Asalto al Palacio de Justicia de Bogotá, Colombia por parte del M - 19
(continuación)
Creemos que resultará interesante dar a conocer lo sucedido en Bogotá, Colombia el 6 de noviembre de 1985, ocasión en que un grupo de terroristas guerrilleros perteneciente al M-19 ingresó al Palacio de Justicia de la ciudad de Bogotá, armado hasta los dientes, y una vez en su interior cometió todo tipo de tropelías, las que incluían el asesinato de integrantes de la Corte Suprema de Justicia, de funcionarios judiciales y de otros ciudadanos indefensos, que estaban trabajando allí o que se encontraban ocasionalmente. Pasado un lapso mas o menos largo, elementos del Ejército de Colombia pudieron recuperar el edificio, no sin antes trabarse en lucha armada con quienes estaban en el interior del inmueble, quienes ofrecieron feroz resistencia.
Pasados unos años, a raiz de denuncias efectuadas ante la C.I.D.H. se procedieron a labrar las pertinentes actuaciones. De resultas de ellas, se formó una causa criminal investigándose la conducta de los oficiales del ejército, a cargo de este operativo. Se elevaron las conclusiones, lo que permitió dar inicio en Colombia, a un procedimiento judicial que concluyó con la pertinente sentencia la que resultó condenatoria.
Para ilustración de nuestros lectores, o para refrescarles la memoria a quienes estaban al tanto de lo ocurrido, debemos necesariamente añadir que años mas tarde se llegó tardiamente a la conclusión de que la actividad cumplida por los elementos subversivos, que ingresaron por la fuerza de las armas, al Palacio de Justicia, podría constituir delito de lesa humanidad. Luego de recibir la denuncia que se sintetiza a continuación, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, procedió a caratularla como “Caso 10.738 “Holocausto del Palacio de Justicia de Bogotá, Colombia”.
Con fecha 3 de diciembre de 1990, la Comisión Especial Preparatoria de la CIDH recibió en la ciudad de Bogotá, durante una audiencia especial con los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia, una denuncia del abogado Enrique Rodríguez Hernández, Presidente de dicha asociación, referente a al citado evento.
Esta denuncia, en su parte pertinente, rezaba: “El 16 de octubre de 1985, el Ministro de Defensa reportó: "... el Comando General de las Fuerzas Militares recibió por carta un anónimo que decía: “EL M-19 PLANEA TOMARSE EL EDIFICIO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EL JUEVES 17 DE OCTUBRE, CUANDO LOS MAGISTRADOS ESTEN REUNIDOS, TOMANDOLOS COMO REHENES AL ESTILO EMBAJADA DE SANTO DOMINGO; HARAN FUERTES EXIGENCIAS AL GOBIERNO SOBRE DIFERENTES ASPECTOS, ENTRE ELLOS EL TRATADO DE EXTRADICION".
(N.de R.: los terroristas hacen referencia “al estilo Embajada de Santo Domingo” aludiendo a la toma de rehenes, en el interior de ella, por parte de integrantes del M-19 encabezados por los subversivos Rosemberg Pabón (a) “Comandante Uno” y Luis otero Cifuentes. Entre los secuestrados se encontraban el embajador norteamericano en Colombia y el Nuncio Apostólico. Luego de diversas tratativas, finalmente se accedió al canje de los plagiados por un total de 320 denominados “presos políticos”.).
Pasados unos años, a raiz de denuncias efectuadas ante la C.I.D.H. se procedieron a labrar las pertinentes actuaciones. De resultas de ellas, se formó una causa criminal investigándose la conducta de los oficiales del ejército, a cargo de este operativo. Se elevaron las conclusiones, lo que permitió dar inicio en Colombia, a un procedimiento judicial que concluyó con la pertinente sentencia la que resultó condenatoria.
Para ilustración de nuestros lectores, o para refrescarles la memoria a quienes estaban al tanto de lo ocurrido, debemos necesariamente añadir que años mas tarde se llegó tardiamente a la conclusión de que la actividad cumplida por los elementos subversivos, que ingresaron por la fuerza de las armas, al Palacio de Justicia, podría constituir delito de lesa humanidad. Luego de recibir la denuncia que se sintetiza a continuación, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, procedió a caratularla como “Caso 10.738 “Holocausto del Palacio de Justicia de Bogotá, Colombia”.
Con fecha 3 de diciembre de 1990, la Comisión Especial Preparatoria de la CIDH recibió en la ciudad de Bogotá, durante una audiencia especial con los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia, una denuncia del abogado Enrique Rodríguez Hernández, Presidente de dicha asociación, referente a al citado evento.
Esta denuncia, en su parte pertinente, rezaba: “El 16 de octubre de 1985, el Ministro de Defensa reportó: "... el Comando General de las Fuerzas Militares recibió por carta un anónimo que decía: “EL M-19 PLANEA TOMARSE EL EDIFICIO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EL JUEVES 17 DE OCTUBRE, CUANDO LOS MAGISTRADOS ESTEN REUNIDOS, TOMANDOLOS COMO REHENES AL ESTILO EMBAJADA DE SANTO DOMINGO; HARAN FUERTES EXIGENCIAS AL GOBIERNO SOBRE DIFERENTES ASPECTOS, ENTRE ELLOS EL TRATADO DE EXTRADICION".
(N.de R.: los terroristas hacen referencia “al estilo Embajada de Santo Domingo” aludiendo a la toma de rehenes, en el interior de ella, por parte de integrantes del M-19 encabezados por los subversivos Rosemberg Pabón (a) “Comandante Uno” y Luis otero Cifuentes. Entre los secuestrados se encontraban el embajador norteamericano en Colombia y el Nuncio Apostólico. Luego de diversas tratativas, finalmente se accedió al canje de los plagiados por un total de 320 denominados “presos políticos”.).
Pasaron los días y el evento anunciado no se llevó a cabo, hasta que el miércoles 6 de noviembre de 1985, en forma sorpresiva y sangrienta, utilizando armas automáticas de largo alcance, bombas, granadas, bazucas, rockets y explosivos de gran potencia, un comando terrorista del M-19 al mando del comandante guerrillero Luis Otero Cifuentes tomó por asalto el local del Palacio de Justicia, ubicado en la zona céntrica de la capital colombiana en circunstancias en que un solitario agente de la Policía Nacional y celadores particulares inadecuadamente armados eran las únicas personas que se encontraban a cargo de la protección y seguridad de dicho edificio, cuya protección y vigilancia, a cargo de la Policía Nacional, había sido inexplicablemente retirada 5 días antes de los hechos por orden del entonces comandante de la policía de Bogotá, General Vargas Villegas.
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