sábado, agosto 20, 2016

Capítulo 876 - Puede utilizarse la fuerza letal contra los combatientes o sea las personas que tienen derecho a participar directamente en las hostilidades.















                                     Anciano ex militar conducido esposado ante el Tribunal

(continuación)
También es indudable que en un CANI –como en un CAI– es necesario entrenar a las fuerzas armadas estatales para que puedan hacer una distinción entre una situación de guerra y una de mantenimiento del orden público y se comporten según haga al caso. Asimismo, es necesario que se les proporcionen claras normas de conducta sobre el uso de la fuerza. En cuanto a los grupos armados no estatales, es indudable que están jurídicamente obligados a respetar las disposiciones del DIH en la materia. El CICR tiene la intención de examinar detenidamente los retos de la relación recíproca entre las normas del DIH y del derecho de los derechos humanos relativas al uso de la fuerza en situaciones de conflicto armado.”  (…)

En una situación de conflicto armado, se aplican las normas del DIH sobre la conducción de las hostilidades mencionadas más arriba. Esto significa que puede utilizarse la fuerza letal contra los combatientes, es decir, personas que tienen el derecho a participar directamente en las hostilidades (un estatuto jurídico inherente solo a los CAI), así como contra otras personas que participan directamente en las hostilidades, incluidas las personas civiles cuando lo hacen. (N.de. R.: de allí el empecinamiento por parte de los sanguinarios y criminales subversivos, de negarse a confesar que ellos participaron en un conflicto armado no internacional. No reconocen que en la Argentina hubo un CANI, ya que de hacerlo su suerte jurisdiccional hubiera sido otra, tal como reza este párrafo.)

En la ya mencionada Guía para interpretar la noción de participación directa en las hostilidades según el derecho internacional humanitario, se examina la cuestión de saber a quién se considera persona civil que participa directamente en las hostilidades, la cual pierde, por este hecho, la protección contra los ataques directos y ello durante el tiempo que participe directamente en las hostilidades.

Según la Guía:

los miembros de las fuerzas armadas, o de grupos armados organizados de una parte en conflicto que desempeñan una función continua de combate no son consideradas personas civiles a los efectos de la conducción de las hostilidades y, por consiguiente no están protegidas contra los ataques directos mientras desempeñen esa función.

personas civiles son las personas que participan directamente en las hostilidades sólo de forma espontánea, esporádica o no organizada, y pueden ser atacadas sólo mientras dure cada acto específico de participación directa. (…)

Cabe señalar que la Guía se basa en la opinión del CICR sobre las restricciones aplicables al uso de la fuerza en los ataques directos. Según la recomendación IX, «el tipo y el grado de fuerza que está permitido emplear contra las personas que no tienen derecho a protección contra los ataques directos no deben ser excesivos en relación con lo que efectivamente sea necesario para lograr el objetivo militar legítimo en las circunstancias del caso». Esto no significa que haya una obligación de «capturar en vez de matar» en una situación de conflicto armado, que es una norma aplicable al mantenimiento del orden público, sino que tiene como finalidad proporcionar principios rectores para elegir los medios y métodos de combate según la evaluación que el comandante haga de la situación. Cabe recordar que, de conformidad con el DIH, los ataques contra personas están regulados por otras disposiciones importantes, es decir, las relativas a la prohibición de los ataques indiscriminados y desproporcionados y a la obligación de tomar precauciones factibles en los ataques.

En la práctica, la mayoría de las cuestiones se han planteado en relación con la licitud del uso de la fuerza letal contra personas cuya actividad está relacionada con un conflicto armado y, concretamente, contra las personas que están participando directamente en un CANI a partir del territorio de un Estado no beligerante. Por Estado no beligerante se entiende uno que no participa en un conflicto armado en sí contra un grupo armado no estatal que está en su territorio y/o que no está implicado en un CANI con ese grupo que haya traspasado la frontera de un Estado adyacente. (…)

Como se señala más arriba, la aplicación de una normativa relativa al mantenimiento del orden público significa, entre otras cosas, que se puede utilizar la fuerza letal sólo cuando otros medios resulten «ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto» y que la planificación y la ejecución de cualquier acción tiene que ser conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad del derecho de los derechos humanos.

El problema jurídico que podría plantearse en este caso es la aplicabilidad extraterritorial del derecho de los derechos humanos por el hecho de que el Estado que usa la fuerza en el extranjero no tiene un control efectivo sobre la persona (o el territorio) cuando se trata de establecer la jurisdicción, según el correspondiente tratado de derechos humanos. Se acepta que el derecho consuetudinario de los derechos humanos prohíbe la privación arbitraria de la vida y que las normas de mantenimiento del orden público también forman parte del corpus de derecho consuetudinario del derecho de los derechos humanos.

Cabe destacar que la aplicación de las normas sobre el mantenimiento del orden público no se refiere al tipo de fuerzas o equipos utilizados en una operación dada (de policía o militar), sino al hecho de que el derecho de los derechos humanos es el régimen jurídico aplicable, dada la ausencia de conflicto armado.

Nos señala la Organización de las Naciones Unidas que los derechos humanos, son garantías esenciales para que podamos vivir como seres humanos. Sin ellos no podemos cultivar ni ejercer plenamente nuestras cualidades, nuestra inteligencia, talento y espiritualidad. La historia del derecho de los derechos humanos, nos señala que la piedra angular de ellos es la “Declaración Universal de los Derechos Humanos”, redactada por representantes de procedencias legales y culturales de todo el mundo y proclamada por la Asamblea General de la ONU en su resolución 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948, en París, como signo de un ideal común destinado a todos los pueblos y naciones del mundo.

“Mediante esta Declaración, los Estados se comprometieron a asegurar que todos los seres humanos, ricos y pobres, fuertes y débiles, hombres y mujeres, de todas las razas y religiones, son tratados de manera igualitaria”.

“Establece que los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que tienen derecho a la vida, la libertad y la seguridad de su persona, a la libertad de expresión, a no ser esclavizados, a un juicio justo y a la igualdad ante la ley. También a la libertad de circulación, a una nacionalidad, a contraer matrimonio y fundar una familia así como a un trabajo y a un salario igualitario.”

“Aunque no forma parte del derecho internacional vinculante (es decir, de aplicación obligatoria), gracias a su aceptación por países de todo el mundo ha adquirido un gran peso moral. Las Naciones Unidas también han aprobado muchos tratados que obligan jurídicamente a los Estados a garantizar los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Los más importantes son: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus dos Protocolos Facultativos (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y su Protocolo Facultativo). La Declaración, junto con esos dos Pactos y sus Protocolos, constituyen la Carta Internacional de Derechos Humanos.

Como destacamos precedentemente, en cuanto a la aplicación de las normas sobre el mantenimiento del orden público, no se hace referencia al tipo de fuerzas o equipos utilizados, sino a la circunstancia de que dada la ausencia de un conflicto armado internacional (CAI) o no internacional (CANI), el régimen jurídico aplicable es el derecho de los derechos humanos.


Recordemos que Argentina, sostiene en forma taxativa que, en la década del 70, no existió un conflicto armado no internacional, entre el Estado Argentino y las agrupaciones subversivas, que intentaban hacerse del poder, derribando al gobierno constitucional o al de facto. Si adoptamos tal postura, caeremos inexorablemente en que no es factible aplicar en el caso normas internacionales referidas al derecho de la guerra, puesto que como hemos afirmado, la ausencia de un conflicto armado nos obliga a la aplicación del derecho de los derechos humanos. 

lunes, agosto 15, 2016

Capítulo 875 - El uso de la fuerza letal por parte de un Estado en un CANI, requiere un análisis fáctico de la influencia recíproca, entre las disposiciones del DIH y las de los derechos humanos.







(continuación)
Sintéticamente debemos señalar algo que, no por sabido, forzoso es repetirlo ya que es de fundamental importancia y prueba sin más, que los otrora subversivos pretenden con los juicios de lesa humanidad, utilizar esta patraña judicial a fin de poder vengarse de la derrota sufrida a manos del Estado Argentino, al que atacaron de las más variadas formas. Los otrora terroristas –calificativo que ellos en ocasiones lo reemplazan como “soldados” de fuerzas armadas revolucionarias- optaron por negar en forma taxativa, que en la década del 70 en el país haya habido una guerra civil. Nos dicen que funcionarios del Estado, abusando de sus cargos han cometido todo tipo de tropelías, han cometido hechos aberrantes, han violado los derechos humanos de “civiles” o sea de ciudadanos civiles de nuestro país, persiguiéndolos, acusados por la ideología que profesaban, llegando incluso a ser víctimas de torturas y de asesinatos o desapariciones. De allí que han sido juzgados y condenados por la Justicia argentina, centenares de imputados por tales delitos y calificándose los eventos como delitos de lesa humanidad, y otros imputados están a la espera de que los jueces se pronuncien.

Hemos señalado que, ante la existencia de un CAI o de un CANI, se activan las normas del DIH. Recordemos a los civiles armados, que integrando formaciones irregulares, atacaron el cuartel del Regimiento del Ejército Argentino, sito en la localidad de La Tablada, durante la presidencia constitucional del Dr. Raúl Alfonsín. En su oportunidad la C.I. Interamericana de los Derechos Humanos, calificó la actividad desarrollada durante el lapso en que se desarrollaron los hechos bélicos, como un conflicto armado no internacional. Maguer lo dictaminado por ese órgano internacional, nuestra justicia hizo “oídos sordos” a la interpretación citada, a pesar del origen de ella y de lo que tiene resuelto la CSJ al respecto, e imparte justicia “a la criolla” es decir, en forma vernácula, dependiendo de quienes son las partes.

Hemos señalado que, ante los abusos de autoridad estatal, se activan las normas contenidas en el derecho internacional de los derechos humanos y esencialmente hemos puntualizado que éste regula las relaciones entre un Estado y sus habitantes, imponiendo este derecho obligaciones del Estado hacia aquéllos. Ni éso han respetado algunos magistrados argentinos.

“En cambio, el DIH de los conflictos armados no internacionales impone expresamente obligaciones tanto a los Estados como a los grupos armados organizados no estatales, como queda de relieve en el artículo 3 común.”

Los sanguinarios guerrilleros que asolaron nuestra Patria, pasado el conflicto armado, optaron por disimularlo. Pasaron por alto que ellos habían confeccionado una suerte de código de justicia militar, que aplicaron en más de una ocasión. Pasaron por alto que ellos, una vez que llevaban a cabo una acción bélica, se encargaban por medio de sus órganos de difusión clandestinos, de publicitar el evento en forma por demás minuciosa, con el propósito de infundir el terror en la población, objeto de tales actividades. Pasaron por alto que cuando viajaban a algún país de Europa, a fin de divulgar sus actividades en la Argentina, se presentaban ante la prensa europea que los entrevistaba, luciendo trajes militares, de un supuesto ejército de liberación cuya misión era “liberar” a nuestra Patria de una supuesta opresión de algún imperialismo del mundo. No intentaron nunca explicarnos que motivó, que ellos atacaran a las autoridades constitucionales surgidas de una elección libre donde se votó al presidente argentino, quien obtuvo casi el 60% de los sufragios de la ciudadanía. Hasta los imputados del ataque al cuartel militar de La Tablada, optaron por este proceder ladino, arguyendo en sus pueriles descargos, que ellos ingresaron a la sede del mismo, fin de “ayudar” al personal militar que estaba defendiéndolo. Torpe, inane e increíble maniobra defensiva que posiblemente no engaña ni a sus autores.

Prosiguiendo con la exposición anterior sobre la falta de claridad, en los CANI, de la influencia recíproca entre las normas del derecho internacional humanitario y las del derecho internacional de los derechos humanos, sobre el uso de la fuerza, entre las razones que abonan tal circunstancia podemos citar, en primer término “la existencia y la aplicación del principio de lex specialis en un CANI. Mientras que, como ya se ha indicado, el DIH aplicable en los CAI contiene toda una serie de normas sobre la conducción de las hostilidades, las normas convencionales correspondientes a los CANI son en general escasas. Por esta razón, algunos opinan que no hay lex specialis en los CANI y que el derecho de los derechos humanos subsana la deficiencia. Esta posición, afirman otros, no tiene fundamentos fácticos.”  

No es ocioso señalar que el derecho internacional humanitario, no se origina en los Convenios de Ginebra de 1949, este derecho se conocía con anterioridad a esa fecha, bajo la denominación de derecho internacional de la guerra. Este Derecho no contemplaba los conflictos armados internos, el derecho penal internacional tampoco contempló los crímenes de guerra en conflictos armados internos en su origen (CANI). Así lo ha sostenido el Tribunal Europeo de los derechos humanos in re Kononov vs. Letonia, 36376/04 Judgment (Merits and Just Satisfaction) Court (Gran Chamber) 17 de mayo 2010, pág 210. (Chinchón Álvarez, Derecho internacional y transiciones a la democracia).

La gran mayoría de las normas del DIH sobre la conducción de las hostilidades son consuetudinarias por naturaleza y son aplicables independientemente de la clasificación del conflicto, como se establece en el Estudio del CICR sobre el DIH consuetudinario, publicado en 2005. Por lo tanto, existen normas de DIH aplicables a los CANI.

La cuestión de saber quién puede ser objeto de un ataque según el DIH, es decir, cómo interpretar la norma de que las personas civiles están protegidas contra los ataques directos, salvo si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación sigue siendo muy debatida desde el punto de vista jurídico, especialmente respecto a las situaciones de CANI.

El CICR expresó su opinión al respecto con la publicación, en 2009, de una Guía para interpretar la noción de participación directa en las hostilidades según el derecho internacional humanitario (véase más adelante). Cabe recordar, sin embargo, que la Guía trata de la participación directa en las hostilidades a la luz del DIH únicamente, sin menoscabo de otras ramas del derecho –en especial del derecho de los derechos humanos– que puedan ser simultáneamente aplicables a una situación concreta.

La jurisprudencia internacional y regional es disímil respecto a la relación entre el DIH y los derechos humanos, especialmente por lo que atañe al alcance de la protección del derecho a la vida en un CANI. En la mayoría de los casos se ha tratado de violaciones del derecho a la vida de personas civiles en los que la aplicación, sea del DIH sea del derecho de los derechos humanos, hubieran tenido, en esencia, los mismos efectos. Los tribunales y cortes aún tienen que abordar de forma concluyente la influencia recíproca entre el DIH y el derecho de los derechos humanos en cuanto al hecho de tomar como objetivo y matar a personas que estén participando directamente en las hostilidades.


Por último, pero no por ello menos importante, está la cuestión de la normativa jurídica aplicable al uso de la fuerza por grupos armados no estatales. En este caso también es válido lo que ya se ha dicho más arriba en relación con la (no) aplicabilidad del derecho de los derechos humanos a los grupos armados organizados, y huelga abordar de nuevo aquí la cuestión. En esencia, la conclusión a que se llega de lo dicho más arriba es que el uso de la fuerza letal por parte de un Estado en un CANI requiere un análisis fáctico de la influencia recíproca entre las disposiciones del DIH y las de los derechos humanos. Para los Estados, la conclusión jurídica dependerá de los tratados en que sean Partes, del derecho consuetudin
ario, y, por supuesto, de las disposiciones del derecho interno.



domingo, agosto 14, 2016

Capítulo 874 - La influencia recíproca entre las normas de DIH y las normas de derechos humanos sobre el uso de la fuerza es menos clara en un CANI






(continuación)
Volviendo al documento tantas veces referido, originado en el Comité Internacional de la Cruz Roja, citado precedentemente, recordemos que nos señala: “El derecho de los derechos humanos tiene como finalidad proteger a las personas contra los abusos de poder por parte del Estado y no depende de la noción de la conducción de las hostilidades entre partes en un conflicto armado, sino del mantenimiento del orden público. Las normas sobre el uso de la fuerza en este último caso orientan esencialmente sobre la forma en que el Estado protege la vida cuando es necesario prevenir delitos, efectuar o ayudar en la detención legal de delincuentes o presuntos delincuentes y mantener el orden público y la seguridad.

La línea fundamental, en cuanto al uso de la fuerza letal de conformidad con los principios relativos al cumplimiento de la ley que se rigen por el derecho de los derechos humanos, es que se puede recurrir intencionalmente a la fuerza letal para proteger la vida sólo como último recurso, cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto (pero siempre se debe disponer de esos otros medios).

Las normas de los derechos humanos dimanantes del derecho indicativo y la jurisprudencia también dejan claro que la norma de necesidad «estricta» o «absoluta» acompaña a cualquier uso de la fuerza letal, lo que significa que el uso intencional de la fuerza letal no debe exceder lo que sea estricta o absolutamente necesario para proteger la vida.”

El principio de proporcionalidad, cuyo acatamiento es esencial para la conducción tanto de operaciones militares como de mantenimiento del orden público, no fue concebido de la misma forma en DIH y en el derecho de los derechos humanos. El DIH prohíbe los ataques contra objetivos militares «cuando sea de prever que causarán incidentalmente muertos y heridos entre la población civil, o daños a bienes de carácter civil, o ambas cosas, que serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista». 
La principal distinción entre las correspondientes normas de DIH y de derechos humanos es que la finalidad del principio de proporcionalidad del DIH es limitar los daños incidentales ('colaterales') para proteger a las personas y los bienes, reconociendo, no obstante, que se puede llevar a cabo una operación aunque se pueda causar ese daño, siempre que no sea excesivo en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista. 

En cambio, cuando un agente estatal utiliza la fuerza contra un individuo de conformidad con el derecho de los derechos humanos, el principio de proporcionalidad modera esa fuerza tomando en cuenta el efecto que ésta tiene sobre la persona misma, lo que lleva a la necesidad de utilizar la menor cantidad de fuerza necesaria y restringir el uso de la fuerza letal.

Este compendioso examen permite la conclusión de que la lógica y los criterios que rigen el uso de la fuerza letal según el DIH y el derecho de los derechos humanos no coinciden, debido a la diferencia que hay en las circunstancias a que se aplican las normas respectivas. La cuestión clave es, por lo tanto, la influencia recíproca entre estas normas en situaciones de conflicto armado. La respuesta es más clara en el caso de los CAI que en el caso de los CANI, y depende también de la cuestión de lex specialis.” (…)

En la primera declaración que hizo la Corte Internacional de Justicia sobre la aplicación delos derechos humanos en situaciones de conflicto armado, es decir la «Opinión consultiva sobre la legalidad de la amenaza o el empleo de armas nucleares», la Corte observó que la protección prevista en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no cesa en tiempo de guerra y que, en principio, el derecho a no ser privado de la vida arbitrariamente se aplica también en tiempo de hostilidades. La Corte añadió que el criterio para determinar si la privación de la vida es arbitraria hay que referirse a la lex specialis aplicable, a saber, el derecho aplicable en caso de conflicto armado, que regula las situaciones de hostilidades.

Señaló también «que un caso de pérdida de vida, a causa del empleo de un arma determinada en una situación de guerra, se considere un caso de privación arbitraria de la vida que contraviene el artículo 6 del Pacto, es cosa que sólo se puede decidir por remisión al derecho aplicable en caso de conflicto armado y no por deducción de las disposiciones del Pacto». Desde entonces, nada deja pensar que la Corte haya cambiado de opinión sobre esta cuestión.

Se acepta que el DIH constituye la lex specialis que rige el examen de la licitud del uso de la fuerza en un CAI, cuando, por supuesto, se recurra a la fuerza letal contra combatientes y contra otras personas que participan directamente en las hostilidades. Este conjunto de normas fue específicamente elaborado para regular la conducción de las hostilidades en esos conflictos y reglamenta el uso de la fuerza de forma suficientemente pormenorizada. Sin embargo, no se puede deducir de ello que es fácil determinar si se debe recurrir a las normas sobre la conducción de las hostilidades o a las normas sobre el mantenimiento del orden público en caso de CAI. 

Para ilustrar la dificultad, más adelante se examina el problema que plantea la aplicación de los dos derechos en situaciones de ocupación. Del mismo modo, hay casos de violencia en los CAI, como los motines o los disturbios interiores, en los que sería inadecuado aplicar las normas del DIH sobre la conducción de las hostilidades.”  (…)

La influencia recíproca entre las normas de DIH y las normas de derechos humanos sobre el uso de la fuerza es menos clara en un CANI y ello por diferentes razones. A continuación, se examinan brevemente algunas de ellas.” 

sábado, agosto 13, 2016

Capítulo 873 - El uso de la fuerza letal es inherente a todo conflicto armado, nacional o internacional, ya que el objetivo último de los bandos en conflicto es dominar a las fuerzas armadas de su enemigo.






(continuación)


Este estudio llega a conclusiones que, a nuestro juicio, son ilustrativas en grado sumo sobre lo que esgrime la justicia argentina, con el propósito de endilgar a los militares y personal de fuerzas de seguridad, actividades que se encuentren subordinadas a un tipo penal internacional, que permita la aplicación de sanciones penales gravísimas. Si estudiamos detenidamente las diferencias entre el Derecho Internacional Humanitario y el derecho de los derechos humanos, advertiremos de inmediato que la médula de ella, se encuentra en lo que se relaciona con el uso de la fuerza. Es reconocido por las normas del derecho internacional humanitario, al tratar la conducción de las hostilidades, que el uso de la fuerza letal es inherente a todo conflicto armado, nacional o internacional, ya que el objetivo último de los bandos en conflicto es dominar a las fuerzas armadas de su enemigo.

De allí que se expresara que “Las partes en un conflicto armado están por lo tanto autorizadas, o en todo caso no tropiezan con impedimentos jurídicos, a atacar los objetivos militares del adversario, incluido el personal militar. La violencia dirigida contra esos objetivos no está prohibida por el DIH, independientemente de que ésa sea ocasionada por un Estado o una parte no estatal en un conflicto armado. Los actos de violencia contra las personas civiles y los bienes de carácter civil son, en cambio, ilícitos, porque una de las finalidades del DIH es preservarlas de los efectos de las hostilidades. Las normas fundamentales sobre la conducción de las hostilidades fueron elaboradas minuciosamente para que reflejaran la realidad de un conflicto armado. La primera es el principio de distinción, según el cual las partes en un conflicto armado deben hacer distinción, en todo momento, entre población civil y bienes de carácter civil y objetivos militares y dirigir los ataques únicamente contra estos últimos. Basándose en el principio de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    distinción, el DIH también prohíbe, entre otros, los ataques indiscriminados, así como los ataques desproporcionados”. Estos antecedentes demuestran que la pertinaz negativa, por parte del Estado Argentino, por medio de sus órganos judiciales, a admitir que existió un conflicto armado en la década del 70, obedece al deseo de liberar, de exonerar, de evitar la punibilidad criminal de los sanguinarios subversivos, que actuaron en la Argentina en la década citada tantas veces. En efecto, en el caso de que no haya existido en la Argentina un conflicto armado no internacional (CANI), las consecuencias y la derivación de los eventos criminosos que estamos refiriendo varían sustancialmente. Las consecuencias legales también no correrían la misma suerte en un caso u otro. Ya que si no existió un CANI los revoltosos, en este caso los sanguinarios guerrilleros, podían ser aprehendidos como delincuentes comunes y sometidos a la ley penal ordinaria, que correspondiera. Hemos señalado, anteriormente, que “la aplicabilidad del DIH a una situación determinada de ninguna manera obsta para que los miembros de la parte no estatal sigan estando legalmente sujetos al derecho interno y puedan ser enjuiciados de conformidad con éste derecho por los crímenes que puedan haber cometido”. (Cónfr. Capítulos 871, 872 y c.c.).

Tal tesitura indudablemente favorece a los 1ue otrora integraron estas bandas armadas, y en virtud de ello es que insistentemente se denominan sedicentes víctimas de la violencia, violencia que ellos mismos engendraron, lo que se ocupan de ocultar de manera tal que permanezca encerrada herméticamente, con la consabida colaboración de diversos funcionarios estatales del país. Todo de tal suerte que aparecen los responsables sin que los llamen: Las FF.AA. y de Seguridad con terceros civiles, que se dedicaban a ejercer violencia y a cometer actos aberrantes contra civiles, sin motivo aparente. Uno de los objetivos, a tal fin, es el concentrar las imputaciones en uno solo de los bandos.

Los “civiles”   -léase “sanguinarios terroristas guerrilleros- tendrían como misión, lo reconocen, atacar a las FF.AA. y de Seguridad, que se habían apoderado del aparato estatal argentino. Ocultan hipócritamente que ellos, o sus allegados ideológicos fueron quienes en diversas ocasiones, intentaron derribar al gobierno constitucional de turno de nuestro país. De esta forma, extrajeron de la galera dos tipos penales internacionales, que podrían imputarse a los revoltosos militares, imputados eventualmente: delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. 

Cargaron las tintas sobre estos dos tipos penales, por la circunstancia de que no eran prescriptibles, no podía aplicarse ni la amnistía ni los indultos, y las penas, aplicando la subsunción era gravísimas. Por su parte, los otrora insurgentes, los salvadores de la Patria, podrían hacer uso de la prescripción por extinción de la acción penal, de los delitos penales ordinarios, que eventualmente se les imputaran, y luego disfrutarían del dinero estatal que se les debía otorgar, como “víctimas” del accionar delictivo de los militares y, algunos, serían “premiados” con un puesto público de jerarquía, cobrando suculentos sueldos sin hacer nada,  a costa de los impuestos de la ciudadanía, Erario Público,  que se encarga de recaudar el Estado Nacional.

Lamentablemente para esta gente, como dicen los conocidos refranes: “El hombre propone y Dios dispone” o el que reza: “Dios no quiere cosas sucias”, el plan podría haber funcionado a las mil maravillas, hasta que los resultados de las últimas elecciones presidenciales argentinas, hace crujir lo planificado tan minuciosamente. Tengamos en cuenta que, en la duda, los jueces progresistas, estuvieron siempre a favor de “las víctimas, cuando esta norma, que apoyamos in totum, es aplicable a los imputados y no a las víctimas”. Pero ¿Quién se atrevía a citar tal circunstancia? Y, en el caso de que un valiente lo hubiera hecho, el destino de la presentación sería el cesto de los papeles. Estimamos que lo otrora “civiles” están nerviosos. La longa mano de la Justicia, con mayúscula, posiblemente se desperece y logre aprehender a los sanguinarios guerrilleros terroristas.