Niños enrolados a la fuerza en las FARCIndudablemente que, en nuestro país, encontrará amplia repercusión el fallo de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, ya que surge del mismo que las muertes civiles, en la toma del Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985, constituyen crímenes de lesa humanidad y por ende no prescribe la acción penal derivada de los mismos. El oficial militar de mas alta graduación, imputado en las actuaciones judiciales derivadas del Asalto al Palacio de Justicia, es el coronel Alfonso Plazas Vega, a quien el tribunal condenó por su actuación en ese evento. La defensa del citado militar calificó lo resuelto, con relación a los amnistiados guerrilleros del M-19, como “una decisión histórica”, que se venía esperando hace mucho tiempo.
"Esta decisión produce un impacto fundamental para lograr determinar la responsabilidad de quienes participaron, no en el asalto a sangre y fuego del Palacio de Justicia como autores materiales, sino como determinadores e, incluso, como ya lo ha acuñado la Corte Suprema de Justicia, como un caso de autoría mediata sobre la base de que el M-19 cumple todos los requisitos porque se trataba de una organización criminal", dijo el abogado Jaime Granados, apoderado el coronel Alfonso Plazas Vega, condenado en primera instancia a 30 años por un Juzgado Especializado de Bogotá.
Según la providencia de la Sala Penal del citado Tribunal, revelada en parte por Noticias RCN, "la muerte causada al personal civil que se encontraba en el Palacio de Justicia durante el asalto desplegado por miembros del M-19, es un crimen de lesa humanidad, que de acuerdo con el Estatuto de Roma se conoce como asesinato".
El fallo hace que este proceso no prescriba y se podría determinar la posible responsabilidad de quienes habrían participado como supuestos determinadores del asalto, en este caso, los líderes del M-19.
Este grupo guerrillero perpetró la toma donde murieron 55 personas, entre ellas 11 magistrados y 11 personas más fueron consideradas como desaparecidas, número que descendió a 10 tras encontrarse el cuerpo de Ana Rosa Castiblanco, empleada de la cafetería.
El gobernador de Nariño, Antonio Navarro Wolf, quien para la toma del Palacio de Justicia era uno de los comandantes del M-19, dijo a este diario "que no tengo nada que declarar al respecto".
El ex senador y ex candidato presidencial Gustavo Petro, quien militó también en las filas del M-19, manifestó que "si se declaró las muertes en el Palacio de Justicia como delitos de lesa humanidad, indicaría que entre esos muertos hay 35 combatientes, entonces también serían delitos de lesa humanidad la muerte de los guerrilleros, me temo mucho que ese no sea el fallo del Tribunal", aseguró Petro.
El analista político Rafael Nieto afirmó que esas muertes no pueden calificarse como delitos de lesa humanidad y agrega que este tipo de acciones "no son un ejercicio juicioso de calificación de la conducta criminal sino un mecanismo de la justicia colombiana para evitar la prescripción de estos delitos".
Nieto agregó que el sistema de administración de justicia es altamente ineficiente, por lo que transcurre el tiempo de la investigación y no hay ningún resultado. "Esto no garantiza que haya respuesta efectiva del sistema de administración de justicia y puede ocurrir que pasen cinco, diez, quince años sin resolver este tipo de delitos", afirmó.
Para el abogado Granados, la providencia del Tribunal "es una oportunidad para que la justicia reivindique una verdad histórica y a quienes de manera injusta han sido perseguidos como el coronel Plazas Vega, quien fue condenado en primera instancia y está a la espera de que se resuelva la apelación interpuesta por la Procuraduría General de la Nación y por la misma defensa".
Para el politólogo Darío Acevedo, esta decisión enredaría al M-19 y en especial a directivos como Gustavo Petro, Antonio Navarro y Rósemberg Pabón, entre otros, "no porque de una los vayan a condenar sino porque los investigan para ver qué participación tuvieron en esos acontecimientos. En segundo lugar, los generales, coroneles y otros oficiales acusados por desaparición de civiles en los hechos del Palacio de Justicia tendrían que seguir el proceso normal, o sea sustentarles la responsabilidad individual comprobable y si no hay comprobación no puede haber castigo".
Todos los miembros del comando del M-19 que realizó la toma murieron, entre ellos los jefes de la operación, Andrés Almarales y Luis Otero. La cúpula del grupo fue enjuiciada por la toma, pero al firmar la paz con el gobierno de Virgilio Barco recibieron indulto.
Como antecedente, cabe recordar que en 1992 la jueza Clemencia García de Useche pretendió revivir la investigación contra la cúpula del M-19, por los supuestos delitos de homicidio y terrorismo que se habrían cometido durante la toma y dijo que no debieron prescribir ni debió haber indulto. El proceso no prosperó y la jueza García de Useche terminó investigada (Publicado el 17 de septiembre de 2010 - web colombiana Colombiano.com).
"Esta decisión produce un impacto fundamental para lograr determinar la responsabilidad de quienes participaron, no en el asalto a sangre y fuego del Palacio de Justicia como autores materiales, sino como determinadores e, incluso, como ya lo ha acuñado la Corte Suprema de Justicia, como un caso de autoría mediata sobre la base de que el M-19 cumple todos los requisitos porque se trataba de una organización criminal", dijo el abogado Jaime Granados, apoderado el coronel Alfonso Plazas Vega, condenado en primera instancia a 30 años por un Juzgado Especializado de Bogotá.
Según la providencia de la Sala Penal del citado Tribunal, revelada en parte por Noticias RCN, "la muerte causada al personal civil que se encontraba en el Palacio de Justicia durante el asalto desplegado por miembros del M-19, es un crimen de lesa humanidad, que de acuerdo con el Estatuto de Roma se conoce como asesinato".
El fallo hace que este proceso no prescriba y se podría determinar la posible responsabilidad de quienes habrían participado como supuestos determinadores del asalto, en este caso, los líderes del M-19.
Este grupo guerrillero perpetró la toma donde murieron 55 personas, entre ellas 11 magistrados y 11 personas más fueron consideradas como desaparecidas, número que descendió a 10 tras encontrarse el cuerpo de Ana Rosa Castiblanco, empleada de la cafetería.
El gobernador de Nariño, Antonio Navarro Wolf, quien para la toma del Palacio de Justicia era uno de los comandantes del M-19, dijo a este diario "que no tengo nada que declarar al respecto".
El ex senador y ex candidato presidencial Gustavo Petro, quien militó también en las filas del M-19, manifestó que "si se declaró las muertes en el Palacio de Justicia como delitos de lesa humanidad, indicaría que entre esos muertos hay 35 combatientes, entonces también serían delitos de lesa humanidad la muerte de los guerrilleros, me temo mucho que ese no sea el fallo del Tribunal", aseguró Petro.
El analista político Rafael Nieto afirmó que esas muertes no pueden calificarse como delitos de lesa humanidad y agrega que este tipo de acciones "no son un ejercicio juicioso de calificación de la conducta criminal sino un mecanismo de la justicia colombiana para evitar la prescripción de estos delitos".
Nieto agregó que el sistema de administración de justicia es altamente ineficiente, por lo que transcurre el tiempo de la investigación y no hay ningún resultado. "Esto no garantiza que haya respuesta efectiva del sistema de administración de justicia y puede ocurrir que pasen cinco, diez, quince años sin resolver este tipo de delitos", afirmó.
Para el abogado Granados, la providencia del Tribunal "es una oportunidad para que la justicia reivindique una verdad histórica y a quienes de manera injusta han sido perseguidos como el coronel Plazas Vega, quien fue condenado en primera instancia y está a la espera de que se resuelva la apelación interpuesta por la Procuraduría General de la Nación y por la misma defensa".
Para el politólogo Darío Acevedo, esta decisión enredaría al M-19 y en especial a directivos como Gustavo Petro, Antonio Navarro y Rósemberg Pabón, entre otros, "no porque de una los vayan a condenar sino porque los investigan para ver qué participación tuvieron en esos acontecimientos. En segundo lugar, los generales, coroneles y otros oficiales acusados por desaparición de civiles en los hechos del Palacio de Justicia tendrían que seguir el proceso normal, o sea sustentarles la responsabilidad individual comprobable y si no hay comprobación no puede haber castigo".
Todos los miembros del comando del M-19 que realizó la toma murieron, entre ellos los jefes de la operación, Andrés Almarales y Luis Otero. La cúpula del grupo fue enjuiciada por la toma, pero al firmar la paz con el gobierno de Virgilio Barco recibieron indulto.
Como antecedente, cabe recordar que en 1992 la jueza Clemencia García de Useche pretendió revivir la investigación contra la cúpula del M-19, por los supuestos delitos de homicidio y terrorismo que se habrían cometido durante la toma y dijo que no debieron prescribir ni debió haber indulto. El proceso no prosperó y la jueza García de Useche terminó investigada (Publicado el 17 de septiembre de 2010 - web colombiana Colombiano.com).
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