Cuando le toca a la misma España, resolver sobre el pedido de Almirón, sugestivamente cambia el punto de vista jurídico sostenido en el caso de la G.A.L. y acepta que al citado es dable imputarle la comisión de delitos internacionales y que la acción penal, por la circunstancia citada, no se encuentra prescripta, a pesar del tiempo transcurrido. O sea “un traje a medida”… de Almirón.
Creemos que la Justicia debió hacer abstracción de la política y de la ideología si lo que se quiere hacer es actuar conforme a ella. Pero apelar a estas tretas judiciales, no es ético. No importa que posiblemente este ciudadano, de mala fama, de pésima fama, sea lo que es. El asunto es que sea juzgado conforme a la ley aplicable. Caso contrario nos encontramos ante un linchamiento judicial y ante una “colonización judicial”.
Con permiso de Arturo Larrabure, acudo a párrafos de su alegato judicial, ocasión en que citando a Manfroni deja establecidas y pone de relieve las pautas que tendría que seguir la Justicia para valorar acciones constitutivas de delitos internacionales, para calificarlos como tal o no. En efecto, se sostiene en el libelo aludido: “Piensa Manfroni que "si la mutilación de doctrina, tratados y jurisprudencia internacionales tiene lugar en el contexto de circunstancia objetivas que, desde el punto de vista de un observador razonable, pueden hacer presumir una parcialidad sistemática para la aplicación de la norma a determinados grupos de personas (o, al menos, generar legítimas dudas sobre la imparcialidad), todo el aparato de juzgamiento del Estado con competencia en la materia entraría en crisis y los fallos deberían ser examinados en un contexto político diferente que pudiere existir en el futuro o, eventualmente, por una instancia internacional.” Ello es así, en virtud de la garantía de juicio imparcial que reconoce el artículo 8, inciso 1, de la Convención Americana de Derechos Humanos.”
“La existencia de funcionarios, dentro del gobierno, que podrían verse afectados en forma personal por una readecuación del concepto de delitos de lesa humanidad a los actos de organizaciones terroristas, guerrilleras o insurgentes, tampoco es, considerada aisladamente, una circunstancia que decididamente debe invalidar la legitimidad del aparato juridisccional. Pero si esos funcionarios forman una masa crítica de poder, capaz de influir sobre el sistema de juzgamiento de este tipo de ilícitos, entonces sí la garantía del juicio imparcial del Pacto de San José de Costa Rica estaría seriamente afectada" Una prueba cabal de ello – finaliza Larrabure- es el planteo para que se declare nulo el dictamen del Fiscal General Palacín, imputándole que, en lugar de él, debió resolver la Cámara.”.
En el diario Perfil del 17 de febrero de 2008 luce una nota, que ayuda posiblemente a desenmascarar a quienes, al decir del general Juan Domingo Perón, se ponen la camiseta de peronistas, para arrimar agua a su propio molino. .
Expresa la citada publicación que, en principio, como un “merecido homenaje a los desaparecidos y asesinados durante la última dictadura, se emplazó el monumento a las Víctimas del terrorismo de Estado, sito en la Costanera porteña, el que actualmente abarca a “los que murieron combatiendo por los mismos ideales de justicia y equidad”.
Los guerrilleros que perdieron la vida, en el sanguinario asalto subversivo al cuartel de la unidad de Azul, al que nos referimos precedentemente, figuran también en la lista de los homenajeados. Confesamos que es sumamente dificultoso entender como funcionarios pertenecientes a un gobierno peronista, homenajean a individuos que atentaron contra la unidad militar de Azul. Ataque armado que fue concretado durante el tercer mandato del general Juan Domingo Perón. Ataque que fue condenado por Perón, con la vehemencia del caso, ya que lo consideró un ataque al gobierno peronista.
Creemos que la Justicia debió hacer abstracción de la política y de la ideología si lo que se quiere hacer es actuar conforme a ella. Pero apelar a estas tretas judiciales, no es ético. No importa que posiblemente este ciudadano, de mala fama, de pésima fama, sea lo que es. El asunto es que sea juzgado conforme a la ley aplicable. Caso contrario nos encontramos ante un linchamiento judicial y ante una “colonización judicial”.
Con permiso de Arturo Larrabure, acudo a párrafos de su alegato judicial, ocasión en que citando a Manfroni deja establecidas y pone de relieve las pautas que tendría que seguir la Justicia para valorar acciones constitutivas de delitos internacionales, para calificarlos como tal o no. En efecto, se sostiene en el libelo aludido: “Piensa Manfroni que "si la mutilación de doctrina, tratados y jurisprudencia internacionales tiene lugar en el contexto de circunstancia objetivas que, desde el punto de vista de un observador razonable, pueden hacer presumir una parcialidad sistemática para la aplicación de la norma a determinados grupos de personas (o, al menos, generar legítimas dudas sobre la imparcialidad), todo el aparato de juzgamiento del Estado con competencia en la materia entraría en crisis y los fallos deberían ser examinados en un contexto político diferente que pudiere existir en el futuro o, eventualmente, por una instancia internacional.” Ello es así, en virtud de la garantía de juicio imparcial que reconoce el artículo 8, inciso 1, de la Convención Americana de Derechos Humanos.”
“La existencia de funcionarios, dentro del gobierno, que podrían verse afectados en forma personal por una readecuación del concepto de delitos de lesa humanidad a los actos de organizaciones terroristas, guerrilleras o insurgentes, tampoco es, considerada aisladamente, una circunstancia que decididamente debe invalidar la legitimidad del aparato juridisccional. Pero si esos funcionarios forman una masa crítica de poder, capaz de influir sobre el sistema de juzgamiento de este tipo de ilícitos, entonces sí la garantía del juicio imparcial del Pacto de San José de Costa Rica estaría seriamente afectada" Una prueba cabal de ello – finaliza Larrabure- es el planteo para que se declare nulo el dictamen del Fiscal General Palacín, imputándole que, en lugar de él, debió resolver la Cámara.”.
En el diario Perfil del 17 de febrero de 2008 luce una nota, que ayuda posiblemente a desenmascarar a quienes, al decir del general Juan Domingo Perón, se ponen la camiseta de peronistas, para arrimar agua a su propio molino. .
Expresa la citada publicación que, en principio, como un “merecido homenaje a los desaparecidos y asesinados durante la última dictadura, se emplazó el monumento a las Víctimas del terrorismo de Estado, sito en la Costanera porteña, el que actualmente abarca a “los que murieron combatiendo por los mismos ideales de justicia y equidad”.
Los guerrilleros que perdieron la vida, en el sanguinario asalto subversivo al cuartel de la unidad de Azul, al que nos referimos precedentemente, figuran también en la lista de los homenajeados. Confesamos que es sumamente dificultoso entender como funcionarios pertenecientes a un gobierno peronista, homenajean a individuos que atentaron contra la unidad militar de Azul. Ataque armado que fue concretado durante el tercer mandato del general Juan Domingo Perón. Ataque que fue condenado por Perón, con la vehemencia del caso, ya que lo consideró un ataque al gobierno peronista.
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