Capítulo 967 - Etiología objetiva del crimen de Lesa Humanidad

(continuación)

En segundo lugar, como consecuencia del elemento de conocimiento (subjetivo) que acabamos de mencionar, “el acusado debía haber conocido que sus actos, ´encajaban en ese patrón´”. Si uno sigue el convincente enfoque basado en riesgos, es suficiente con que el autor sea consciente del riesgo de actuar en el contexto de un ataque. Además, como el “ataque” implica siempre un elemento de política, como ya se ha indicado anteriormente, el autor también debe tener en cuenta, por lo menos, el riesgo de actuar de conformidad con esta política, pero sin saber todos los detalles de la misma. (…)

Compárese, por ejemplo, el caso de un asesinato ordinario en el curso de un robo y el asesinato de un oponente político. En el primer caso, no hay apoyo oficial o la tolerancia de la muerte. En el último caso, este amplio apoyo o tolerancia aumenta el riesgo de la víctima potencial, escuda a los responsables de la persecución y podría transformar el asesinato común en un CLH.

Por lo tanto, una prueba adecuada para establecer si un determinado acto fue parte del ataque y, por lo tanto, si es equivalente a un CLH, consiste en preguntarse si el acto hubiera producido un efecto menos destructivo y peligroso para la víctima si no hubiera tenido lugar dentro del marco de un ataque y de conformidad con la política.

Repasando las opiniones relacionadas con el delito de Crimen de Lesa Humanidad y otros delitos internacionales, graves, contra los derechos humanos, podemos pasar a algo muy actual, que nos permitirá posiblemente, ver la praxis de la aplicación de las normas internacionales, que rigen lo relacionado con la violación de los derechos humanos, en todo el mundo civilizado.

El caso de Colombia, enfrentada a la cesación convencional de las hostilidades presenta facetas, nuevas algunas y otras no tanto, que ilustran sobre la conducta a seguir por el Estado y quienes atacan a éste, en las conversaciones sobre amnistía posibles o indultos, cuya finalidad es poner fin a las hostilidades en un CANI que lleva alrededor de cincuenta años.

Señala la organización H.R.W.: “Colombia únicamente podrá conseguir una paz duradera si garantiza el derecho de las víctimas a la justicia, señaló hoy Human Rights Watch, por medio de José Miguel Vivanco, Director para las Américas de la citada institución,  de cara a las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El inicio de las negociaciones tendrá lugar en Oslo el 17 de octubre de 2012.

El conflicto armado interno que existe en Colombia desde hace medio siglo ha tenido consecuencias devastadoras para la población civil. Miles de personas han sido víctimas de asesinato, desaparición forzada, secuestro y actos de violencia sexual, y más de 4 millones de colombianos han sido desplazados internamente.

“Considero positivas las negociaciones de paz. ¿Quién podría oponerse a iniciativas que buscan poner fin a un conflicto que ha producido tantas atrocidades y que ha cobrado tantas vidas colombianas?”, indicó José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch. “Sin embargo, cualquier acuerdo que pretenda ser exitoso deberá asegurar justicia por los graves abusos cometidos”.

Las investigaciones realizadas por Human Rights Watch en Colombia durante las dos últimas décadas muestran que la impunidad generalizada en casos de atrocidades ha sido un factor clave que ha permitido que continúen las violaciones de derechos humanos. Un acuerdo de paz que renuncie a la justicia podría exacerbar esta impunidad de una manera irreversible y estimular nuevos abusos, advirtió Human Rights Watch. También implicaría ignorar los derechos de miles de víctimas de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.

“Hace mucho tiempo que el pueblo colombiano anhela la paz, pero esta no tendrá carácter duradero ni tampoco será justa si el acuerdo al cual lleguen las partes está basado en conceder inmunidad por actos aberrantes”, indicó Jan Egeland, Director para Europa de Human Rights Watch.