(continuación)
Dados estos
antecedentes y el consenso de ambos gobiernos en promover una acción conjunta
en busca de la verdad y en elaborar un mecanismo jurídico y
político que produzca una solución definitiva satisfactoria, no solamente para los
intereses políticos sino también que responda a la justicia
y a los damnificados por el atentado, respetando los derechos internos de ambos Estados, se
intenta poner en marcha ese consenso instrumentándolo mediante el tratado
internacional suscripto en Addis Abeba.
Del propio texto
del tratado no surge, específicamente, su objeto y fin. La creación de una
Comisión de la Verdad imparcial, integrada bilateralmente, es solamente el
medio para lograr el objetivo, consistente en su informe
final, al que deberá llegar luego del cumplimiento de sus funciones, mediante el
análisis de la información y la evidencia aportadas con relación
a la
causa AMIA, y que contendrá recomendaciones que ambas partes se comprometen a
tener en cuenta en sus acciones futuras sobre cómo proceder con el caso, en el
marco de sus derechos internos. Para una mejor interpretación del tratado en
este punto, es
sumamente útil recurrir al discurso
que la presidente argentina, Cristina Fernández de Kirchner, pronunció el
25 de septiembre de 2012 en la Asamblea General
de las Naciones
Unidas que, en su parte pertinente, decía:
“Finalmente
y vinculado también con lo que empecé, con el repudio
y la
condena a la muerte del embajador Christopher Stevens en Libia,
quiero referirme también a
lo que para nosotros, los argentinos, constituye
y sigue constituyendo una llaga abierta porque todavía no ha
habido justicia y que es la
voladura de la mutual israelita AMIA en el
año 94 y
también de la embajada de Israel en el año 92, hechos
absolutamente
condenables y deplorables. En reiteradas oportunidades, tanto
el ex presidente Kirchner como quien les habla han pedido a la
República Islámica de Irán, que ha sido acusada por
la Justicia argentina de tener participación en dicho crimen, su colaboración y
su cooperación. En el año 2010 y en el año 2011, ante la falta de respuesta a
ese pedido de colaboración y de cooperación, ofrecí, como alternativa a esto,
si es que la República Islámica de Irán no tenía confianza en la equidistancia,
en la independencia de la Justicia argentina, adoptar una doctrina que es la
doctrina del caso Lockerbie, que todos ustedes recordarán, y que se refiere al
atentado contra un avión estadounidense por parte de terroristas libios y que,
finalmente, tuvo lugar un juicio en un tercer país y allí pudo repararse, si es
que la muerte puede tener reparación, algo del daño que se había hecho.”
“Ofrecimos, precisamente, la elección de común acuerdo entre ambos
países de un tercer país para que se desarrolle allí un juicio que garantice a las partes que todos van a
poder acceder a la justicia y, por sobre todas las cosas, que se va a
conocer la verdad sobre este hecho tan terrible. Empecé hablando sobre acciones
del terrorismo internacional y termino también hablando sobre estas mismas
acciones, no ya cometidas en un lejano país africano y contra un miembro del
cuerpo diplomático estadounidense; estoy hablando de algo sucedido en mi país,
en mi tierra y contra ciudadanos argentinos en clara violación también a la soberanía
territorial. El
día miércoles pasado, 19 para ser más exactos, hemos
recibido por parte de la República Islámica de Irán un pedido de reunión bilateral precisamente para
dialogar entendemos que sobre este tema. Mi país, que sigue
reclamando el diálogo como un instrumento universal y también como un
instrumento particular en el caso de Malvinas, ha decidido instruir a nuestro
canciller para que tenga lugar aquí en, Naciones Unidas, tal cual lo ha solicitado
la República Islámica de Irán, una reunión bilateral entre ambas cancillerías.
Debo decirles que espero resultados de esa reunión, resultados en la manifestación
que ha hecho la República Islámica de Irán de querer cooperar y colaborar por el esclarecimiento del
atentado. Si no lo quiere hacer frente a la Justicia argentina o si
no lo quiere hacer frente a un tercer país, esperamos resultados de esa reunión
en cuanto a propuestas de cómo encaminar este conflicto tan profundo que data del
año 1994.”
Muchas de estas
consideraciones se repiten en el Mensaje que el Poder Ejecutivo ha
enviado al Congreso de la Nación, el 8 de febrero de 2013, acompañando el
proyecto de ley para aprobar el Memorándum de Entendimiento firmado en Addis
Abeba, cuando afirma: “Más allá de estos ataques al acuerdo, quien analice el
tema con sinceridad sabrá ver que la opción a él era la continuidad del reclamo
con la verdad de una resignación a que nunca se lograra ningún avance por la
insistencia en esa vía. Ese era el camino fácil. Consistía en no intentar nada
nuevo para evadir cualquier riesgo. Pero eso condenaba a la causa a su
congelamiento. Se trataba entonces de aparentar avances y saber que nada se lograría.
Desde el mismo momento en que reclamábamos diálogo y cooperación a Irán,
pensábamos que podíamos lograr avanzar o por lo menos, obtener cada vez más
apoyos para nuestra causa por la justicia del reclamo hasta que éste fuera ya
irresistible. Nunca se trató de reclamos huecos. Fue perseverancia para lograr frutos
en pos de la justicia. Este Memorándum consagra un paso más para destrabar la
situación y lograr avances que nos acerquen a la verdad y nos aproximen al
castigo de los culpables. Como[MF1] cuando disentía con la mayoría de la Comisión Bicameral, como cuando el presidente Kirchner efectuaba actos concretos para aportar
en la medida
de lo posible al esclarecimiento de la verdad en las causas de los
atentados, como cuando difundíamos en ambos
períodos de gobierno mundialmente nuestro pedido de justicia y reclamo de colaboración
en Naciones Unidas y por parte de la República Islámica de Irán, como
cuando proponíamos un tercer país para que las actuaciones se realizaran, no
sólo perseguíamos la realización de un juicio justo y adecuado a la normativa:
perseguíamos la verdad y el castigo de los culpables. El Memorándum
de Entendimiento suscripto en Addis Abeba busca ese mismo objetivo y es un indudable
paso de avance. Respeta la actuación judicial, la preserva y la asegura en sus
resultados. Respeta la voluntad popular en cuanto sólo podrá avanzarse si el
Honorable Congreso de la Nación lo ratifica y pone con ello en
ejecución la constitución de la Comisión de la Verdad.”
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