continuación
Recuerdo que quienes ocuparon parte del territorio de la provincia de Tucumán, en el norte de la Argentina, tramitaron su reconocimiento internacional por la República Socialista de Corea del Norte. Por cierto que los integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo, a ellos me refiero, sabían con quienes estaban tratando. Posiblemente la sangrienta dictadura militar de ese país, había dado el vistobueno, para tal paso. Como se trataba de una dictadura comunista, similar a la de Fidel, para ellos era una "democracia". Este era el paso inicial de otros reconocimientos diplomáticos a tramitar, en su mayoría de países que en esa época se encontraban dentro de la órbita comunista. Tales planes delirantes, por suerte para la Nación, se frustraron merced a la actuación diligente del gobierno constitucional del general Juan Domingo Perón y luego de la Vicepresidente a cargo del poder Ejecutivo, María Estela Martínez de Perón , quien sancionó las reformas legislativas apropiadas y encomendó a nuestras Fuerzas Armadas aniquilar a la subversión, por lo que los guerrilleros se vieron obligados a abortar esta operación.Por suerte no dieron el resultado esperado, estos actos de traición a la Patria. No debemos omitir, que el accionar de estos grupúsculos subversivos, violentos en sus actividades y sanguinarios como el que mas, era autodenominado por los insurgentes como “Liberación de la Patria”. Para la inmensa mayoría de la ciudadanía, eventuales víctimas de la actitud nihilista de esos terroristas, se trataba o de vulgares delincuentes o de peligrosos marginales que apelaban a cualquier pretexto, con el fin de secuestrar, extorsionar o cometer cualquier clase de delitos, sin importar los medios empleados. Desde el punto de vista jurídico el accionar subversivo citado se catalogaba como terrorismo. Desde el punto de vista de estos radicalizados subversivos, podrán llamarse “Carmelitas Descalzas” o “Mártires de la Fe” o “Mártires de la Democracia y Libertad", pero la cruda realidad es que estos insurrectos, amparándose en pretextos agradables a la población, no titubearon en teñir de sangre la superficie de la Patria, como hasta ese momento nunca se hizo. Nadie, absolutamente nadie les enrostró que hayan intentado derribar al gobierno popular, surgidos de comicios absolutamente puros.
La acepción contemporánea del término terrorista surge de la definición aceptada por la Organización de las Naciones Unidas, la que expresa textualmente “los actos criminales con fines políticos concebidos o planeados para provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en personas determinadas son injustificables en todas las circunstancias, cualesquiera sean las consideraciones políticas, filosóficas, ideológicas, raciales, étnicas, religiosas o de cualquier otra índole que se hagan valer para justificarlos”. (Conf. Declaración de la ONU sobre medidas para eliminar el terrorismo internacional, anexa a la Resolución nº49/60 de la Asamblea General, Documento A/RES/49/60, 17 de febrero de 199 5, artículo 3. ).
Durante sucesivos gobiernos constitucionales peronistas, desde el 25 de mayo de 1973 hasta el 24 de marzo de 1976, en todo el territorio nacional, tuvieron lugar el secuestro de un total de 1.913 personas todas ellas de tendencia de izquierda. Estas personas, a la fecha, no han aparecido. Por cierto que el accionar subversivo de derecha se superpuso o corrió en paralelo con el accionar de la misma índole de los irregulares de la extrema izquierda. (Ver informe de fs.1558 de la causa nº 13).
La payor parte de estos hechos se atribuyeron a la organización ilegal de pseudo derecha conocida como Triple “A” la que, aparentemente, pretendía impedir que se consumaran los propósitos de las organizaciones guerrilleras de signo contrario. Retrocediendo en el tiempo podemos verificar entonces que la situación en la Argentina en todo ese período era muy compleja y nadie se acordó de investigar a fondo sobre las actividades de todo este ramillete de organizaciones extremistas. Al parecer la Justicia “recordó”, tardíamente por cierto, que debían tramitarse actuaciones judiciales tendientes a establecer la ocurrencia de los eventos citados y la posible responsabilidad criminal de sus autores- El dispendioso Congreso Nacional, que “premió” a los autores del delito de terrorismo y a sus causa habientes, cayó también en tal suerte de “amnesia” estatal.
Pero lo mas curioso del caso, es que los familiares de las víctimas de la organización “Triple A”, casi ni pasaron por los estrados judiciales ni iniciaron demandas tendientes a ser resarcidos, ni peticionaron al Parlamento para que se procediera con ellos, como se hizo con las víctimas de la represión militar. Tal omisión nos permite extraer como conclusión que, el Estado Argentino, considera víctimas en el literal sentido de la palabra, solamente a quienes son amigos del Poder. Es evidente que, para participar en el “negocio” se requieren ciertas aptitudes que no todas las víctimas poseen.
La acepción contemporánea del término terrorista surge de la definición aceptada por la Organización de las Naciones Unidas, la que expresa textualmente “los actos criminales con fines políticos concebidos o planeados para provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en personas determinadas son injustificables en todas las circunstancias, cualesquiera sean las consideraciones políticas, filosóficas, ideológicas, raciales, étnicas, religiosas o de cualquier otra índole que se hagan valer para justificarlos”. (Conf. Declaración de la ONU sobre medidas para eliminar el terrorismo internacional, anexa a la Resolución nº49/60 de la Asamblea General, Documento A/RES/49/60, 17 de febrero de 199 5, artículo 3. ).
Durante sucesivos gobiernos constitucionales peronistas, desde el 25 de mayo de 1973 hasta el 24 de marzo de 1976, en todo el territorio nacional, tuvieron lugar el secuestro de un total de 1.913 personas todas ellas de tendencia de izquierda. Estas personas, a la fecha, no han aparecido. Por cierto que el accionar subversivo de derecha se superpuso o corrió en paralelo con el accionar de la misma índole de los irregulares de la extrema izquierda. (Ver informe de fs.1558 de la causa nº 13).
La payor parte de estos hechos se atribuyeron a la organización ilegal de pseudo derecha conocida como Triple “A” la que, aparentemente, pretendía impedir que se consumaran los propósitos de las organizaciones guerrilleras de signo contrario. Retrocediendo en el tiempo podemos verificar entonces que la situación en la Argentina en todo ese período era muy compleja y nadie se acordó de investigar a fondo sobre las actividades de todo este ramillete de organizaciones extremistas. Al parecer la Justicia “recordó”, tardíamente por cierto, que debían tramitarse actuaciones judiciales tendientes a establecer la ocurrencia de los eventos citados y la posible responsabilidad criminal de sus autores- El dispendioso Congreso Nacional, que “premió” a los autores del delito de terrorismo y a sus causa habientes, cayó también en tal suerte de “amnesia” estatal.
Pero lo mas curioso del caso, es que los familiares de las víctimas de la organización “Triple A”, casi ni pasaron por los estrados judiciales ni iniciaron demandas tendientes a ser resarcidos, ni peticionaron al Parlamento para que se procediera con ellos, como se hizo con las víctimas de la represión militar. Tal omisión nos permite extraer como conclusión que, el Estado Argentino, considera víctimas en el literal sentido de la palabra, solamente a quienes son amigos del Poder. Es evidente que, para participar en el “negocio” se requieren ciertas aptitudes que no todas las víctimas poseen.
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