(continuación)
Videla y Carlos Ruckauf
Se nos dice se nos insiste hasta el hartazgo, que ellos, los subversivos, defendían a la entonces vicepresidente en ejercicio del Poder Ejecutivo. La versión citada, originada en las propias filas subversivas, a todas luces es una felonía. Evidentemente destinada a engañar a los poco avisados, a los de floja memoria y sobre todo a los jóvenes que no se encontraban o eran muy niños en esa época. Estos sujetos explotan la ignorancia de ellos, puesto que al no ser testigos directos, son carne de cañón para aceptar casi sin examinarlos, los datos que se les suministran, en algunas ocasiones, en forma aviesa y tramposa demostrando el poco respeto que se les tiene.
Con el refrendo de sus Ministros: Damasco, Garrido, Emery, Corvalán Nanclares, Ruckauf y Arrighi la ocasional titular del Poder Ejecutivo de ese entonces, la legítima autoridad elegida por el voto mayoritario de la población, dictó el decreto Nº 2.452, sosteniendo que ¨ ...el país padece el flagelo de una actividad terrorista y subversiva que no es un fenómeno exclusivamente argentino... ¨; que esa actitud subversiva constitucionalmente configura el delito de sedición; que no se trata de prescripciones o discriminaciones ideológicas, toda vez que nada justifica la asociación ilícita creada para la violencia y los hechos que la produzcan o fomenten. Señalando que en tal situación se encontraba ¨...el grupo subversivo autodenominado Montoneros, sea que actúe bajo esa denominación o cualquier otra... ¨. Y ampliando esa norma, por el similar Nº 4.060/75, declaró la ilegalidad del Partido Auténtico, fachada legal que encubría el accionar de aquella organización subversiva. O sea, el Poder Ejecutivo, actuó como cualquier gobierno que legalmente defiende las instituciones. No hacerlo hubiera traicionado a la Constitución Nacional. ¿Y que hicieron los guerrilleros que “defendían” al gobierno constitucional?
Esa decisión gubernamental fue respondida el siguiente día 19 con el secuestro de los empresarios Juan y Jorge Born y el asesinato de uno de los directores de la misma empresa y del chofer que conducía el automóvil en que éstos se desplazaban y del custodio de los mismos; y con el asesinato del jefe de la Policía Federal, Comisario Alberto Villar y de su esposa, el subsiguiente 1 de noviembre.
El decreto citado en primer término, habla por sí solo, en cuanto refleja con precisión la precaria y peligrosa situación en la que se encontraba la Argentina, para esa época. La situación, a la que hace referencia, es la misma a la que alude el decreto del Dr. Alfonsín. Podemos discrepar en cuanto a la calificación de las acciones de los subversivos, pero que existió en nuestro país una Guerra Revolucionaria, existió. Y así lo reconoció la misma Cámara Federal que condenó a los integrantes de las Juntas militares
Con el refrendo de sus Ministros: Damasco, Garrido, Emery, Corvalán Nanclares, Ruckauf y Arrighi la ocasional titular del Poder Ejecutivo de ese entonces, la legítima autoridad elegida por el voto mayoritario de la población, dictó el decreto Nº 2.452, sosteniendo que ¨ ...el país padece el flagelo de una actividad terrorista y subversiva que no es un fenómeno exclusivamente argentino... ¨; que esa actitud subversiva constitucionalmente configura el delito de sedición; que no se trata de prescripciones o discriminaciones ideológicas, toda vez que nada justifica la asociación ilícita creada para la violencia y los hechos que la produzcan o fomenten. Señalando que en tal situación se encontraba ¨...el grupo subversivo autodenominado Montoneros, sea que actúe bajo esa denominación o cualquier otra... ¨. Y ampliando esa norma, por el similar Nº 4.060/75, declaró la ilegalidad del Partido Auténtico, fachada legal que encubría el accionar de aquella organización subversiva. O sea, el Poder Ejecutivo, actuó como cualquier gobierno que legalmente defiende las instituciones. No hacerlo hubiera traicionado a la Constitución Nacional. ¿Y que hicieron los guerrilleros que “defendían” al gobierno constitucional?
Esa decisión gubernamental fue respondida el siguiente día 19 con el secuestro de los empresarios Juan y Jorge Born y el asesinato de uno de los directores de la misma empresa y del chofer que conducía el automóvil en que éstos se desplazaban y del custodio de los mismos; y con el asesinato del jefe de la Policía Federal, Comisario Alberto Villar y de su esposa, el subsiguiente 1 de noviembre.
El decreto citado en primer término, habla por sí solo, en cuanto refleja con precisión la precaria y peligrosa situación en la que se encontraba la Argentina, para esa época. La situación, a la que hace referencia, es la misma a la que alude el decreto del Dr. Alfonsín. Podemos discrepar en cuanto a la calificación de las acciones de los subversivos, pero que existió en nuestro país una Guerra Revolucionaria, existió. Y así lo reconoció la misma Cámara Federal que condenó a los integrantes de las Juntas militares
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