(continuación)
La vigencia continental de los citados
instrumentos, no impide que las obligaciones reseñadas en ellos no se cumplan
taxativamente, en la medida que corresponde. En efecto, es de señalar
que lamentablemente un grupo de naciones
en forma paulatina, lenta
pero firmemente, señalan su desacuerdo con los fines del organismo
interamericano. En el caso de Venezuela,
vemos que su gobierno se resiste a dar cumplimiento a tales obligaciones
internacionales. A lo que unimos que, en Cochabamba, Bolivia hace poco se
celebró la 42ª asamblea general de la Organización de los Estados Americanos
(OEA) ocasión en que se trató un tema predominante: el futuro de la Comisión
IDH. Tanto el país anfitrión como
Ecuador y Venezuela consideran a la misma como
un “ente inquisidor”, en
razón de los duros informes sobre sus
prácticas de los derechos humanos. Tal circunstancia los
llevó a promover una reforma en la Comisión, sobre la base de las
recomendaciones aprobadas en la OEA en enero de 2012. La más controvertida de tales
recomendaciones proponía que la Comisión IDH debía consultar con los Estados
antes de aplicarles medidas cautelares. Según fuentes
internacionales consultadas el
propósito de estas reformas es “neutralizar” la labor de la Comisión, en favor
de aquellos países. Lo que fue corroborado, a su vez, por el propio presidente de
Bolivia Evo Morales, quien afirmó: “Decidimos participar en la asamblea de la
OEA para poner en su sitio a cierta burocracia internacional que se creé por
encima de nuestros Estados. Nuestro
pueblo no permitirá lo que ya vivimos con el FMI y el Banco Mundial, ahora en
nombre de los derechos humanos”.
Al respecto Eduardo Bertoni,
corresponsal de La Nación, de Buenos Aires, Argentina nos señala que “estamos
frente a una asamblea envuelta en un hecho muy peligroso: el intento de debilitar de manera grave La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
y su Relatoría Especial para
la Libertad de Expresión (RELE), cuyo mandato es la
promoción, protección y defensa de un derecho consustancial con la
democracia”. Sigue refiriendo el
aludido que “Las propuestas de quienes
siguen a Ecuador para “fortalecer” el sistema interamericano de protección de
derechos humanos apuntan,
en realidad, a lo contrario.
Por ejemplo, la RELE ya no podría publicar un informe anual propio,
donde se denuncian violaciones de la libertad
de expresión, separado del informe de la Comisión IDH. Es decir, se
pretende “fortalecer” el cuidado de los
derechos humanos, impidiendo que se publique un informe que lleva una práctica
de más de una década. En
lugar de pedir más informes especiales, se pide que uno desaparezca.”
En ocasión de celebrarse en San Pablo,
Brasil la Asamblea General de la SIP, nos señala La Nación, que el escritor
mexicano y ex canciller Jorge Castañeda hizo un encendido llamado a defender el sistema interamericano de
derechos humanos, frente a los embates de Venezuela, Ecuador, Nicaragua y
la Argentina. “Me parece realmente escandaloso que haya
gobiernos, los del ALBA en particular, que quieran debilitar a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría para la Libertad de
Expresión, por
razones de política interna, ideológicas o de inconformidad de la relatoría con
lo que ellos están haciendo”. En
dicho acto usó de la palabra José Vivanco, director de la división de las
Américas de la ONG Human Rights Watch, quién afirmó que la presidente de la
Argentina modificó su postura sobre el tema de los derechos humanos. “En política exterior me preocupa que la
Argentina, en los últimos tiempos, le ha ido bajando el perfil a su compromiso
con los derechos humanos” expresó. Vivanco
advirtió sobre los riesgos de terminar construyendo monopolios informativos
gubernamentales.
Advertimos que ciertos países no son
coherentes en la defensa de los derechos humanos. Si los que gobiernan en ellos
se encuentran en la oposición, la defensa de tales derechos, es permanente,
tenaz, estentórea, universal. Podríamos calificar tal defensa como “profesional”. Defienden
tanto la libertad individual como la libertad de expresión. Defienden todo tipo
de libertades. Rubrican cuanto convenio o tratado se les ponga a mano, con la
sola condición de que se trate de la defensa irrestricta de los derechos
humanos. Cuando estos señores, estos personajes, acceden al Poder dan un giro
copernicano e inexorablemente los vemos perseguir a los opositores, en nombre
de algún “imperialismo”. Siempre hay motivo como para privar de la libertad a
cualquier persona que se les oponga. En los países que tienen la desgracia de
ser gobernados por estos singulares personajes, los tratados internacionales
que se relacionan con los derechos humanos, son incumplidos a rajatabla. Al
punto que parecería que los encajonan y nunca más ven la luz. Un caso típico es
Venezuela. El trato que ha tenido el dictador Hugo Chávez, en cuanta
oportunidad fue tomado prisionero por fragotear, no lo tiene él con sus
prisioneros políticos. No les perdona una. Considera a los opositores no como
adversarios ideológicos, que lo son, sino
como “enemigos” a aniquilar cual
ratas, para quienes ni siquiera se les
aplica la justicia. A raíz
de la actitud de Chávez, la omisión IDH viene calificando a su gobierno, en
forma negativa en relación al respeto de los derechos humanos. Señala este organismo internacional, en su
informe anual, que “Leyes restrictivas, una
"grave" criminalidad, ataques a la libertad de expresión y la
"fragilidad" del poder judicial afectan seriamente los derechos humanos en Venezuela.
La Comisión incluyó a Venezuela,
junto a Cuba, Honduras y Colombia, en el llamado Capítulo IV de su informe,
dedicado a aquellos países donde existen situaciones que afectan "seria y
gravemente el goce y disfrute de los derechos fundamentales".
Venezuela,
que ha amenazado con abandonar el ente autónomo de la Organización de Estados
Americanos (OEA) alegando que está parcializado en su contra, ha sido incluida en
esta "lista negra" de los informes anuales por una década, desde
2002. Durante 2011, la CIDH observó la continuación
de la "provisionalidad de los jueces y fiscales" lo que
"conlleva a la fragilidad del poder judicial y a su falta de
independencia", indicó en el informe
presentado hace uno días en la OEA. Recordamos cuando la Comisión fue recibida
en la Argentina, durante el gobierno de la dictadura militar. El gobierno de
esa época fue mas receptivo a los pedidos de la Comisión, que el gobierno
chavista del dictador Hugo Chávez. No sólo se ha negado pertinazmente a que se concrete una visita in situ de la Comisión D.D.H. al territorio
venezolano, sino que a raíz del contenido de los
informes emanados de este organismo internacional, el dictador contesta con insultos e improperios, dignos de un matón barriobajero.
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