lunes, diciembre 28, 2015

Capítulo 830 - Hubo que llegar a la Organización Internacional de las Naciones Unidas para que al demandante se le respete el derecho a cuidar de su salud.




 (continuación)


“Así, pues, los Estados partes deben adoptar todas las medidas pertinentes, incluyendo la identificación y la eliminación de obstáculos y barreras de acceso, a fin de que las personas con discapacidad privadas de libertad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida diaria del lugar de detención, entre otras, asegurando su acceso, en igualdad de condiciones con las demás personas privadas de la libertad, a los diversos ambientes físicos y servicios, tales como baños, patios, bibliotecas, talleres de estudio o trabajo, servicios médico, psicológico, social y legal. En el presente caso, el Comité reconoce los ajustes realizados por el Estado parte para eliminar las barreras de acceso en el entorno físico del autor en el centro penitenciario. Sin embargo, considera que el Estado no ha probado fehacientemente (por ejemplo, a través de fotografías, videos o planos) que las medidas de ajuste tomadas en el complejo penitenciario sean suficientes para garantizar el acceso del autor al baño y ducha, patio y al servicio de enfermería de la manera más independiente posible.

En este sentido, el Comité observa que el Estado no ha alegado la existencia de obstáculos que le impidan tomar todas las medidas necesarias para facilitar la movilidad del autor en su entorno y tampoco ha desvirtuado las alegaciones del autor sobre la persistencia de barreras arquitectónicas. Por consiguiente, el Comité considera que, en ausencia de suficientes explicaciones, el Estado parte ha incumplido sus obligaciones en relación con los artículos 9, párrafo 1 (a) y (b), y 14, párrafo 2 de la Convención”. (…)
Atento a la fundamentación expuesta en los considerandos anteriores, el organismo dictaminó que “el Estado parte ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud a los artículos 9, párrafo 1 (a) y (b); 14, párrafo 2; y 17 de la Convención”. A partir de esta resolución, el organismo señaló que el “Estado parte tiene la obligación de reparar los derechos que asisten al autor en virtud de la Convención, realizando los ajustes en el lugar de detención que garanticen su acceso a las instalaciones físicas y servicios penitenciarios, en igualdad de oportunidades que otras personas detenidas. El Estado parte también debe reparar las violaciones de la Convención constatadas mediante el reembolso de los costes legales incurridos en la tramitación del asunto. Por otra parte, en atención al delicado estado de salud del autor, el Comité solicita al Estado parte velar por que, en el marco de la autonomía del paciente a consentir o rechazar un tratamiento médico, el autor tenga acceso a cuidados sanitarios adecuados y oportunos de acuerdo a su estado de salud y acceso continuo y pleno a un tratamiento de rehabilitación adecuado”.
“Recién después de este dictamen del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Sala II de la Cámara de Casación –integrada por los jueces Alejandro Slokar, Angela Ledesma y Liliana Catucci– ordenó otorgarle a Patti el arresto domiciliario hasta que se completen las obras necesarias para que el penal disponga de las condiciones de accesibilidad que respondan a las exigencias de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.”
“El caso plantea dos asuntos inquietantes. El primero, que se haya tenido que llegar hasta la ONU para que se le respete al demandante el derecho a cuidar de su salud, un derecho humano esencial. El segundo, se extiende a otros casos similares de condenados por delitos de lesa humanidad que también están siendo privados de su derecho a la salud, hecho inadmisible.”
Es un secreto a voces que hay jueces temerosos de actuar en estos casos con la equidad que exigen los tratados internacionales sobre derechos humanos que la Argentina ha suscripto. Es lamentable. Patti y muchos otros, cuyas conductas delictivas durante la dictadura son repudiables, merecen el absoluto respeto de todos sus derechos. No hacerlo significa, en definitiva, actuar de la misma manera impía y cruel con la que ellos actuaron con sus víctimas.
El párrafo 10 de la resolución aquí reproducida expresa que “de conformidad con el artículo 5 del Protocolo facultativo y el artículo 75 del reglamento del Comité, el Estado parte debe presentar al Comité, en un plazo de seis meses, una respuesta, por escrito, que incluya información sobre las medidas que haya tomado en vista del dictamen y de las recomendaciones del Comité. Se pide asimismo al Estado parte que publique el dictamen del Comité, y que lo distribuya ampliamente, en un formato accesible, a fin de que llegue a todos los sectores de la población”.
Como es público y notorio, este último pedido ha sido olímpicamente incumplido por el Estado nacional.”. 

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