Según sigue consignando el general de Brigada Oscar Guerrero, los atacantes tenían como finalidad “subversiva táctica”, copar la unidad militar sin retenerla, asesinar a sus cuadros jerárquicos, incendiar la unidad y emprender la fuga previo apoderarse del armamento. Con su participación en el ataque se fogueaba al personal mediante “una acción planificada con grupos de choque y francotiradores, demostrando aptitud para la toma del cuartel y la fortaleza de la organización”. El fin último de los atacantes era la toma del poder, instaurando a renglón seguido un gobierno popular, procediendo a la disolución de las Fuerzas Armadas de la Nación, las que serían sustituidas por milicias populares. Los atacantes fueron repelidos por las fuerzas tanto militares como de seguridad. Gracias al accionar esforzado de las fuerzas legales, no tuvieron éxito, siendo desalojados. Entre los atacantes y las fuerzas legales hubo muertos y heridos. El evento citado fue sometido a los jueces de la Constitución. Finalmente se pronunció la Justicia, juzgándose el accionar de los inculpados.
Tras tales etapas, se concretó la presentación anteriormente citada por parte de los condenados, quienes denunciaron ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos “la violación de varias normas de derecho internacional humanitario, por parte de agentes del estado, durante la recuperación del cuartel del RIM 3”. Se trata del Informe nº 55/97 Caso 11.137 Juan Carlos Abella, del 18 de noviembre de 1997. En el mismo solicitaron la condena del Estado Argentino, por violación de los Derechos Humanos.
Mencionaron, a tal fin, la Conferencia Internacional Sobre Los Derechos Humanos, de Teherán de mayo de 1968, ocasión en que se solicitó a la Asamblea General de las Naciones Unidas “que velara por el cumplimiento de la normativa humanitaria, en todos los conflictos armados”. Dicha Conferencia también propuso una revisión de las normas vigentes para garantizar una mejor protección a los civiles, prisioneros y participantes de conflictos armados, y para proscribir el empleo de ciertos métodos y medios de guerra. Igualmente se refiere la petición al Congreso de Derecho Humanitario de 1970 en San Remo, Italia, que resolvió crear un instituto especial para estudiar la mejor defensa de los derechos humanos durante los conflictos armados.
La denuncia considera que “todos estos esfuerzos, todos estos aportes, todos estos avances en el campo del Derecho Humanitario, devienen en normas que el Estado argentino se ha comprometido a honrar; toda esta normativa existente, exigible y vigente, ha sido violentada por el accionar de los agentes del Estado en el caso de La Tablada. Como así también, los principios de racionalidad, de la ciencia militar en particular, en cuanto a la definición del objetivo militar y la táctica adecuada, dentro del marco relacionante de fines y medios.”. Conforme se desprende de esta presentación, parecería que los quejosos creían, estaban convencidos de que estaban enfrentados ante un Estado usurpado por un gobierno de facto. Se les pasó por alto, al efectuar dicha presentación, que quienes respondieron al alevoso ataque de los subversivos eran autoridades democráticas, elegidas por sus propios conciudadanos.
El Estado, por medio de las instituciones propias, y haciendo uso del monopolio de la fuerza legítima, repelió a estos subversivos. Los defensores de la legalidad, no fueron puestos en funciones por un Golpe de Estado sino por un acto eleccionario. Pero tenemos que convencernos. Los fanatizados por este tipo de ideología, por lo general, son patológicamente perseguidos.
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