” en su resolución del 8 de febrero de 2018, donde se hace referencia a la conducta que deben seguir los magistrados en estos casos, pudiendo extraerse de sus términos la íntima conexión, con la natural independencia judicial y la objetividad que deben presidir las resoluciones de los magistrados.
Sostiene la Corte, reiterando la jurisprudencia emanada de ella, que ésta ha sido constante en cuanto a que el Estado debe cumplir con su obligación de investigar los hechos violatorios, y juzgar y sancionar a los responsables.
Señaló, asimismo que esta Corte considera pertinente recordar que su jurisprudencia constante ha sido clara en señalar que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos” (…)”
Más adelante, este pronunciamiento expresa taxativamente que Además de la prueba directa, sea testimonial, pericial o documental, los tribunales internacionales -al igual que los internos- pueden fundar la sentencia en pruebas circunstanciales, indicios y presunciones, siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones sólidas sobre los hechos sujetos a examen.  Al respecto, la Corte ha dicho que  en ejercicio de su función jurisdiccional, tratándose de la obtención y valoración de las pruebas necesarias para la decisión de los casos que conoce puede, en determinadas circunstancias, utilizar tanto las pruebas circunstanciales como los indicios o las presunciones como base de sus pronunciamientos, cuando de aquéllas puedan inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos.” (...).
A propósito de ello, el pronunciamiento al que se arribó, de hecho, demuestra que se optó por la solución que era más favorable, hacia los imputados. Si se les hubiera aplicado la norma vigente en la actualidad, con su contemporánea y vigente interpretación se habría perjudicado a los encartados, puesto que no existe más la exigencia vigente a la fecha de comisión del ilícito: la de ser funcionario público o adscripto a la administración pública. Obrar de otra forma hubiera sido arbitrario y contrario a derecho, ya que se perjudicaba a los procesados. No hubieran sido sobreseídos por prescripción de la acción penal y hubieran sido sometidos eventualmente a un juicio penal. 
Cuanto mayor empeño impone nuestra justicia, con minúscula, en las causas criminales seguidas a los militares, para hacernos creer que los CANI deben reunir una serie de requisitos que, casualmente faltan en todos los casos, para ser clasificados como tales, sin ánimo de ser insistente,  más nos convencen que tienen fundamento las dudas que abrigamos sobre la objetividad e independencia de criterio de ciertos magistrados. Si los imputados hubieran sido militares, como dicen los españoles: “Otro gallo cantaría”. 

sábado, marzo 31, 2018

Capítulo 990 - En delitos de lesa humanidad se ha desistido de la exigencia del vínculo estatal, en 1998.







(continuación)
Los principales beneficiarios de esas reglas son los civiles, así como otras personas que no participan o han dejado de participar en las hostilidades, a quienes el DIH procura proteger principalmente.


Otro aspecto que no debería pasarse por alto es que, como ya se ha mencionado, el DIH implica igualdad de derechos y obligaciones de las partes que intervienen en el conflicto armado. Esto es particularmente cierto en el conflicto armado internacional, que es el único tipo de conflicto en el que –en virtud del derecho internacional humanitario tanto convencional como consuetudinario- existe el estatuto jurídico de “combatiente”.

Si una persona –hombre o mujer- es “combatiente”, esto implica que, entre otras cosas, no puede ser castigada por haber tomado parte directa en las hostilidades y tiene derecho al estatuto de prisionero de guerra cuando es capturado.  Si una persona no es “combatiente”, sólo puede ser blanco de un ataque si toma parte directa en las hostilidades, y en el momento en que lo haga, condiciones que constituyen una limitación clara para el atacante.

El principio de la igualdad entre los beligerantes es subyacente al derecho de los conflictos armados; en otras palabras, por lo que respecta al derecho, no pueden existir guerras en las que un bando tiene todos los derechos y el otro no tiene ninguno.

Refiere el distinguido profesor, especialista en la materia Kai Ambos, (http://www.elespectador.com/opinion/el-nuevo-enemigo-de-humanidad) en un artículo titulado “El nuevo enemigo de la humanidad”, del 21 de noviembre de 2015, con respecto al delito de lesa humanidad y los atentados recientes concretados por integrantes de Estado Islámico (EI), que ese delito “se dirige no sólo contra personas individualmente, sino, también, contra la humanidad como un todo en razón de su dimensión cuantitativa y cualitativa y del menosprecio absoluto de valores fundamentales.”
Habida cuenta la modalidad de tales eventos, no faltó quién alegó que había que probar la conexidad de los autores de los atentados, con un Estado. Nos señala Kai Ambos, que tal exigencia ya no existe.

Fundamentando tal aserto en que Se ha desistido del vínculo estatal, a más tardar en 1998 con la definición de los CLH en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (ECPI).

Desde entonces los actores no estatales también pueden ser autores de CLH. Con eso la fundamentación tradicional vinculada al Estado – el castigo de los representantes del Estado pervertido moralmente, que aplica sin escrúpulos el poder estatal contra sus propios ciudadanos – puede ser aplicada también a actores no estatales.”
Excelente argumento que nos permite destacar que habiéndose imputado eventos que habrían sucedido en la década del 70, no es lícito aplicar a los acusados una norma internacional que no regía en esa época. Como no existió, en el caso, un conflicto armado   -requisito exigido en esa época para configurar el tipo penal- debe aplicarse a ellos la norma más favorable. De allí que entendemos que debe prosperar un recurso de revisión.
Cuando éstos, como el llamado Estado Islámico (EI), envían autores de atentados suicidas en una sala de conciertos para ejecutar civiles inocentes, se evidencia la perversión moral típica de CLH. El hecho de que los autores en el mismo momento del ataque invoquen a Dios, hace la cuestión aún más perversa. El criminal de lesa humanidad motivado religiosamente priva a sus víctimas no sólo del derecho de existencia, sino que se coloca incluso sobre nosotros, los “no creyentes”, por mandato supuestamente divino; este criminal actúa así como lo han hecho los cruzados, los mismos que el pretende combatir.

El criminal de lesa humanidad es “hostis humani generis”, enemigo de la humanidad. Los piratas fueron designados de esta manera, incluso cuando no existían los CLH. Los terroristas del EI son aún más perversos que los piratas y sus hechos desarrollan todas las características de los CLH. Antes de París se pudieron tener reparos, pero después de París todas las dudas se las ha llevado el viento.

Los atentados representan, en el lenguaje técnico del llamado hecho global del tipo penal internacional, un ataque sistemático y generalizado contra la población civil, ya que el ataque se ha dirigido contra una multitud de civiles y fue planeado premeditadamente. El homicidio premeditado de más de 100 personas representa el hecho individual necesario.
Con ello, la Corte Penal Internacional es competente materialmente (ratione materiae). No es necesario recurrir a los crímenes de guerra. Esto hace la cuestión más simple, pues es intensamente discutido si puede existir un conflicto armado, en el sentido del derecho de guerra, entre un actor transnacional no estatal y un Estado.” Nos hemos referido a los innumerables atentados llevados a cabo por las organizaciones terroristas argentinas en la década del 70, algunos de ellos reunían las características, como para ser calificados prima facie como delitos de lesa humanidad.

Nos señaló el profesor Kai Ambos, reiteramos, que como se ha desistido de la exigencia del vínculo estatal, a más tardar en 1998 con la definición de los CLH en el Estatuto de la CPI, en virtud de ello desde entonces, los actores no estatales “también pueden ser autores de CLH”. 

miércoles, marzo 28, 2018

Capítulo 989 - Los que intentaron por las armas subvertir el orden deben ser sometidos a proceso.








(continuación)

Las enmiendas incluyen un anexo II que modifica los elementos de los Crímenes, que son criterios para la debida interpretación del Estatuto.
Veamos algunos de esos criterios. Respecto del artículo 8 bis: 1. Que el autor haya planificado, preparado, iniciado o realizado un acto de agresión. 2. Que el autor sea una persona que estaba en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar del Estado que cometió el acto de agresión. 3. Que el acto de agresión —el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas— se haya cometido. 4. Que el autor haya tenido conocimiento de las circunstancias de hecho que determinaban la incompatibilidad de dicho uso de la fuerza armada con la Carta de las Naciones Unidas. 5. Que el acto de agresión, por sus características, gravedad y escala, haya constituido una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas. 6. Que el autor haya tenido conocimiento de las circunstancias de hecho que constituían dicha violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas.” (XXVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 2-6 de diciembre de 2003)

                                                                                                                                        En un excelente artículo titulado “El Derecho Internacional Humanitario y los Retos de los Conflictos Armados Contemporáneos” publicado en la revista de la Cruz Roja Internacional” se sostiene que  “… muchas reglas aplicables antes a los conflictos armados internacionales han pasado a ser vinculantes también para los conflictos armados no internacionales, por su carácter de derecho consuetudinario.

En la sección del Informe titulada Conflictos armados no internacionales y DIH se esboza la labor de la institución en la preparación del Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario aplicable en los conflictos armados. En el Estudio se muestra que muchas reglas aplicables antes a los conflictos armados internacionales han pasado a ser vinculantes también para los conflictos armados no internacionales, por su carácter de derecho consuetudinario. Se espera que el Estudio tenga el efecto positivo de facilitar el conocimiento de las reglas aplicables a los conflictos armados no internacionales y hacer claridad al respecto. ( … ) .                                                                                                                                                                                                                                                     Por último, en las brevísimas Conclusiones se reitera la opinión del CICR de que el derecho internacional humanitario es un conjunto de leyes cuyos principios fundamentales, si se aplican de buena fe y con la voluntad política necesaria, siguen cumpliendo el propósito para el que fueron creadas, es decir, reglamentar la conducción de la guerra y aliviar así el sufrimiento causado por la guerra.

En el tiempo transcurrido desde la presentación del Informe de 1969, el mundo ha sido testigo de cambios drásticos en muchos frentes, particularmente el político, el económico y el social, pero, lamentablemente, la realidad y, sobre todo, las consecuencias de los conflictos armados no han cambiado. El sufrimiento humano, la muerte, la desfiguración, la destrucción y la pérdida de la esperanza en el futuro siguen constituyendo, como siempre lo han sido, las consecuencias inmediatas y a largo plazo de la guerra en las sociedades y los individuos que las integran. Además de los conflictos armados internacionales y no internacionales, el mundo se ha visto confrontado recientemente a un auge de los actos de terrorismo transnacional, que plantea nuevamente ciertos dilemas acerca de la relación entre la seguridad estatal y la protección del individuo. Este fenómeno ha llevado igualmente a que se reexamine la adecuación del derecho internacional humanitario, de una manera que no se había visto desde la iniciativa para complementar los Convenios de Ginebra mediante los dos Protocolos adicionales.

En primer lugar, el CICR estima, como se discutirá más adelante, que los cuatro Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales, así como el conjunto de otros tratados internacionales de DIH y las normas de derecho consuetudinario proporcionan una base sólida de principios y reglas que deben seguir guiando la conducción de las hostilidades y el trato dado a las personas que han caído en manos de una parte en un conflicto armado.


El alcance y el número de las reglas convencionales del DIH que rigen los conflictos armados no internacionales son muchísimo menos amplios que las que se aplican a los conflictos armados internacionales. Los conflictos armados internos están cubiertos por el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra, el Protocolo II adicional los Convenios, adoptado en 1977 (157 Estados Partes, a la fecha), por cierto número de otros tratados13 y por el derecho internacional consuetudinario.

Como bien se sabe, el proceso de elaboración que condujo al Protocolo adicional II tenía previsto un instrumento mucho más amplio, pero la falta de acuerdo político en los días finales de la Conferencia Diplomática de 1977 no permitió alcanzar tal resultado. No obstante, el Protocolo adicional II fue innovador en el sentido de que fue el primer tratado que estableció normas para la protección de las personas y reglas básicas sobre métodos de guerra aplicables por grupos armados estatales y no estatales participantes en conflictos armados internos.


En los más de veinticinco años que han transcurrido desde que se adoptó el Protocolo se ha hecho evidente que, como resultado de la práctica internacional y de los Estados, muchas reglas aplicables en los conflictos armados internacionales han pasado también a ser aplicables en los conflictos armados internos como derecho internacional consuetudinario. El Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario aplicable en los conflictos armados, en vías de preparación, confirma esta evolución. (…) 

Quizá el resultado más sorprendente del  “Estudio” –y el motivo por el cual se ha incluido un breve panorama de él en esta sección del presente Informe- es el número de reglas que se consideran hoy consuetudinarias en los conflictos armados no internacionales. Esto es particularmente cierto en el caso de las reglas sobre la conducción de las hostilidades.

El  Estudio” confirma que el principio de distinción, la definición de objetivos militares, la prohibición de los ataques indiscriminados, el principio de proporcionalidad y el deber de tomar precauciones en el ataque son, todos, parte del derecho internacional consuetudinario, sea cual fuere el tipo de conflicto de que se trate.

Las conclusiones del  “Estudio”  en cuanto a la índole consuetudinaria de ciertas reglas independientemente del tipo de conflicto de que se trate tendrán el efecto benéfico de facilitar el conocimiento de las reglas aplicables a los conflictos armados no internacionales y de clarificar dichas reglas. Los usos específicos que probablemente darán otros al  “Estudio”, tales como su uso en calidad de herramienta de difusión, la inclusión de sus conclusiones en los manuales militares y la confianza que depositen en él los tribunales internos e internacionales para la interpretación del DIH, están más allá del alcance de este Informe.


No obstante, hay que tener en cuenta que las normas del derecho consuetudinario se formulan de modo más bien general, por lo que inevitablemente surgirán preguntas sobre cómo deben interpretarse en la práctica.

Las interpretaciones ya mencionadas de conceptos tales como participación directa en las hostilidades, objetivos militares, proporcionalidad en el ataque y medidas de precaución, que surgen en los conflictos armados internacionales generan los mismos interrogantes, o incluso más, en los conflictos armados no internacionales. Además, como ya se señaló, hay esferas en las que el  “Estudio”  ha encontrado pocas reglas –o ninguna- aplicables en un conflicto armado no internacional y sigue pendiente la cuestión acerca de cómo deben colmarse esas lagunas.

El CICR seguirá de cerca los debates jurídicos y de otra índole que surjan del proceso de consolidación y propondrá medidas adicionales que puedan ser necesarias para ayudar en este proceso. Si esto implica examinar la viabilidad de otro esfuerzo de elaboración de un tratado en el futuro, el CICR está dispuesto a emprender esa tarea.

Para que se dé un conflicto armado de cualquier tipo, se requiere cierta intensidad de violencia y, entre otras cosas, la existencia de partes en conflicto. Lo que, en general, se entiende por parte en un conflicto armado son fuerzas armadas o grupos armados con cierto nivel de organización, estructura de mando y, por lo tanto, capacidad para aplicar el derecho internacional humanitario.

La misma lógica subyacente al DIH exige partes identificables en el sentido anteriormente mencionado, porque este conjunto de derecho –sin afectar el estatuto jurídico de las partes- establece igualdad de derechos y obligaciones entre ellas en virtud del DIH (no del derecho interno) cuando están en guerra. Los derechos y obligaciones de las partes en virtud del DIH están establecidos a fin de que ambas partes sepan las reglas con las cuales se les permite llevar a cabo sus actividades y de que puedan confiar en que la otra parte se comportará de la misma manera.