Capítulo 225 - Donde Se Habla del Mal Uso Que Se Hace De La Justicia Con El Fin De Concretar La Faida

Cuando le toca a la misma España, resolver sobre el pedido de Almirón, sugestivamente cambia el punto de vista jurídico sostenido en el caso de la G.A.L. y acepta que al citado es dable imputarle la comisión de delitos internacionales y que la acción penal, por la circunstancia citada, no se encuentra prescripta, a pesar del tiempo transcurrido. O sea “un traje a medida”… de Almirón.
Creemos que la Justicia debió hacer abstracción de la política y de la ideología si lo que se quiere hacer es actuar conforme a ella. Pero apelar a estas tretas judiciales, no es ético. No importa que posiblemente este ciudadano, de mala fama, de pésima fama, sea lo que es. El asunto es que sea juzgado conforme a la ley aplicable. Caso contrario nos encontramos ante un linchamiento judicial y ante una “colonización judicial”.
Con permiso de Arturo Larrabure, acudo a párrafos de su alegato judicial, ocasión en que citando a Manfroni deja establecidas y pone de relieve las pautas que tendría que seguir la Justicia para valorar acciones constitutivas de delitos internacionales, para calificarlos como tal o no. En efecto, se sostiene en el libelo aludido: “Piensa Manfroni que "si la mutilación de doctrina, tratados y jurisprudencia internacionales tiene lugar en el contexto de circunstancia objetivas que, desde el punto de vista de un observador razonable, pueden hacer presumir una parcialidad sistemática para la aplicación de la norma a determinados grupos de personas (o, al menos, generar legítimas dudas sobre la imparcialidad), todo el aparato de juzgamiento del Estado con competencia en la materia entraría en crisis y los fallos deberían ser examinados en un contexto político diferente que pudiere existir en el futuro o, eventualmente, por una instancia internacional.” Ello es así, en virtud de la garantía de juicio imparcial que reconoce el artículo 8, inciso 1, de la Convención Americana de Derechos Humanos.”
“La existencia de funcionarios, dentro del gobierno, que podrían verse afectados en forma personal por una readecuación del concepto de delitos de lesa humanidad a los actos de organizaciones terroristas, guerrilleras o insurgentes, tampoco es, considerada aisladamente, una circunstancia que decididamente debe invalidar la legitimidad del aparato juridisccional. Pero si esos funcionarios forman una masa crítica de poder, capaz de influir sobre el sistema de juzgamiento de este tipo de ilícitos, entonces sí la garantía del juicio imparcial del Pacto de San José de Costa Rica estaría seriamente afectada" Una prueba cabal de ello – finaliza Larrabure- es el planteo para que se declare nulo el dictamen del Fiscal General Palacín, imputándole que, en lugar de él, debió resolver la Cámara.”.
En el diario Perfil del 17 de febrero de 2008 luce una nota, que ayuda posiblemente a desenmascarar a quienes, al decir del general Juan Domingo Perón, se ponen la camiseta de peronistas, para arrimar agua a su propio molino. .
Expresa la citada publicación que, en principio, como un “merecido homenaje a los desaparecidos y asesinados durante la última dictadura, se emplazó el monumento a las Víctimas del terrorismo de Estado, sito en la Costanera porteña, el que actualmente abarca a “los que murieron combatiendo por los mismos ideales de justicia y equidad”.
Los guerrilleros que perdieron la vida, en el sanguinario asalto subversivo al cuartel de la unidad de Azul, al que nos referimos precedentemente, figuran también en la lista de los homenajeados. Confesamos que es sumamente dificultoso entender como funcionarios pertenecientes a un gobierno peronista, homenajean a individuos que atentaron contra la unidad militar de Azul. Ataque armado que fue concretado durante el tercer mandato del general Juan Domingo Perón. Ataque que fue condenado por Perón, con la vehemencia del caso, ya que lo consideró un ataque al gobierno peronista.

Capítulo 198 - Santucho, el ERP, La Triple A, el Somatén y Perón

(continuación)

Seame permitido recalcar una vez mas que Santucho, alta jerarquía del Ejército Revolucionario del Pueblo, estimaba que el peronismo verdadero era el “progresista y revolucionario”. Nos señala que estimaba el general Juan Domingo Perón, a quien denominaban sus partidarios como “El Lider”, “El Primer Trabajador”, que había que “neutralizar inmediatamente a los combatientes peronistas”, y aun conociendo como conocía la devoción de gran parte del pueblo argentino por Perón y el peronismo, le imputa apoyarse en Rucci, López Rega, Osinde y Gelbard. Se manifestó escéptico respecto de la aptitud de Perón para lograr concretar lo que él llama “Revolución Social”.
Mas adelante, nos señala, en un arranque de sinceridad mesiánica y de soberbia, que “el verdadero jefe de la contrarrevolución, el verdadero jefe del actual autogolpe contrarrevolucionario, y el verdadero jefe de la política represiva, que es la línea inmediata más probable del nuevo gobierno, es precisamente el General Juan Domingo Perón.”. O sea que Santucho imputa criminalmente al general Juan Domingo Perón, ser el cabecilla del “actual golpe contrarrevolucionario”, añadiendo a tales imputaciones la acusación a Perón de ser “el verdadero jefe de la política represiva”. Lejos no está la conclusión que este delincuente terrorista, estimaba que Perón fue el creador de la organización paramilitar la “Triple A”, que se encargó de eliminarlos físicamente. Creemos que los dichos de Santucho, constituyen elementos de juicio indiciarios y de suma gravedad, en cuanto a la participación del general Juan Domingo Perón en la lucha antisubversiva, mediante métodos no convencionales, que es lo que alegó Santucho.
Los magistrados que estudian el origen de la triple A, dudo que hayan evaluado que la organización Ejército Revolucionario del Pueblo es absolutamente foránea. Coincide la actitud de su cabecilla, sugestivamente, con lo resuelto en la Conferencia de La Habana, Cuba en la década del 60, cuando se resolvió la creación de ejércitos de liberación nacional. En nuestra América latina, el mismo Che Guevara confiesa que intentó hacer de la Cordillera de los Andes, una nueva Sierra Maestra.
Hasta el propio Perón nos afirma "No admitimos la guerrilla porque yo conozco perfectamente el origen de esa guerrilla”.
Los jueces, ¿habrán tomado nota de las manifestaciones de Santucho, ocasión en que hace referencias puntuales sobre actitudes, de Juan Domingo Perón, que a su entender configuran el armado de una represión ilícita?. Recordemos que nos señala Santucho: “Hoy, que la burguesía se encuentra en una profunda crisis, necesita reprimir duramente al pueblo y Perón materializa y materializará sin vacilaciones esa represión. …” los amenazantes anuncios de Lastiri y Perón que dan vía libre a los organismos represivos y paramilitares, son claros indicios de un significativo incremento de la represión. Los organismos de seguridad se reúnen públicamente para planificar la lucha contra la "subversión", es decir contra los revolucionarios, tal como se hacía en tiempos cercanos… Perón trata de comprometer y atar a toda la posible oposición con una argumentación legalista que le proporcione razones a su política represiva. Dijo Perón: “Cuidado con sacar los pies del plato, porque entonces tendremos el derecho de darles con todo"…En pocas palabras, lo acusa de actuar mediante la conocida Triple A.
Recientemente, se ordenó y efectivizó, la prosecución de la causa criminal seguida a integrantes de tales paramilitares, pero entre las personas imputadas no figura Juan Domingo Perón. No es de nuestro interés que figure o no figure, pero lo que sí es indudable es que hay que evitar que en la Argentina existan habitantes que ostentan inmunidad judicial y otros cuyo destino es lisa y llanamente una Bastilla Judicial.
Las imputaciones de Santucho, no fueron recogidas por ningún alto jerarca estatal, posiblemente debido al temor de las posibles consecuencias políticas. Sin embargo algunos son de opinión que tales imputaciones, tienen algún sustento. En efecto, a través de las propias manifestaciones del general Perón, podemos colegir de ellas que éste no acompañó nunca el accionar de estas dos agrupaciones subversivas, aunque también deberíamos añadir que no condenó en término precisos su criminal actuación, durante el proceso de la llamada Revolución Argentina.

Capítulo 193 - Nuestra Justicia Involuciona y Ahora no Reconoce que Existió una Guerra Civil

(continuación)

Destacamos a consideración de nuestros de nuestros lectores que la organización criminal guerrillera Montoneros en su “Manual de Táctica Urbana” expresa: “...Nuestra estrategia consiste en la toma del poder por el pueblo a través de la lucha armada; este motivo presupone previamente: a) La eliminación de las organizaciones políticas, económicas y administrativas del régimen; b) El aniquilamiento físico de sus fuerzas de represión

Regis Debray, detenido en su momento en Bolivia durante el intento del Che Guevara, asesor del Presidente Mitterand y amigo personal de Fidel Castro sostuvo cínicamente: Toda la línea política marxista debe dar respuesta a esta pregunta concreta: ¿Cómo derribar el poder del estado capitalista? y ¿Cómo romper su columna vertebral que es el ejército? La revolución cubana ofrece a los de Latinoamérica, una respuesta que hay que estudiar en los debates de su historia, formando a través de la guerra de guerrillas, una fuerza móvil estratégica que sirva de base al ejército popular, del que saldrá el futuro ejército socialista. (Ernesto Sábato, “La convulsión social política de nuestro tiempo” -1969- en Argentina Económica, N 703 del 26/08/86, Pág. 1).

Las palabras de este activista insurreccional, de indudable prestigio mundial en lo suyo, indudablemente no deben haber llegado a los sordos oídos del Ministerio Público Fiscal de la Argentina, por cuanto su titular insiste en que los guerrilleros actuaban “por cuenta propia”. Expresamente, hace caso omiso de las confesas intenciones de derribar por la fuerza de las armas, al estado capitalista.

Ignora olímpicamente, que lo que se estaba haciendo era, ni más ni menos, que concretar la fuerza móvil estratégica, a través de la guerra de guerrillas, para que sirva de base “al ejército popular, del que saldrá el futuro ejército socialista”. Y tal ignorancia lo lleva a expedir instrucciones en el sentido de que no se reconozca, bajo ninguna circunstancia de que se había entablado una verdadera guerra civil, donde precisamente los contendientes, ambos bandos en lucha feroz, no se tiraban flores precisamente.

Capítulo 190 - Laxitud y Lenidad en las Causas Seguidas a los Subversivos

(continuación)

De tales conclusiones, emanadas de un órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Nación nada menos, podemos extraer que nuestra sociedad y el Estado argentino, fueron agredidos en la década del 70, por el accionar criminal de bandas subversivas, agresión que significó un verdadero peligro concreto para la estabilidad de las instituciones del país.

En la actualidad se sostiene, sin fundamento válido alguno, que alrededor de 1975 durante el gobierno constitucional, la subversión ya prácticamente había sido vencida. Tales afirmaciones carecen de asidero alguno y son mendaces, ya que no responden a lo históricamente sucedido. Si hubiera sido así, el Estado Argentino, por medio de sus legítimas autoridades, no se hubiera visto obligado a dictar normas excepcionales, que tendían a erradicar al terrorismo subversivo. Recordemos el decreto secreto 261 de 1975 y que, precisamente a aquel fin, apuntaban los decretos PEN 261/75 y los 2770/71 y 72 del 4-11-1975 creadores del Consejo de Seguridad interna, el Consejo de Defensa y ordenando la autoridad civil la intervención a nuestras Fuerzas Armadas, en la campaña contra la subversión, en todo el país.

No podemos pasar por alto la circunstancia probada de que en 1972, 1973 y 1974 se concretaron 541 asesinatos llevados a cabo por los guerrilleros terroristas, según los partes de las organizaciones respectivas, los que fueron arrimados a la causa y forman parte de ella. A estos asesinatos, concretados según opinión de la Procuración General de la Nación, en forma “particular”, ya que siempre según esta oficina del gobierno, cada guerrillero actuó por las suyas, sin coordinación con organismo alguno, las organizaciones terroristas, las bandas subversivas, las denominaron en sus “partes de guerra”, cínicamente “ejecuciones”.
No alcanzamos a comprender como, quienes sustentan la postura de que solamente pueden cometer delitos de lesa humanidad quienes se sirven del aparato de un Estado, sean funcionarios de éste o no, nos vengan a señalar correlativamente, que los delitos que pudieron haber cometido personas particulares hace treinta años están prescriptos, es decir, legalmente venció el plazo para investigarlos. Es evidente que no han leído o tomado en cuenta los Considerandos de la sentencia recaída en la causa nº 13, o sea la que se siguió a los excomandantes en jefe, pasando por alto que la sentencia emanada de la Cámara Federal, fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Capítulo 188 - El Poder Judicial de la Nación Argentina Declaró que en Nuestro País Hubo Una Guerra Revolucionaria

(continuación)






Videla y Carlos Ruckauf

Se nos dice se nos insiste hasta el hartazgo, que ellos, los subversivos, defendían a la entonces vicepresidente en ejercicio del Poder Ejecutivo. La versión citada, originada en las propias filas subversivas, a todas luces es una felonía. Evidentemente destinada a engañar a los poco avisados, a los de floja memoria y sobre todo a los jóvenes que no se encontraban o eran muy niños en esa época. Estos sujetos explotan la ignorancia de ellos, puesto que al no ser testigos directos, son carne de cañón para aceptar casi sin examinarlos, los datos que se les suministran, en algunas ocasiones, en forma aviesa y tramposa demostrando el poco respeto que se les tiene.

Con el refrendo de sus Ministros: Damasco, Garrido, Emery, Corvalán Nanclares, Ruckauf y Arrighi la ocasional titular del Poder Ejecutivo de ese entonces, la legítima autoridad elegida por el voto mayoritario de la población, dictó el decreto Nº 2.452, sosteniendo que ¨ ...el país padece el flagelo de una actividad terrorista y subversiva que no es un fenómeno exclusivamente argentino... ¨; que esa actitud subversiva constitucionalmente configura el delito de sedición; que no se trata de prescripciones o discriminaciones ideológicas, toda vez que nada justifica la asociación ilícita creada para la violencia y los hechos que la produzcan o fomenten. Señalando que en tal situación se encontraba ¨...el grupo subversivo autodenominado Montoneros, sea que actúe bajo esa denominación o cualquier otra... ¨. Y ampliando esa norma, por el similar Nº 4.060/75, declaró la ilegalidad del Partido Auténtico, fachada legal que encubría el accionar de aquella organización subversiva. O sea, el Poder Ejecutivo, actuó como cualquier gobierno que legalmente defiende las instituciones. No hacerlo hubiera traicionado a la Constitución Nacional. ¿Y que hicieron los guerrilleros que “defendían” al gobierno constitucional?

Esa decisión gubernamental fue respondida el siguiente día 19 con el secuestro de los empresarios Juan y Jorge Born y el asesinato de uno de los directores de la misma empresa y del chofer que conducía el automóvil en que éstos se desplazaban y del custodio de los mismos; y con el asesinato del jefe de la Policía Federal, Comisario Alberto Villar y de su esposa, el subsiguiente 1 de noviembre.
El decreto citado en primer término, habla por sí solo, en cuanto refleja con precisión la precaria y peligrosa situación en la que se encontraba la Argentina, para esa época. La situación, a la que hace referencia, es la misma a la que alude el decreto del Dr. Alfonsín. Podemos discrepar en cuanto a la calificación de las acciones de los subversivos, pero que existió en nuestro país una Guerra Revolucionaria, existió. Y así lo reconoció la misma Cámara Federal que condenó a los integrantes de las Juntas militares

Capítulo 187 - Donde se habla de la Teoría de los Dos Demonios y los ataques a los gobiernos legales, por orden de Fidel Castro

(continuación)

Quienes critican a la llamada Teoría de los Dos Demonios, desconocen este accionar criminal de los subversivos. Estiman que unos pocos eran guerrilleros y que el resto, hasta llegar a alrededor de 30 mil eran inocentes víctimas del accionar de las Fuerzas Armadas.

El gobierno constitucional, cuyo titular es el doctor Raúl Alfonsín, refiere que los subversivos cometieron todo tipo de atentados, asesinatos, secuestros, etc con el fin de derribar al gobierno constitucional de esa época. Ese mismo gobierno, elegido por una inmensa mayoría de ciudadanos, señala que es racional reconocer la existencia de intereses externos que seleccionaron nuestro país para medir sus fuerzas.

Debió referirse, seguramente a la no suficientemente publicitada reunión de La Habana, Cuba donde se decidió, por parte de los “democráticos” asistentes, derribar a todos los gobiernos de Latinoamérica, por medio de los llamados Ejércitos de Liberación Nacional. (...) Estas fuerzas irregulares, intentaron en casi todos los países latinoamericanos, a cuyo frente existían gobiernos democráticos, en algunos casos, o dictatoriales en otros, derribar por la fuerza de las armas a tales gobiernos. Tales sanguinarias milicias, intentaron sin ningún éxito lo que impidieron las Fuerzas Armadas de nuestro país, el 24 de marzo de 1976, con la diferencia que, en esa ocasión o mas tarde, criticaron acerbamente ese procedimiento. Al fallar su plan de hacerse del poder por la fuerza de las armas y con derramamiento de sangre, cumpliendo las instrucciones recibidas en La Habana, Cuba, oportunamente, no les queda mas remedio que travestirse y convertirse en “democráticos”. Viejo truco que no engaña a nadie. O sea que ellos, mesiánicamente, estaban autorizados a derribar un gobierno democrático los otros, no.
Hagamos memoria y recordemos la situación anárquica en que se encontraba la Argentina en esos años, y no precisamente por la inercia omisiva de su gobierno solamente, sino ayudado por la gravísima situación institucional, creada por el accionar de los asesinos disfrazados de “jóvenes idealistas”, a los que la entonces vicepresidenta constitucional de la argentina, debió enfrentar durante su mandato. Se menciona poco o nada al accionar sanguinario de la sedición. No se hace referencia concreta a los subversivos. Sus intentos de derribar al gobierno constitucional, son silenciados y se ponen mayor énfasis en el golpe de estado del 24 de marzo de 1976, que logró tales fines.