(continuación)
Ya hemos aludido
a la postura defensista, que tilda de inconstitucional aplicar en forma
retroactiva, normas internacionales que la Argentina no ha incorporado en su
derecho positivo. Por su parte, nuestra
Corte Suprema de Justicia mantiene la postura contraria, no compartiendo tal
tesitura, en el sentido de que si en el derecho internacional consuetudinario,
existía el tipo penal imputado, la Argentina debe aplicarlo, en la forma que refirió
Boggiano in re “Nicolaides, Cristino y otros”,
y que hizo suya en sendas ocasiones ese Alto Tribunal. Hemos puesto de
relieve, una y otra vez, que nuestra justicia de hecho no comparte imputarle,
si corresponde, la calificación de delito de lesa humanidad, a integrantes no
militares de las guerrillas actuantes en la década del 70.
Un caso
que nos puede ilustrar aún más sobre el tema que abordamos, es el Ataque al Cuartel de La Tablada, del que
podemos extraer conclusiones muy útiles al respecto, en sus derivaciones
jurídicas. Referido en el Capítulo
383 del presente Ensayo, nos remitimos al contenido del mismo en cuanto a su
descripción. Con el añadido que hacemos ahora de que, finalizada la acción bélica, la
identificación de muertos y detenidos, secuestro de documentación, armamento y
munición utilizada -en su mayoría de origen ruso
y chino- y gran cantidad de bibliografía y
material ideológico capturado a los subversivos, permitieron determinar fehacientemente que el grupo, integrado en su mayoría por el Movimiento Todos por la Patria
(MTP), era un
desprendimiento del Ejército Revolucionario
del Pueblo (ERP),
liderado por Enrique Gorriarán Merlo y
con la participación, en este operativo, de elementos pertenecientes a las
siguientes organizaciones:•Partido de la Liberación (PL)•Movimiento de
Liberación 29 de Mayo (ML-29)• Montoneros (Columna Sur-Oeste).
El citado
ataque, de elementos subversivos contra las instalaciones del Cuartel del
Regimiento de Infantería Mecanizado 3, sito en la localidad de La Tablada,
Pcia. de Buenos Aires, según rumores que corrieron muchos años después,
posiblemente luego de similares ataques sufridos en otros países
latinoamericanos, por parte de elementos de tal jaez, habría sido financiado por el narcotráfico
internacional. Fue liderado el accionar subversivo por el conocido guerrillero
Gorriarán Merlo. Quien se encargó de transmitir tal noticia fue el
titular de la ONG “Asociación Antidrogas de la República Argentina”. “La confirmación - informó Claudio
Izaguirre - fue obtenida de labios del Coronel Víctor
Boitano del Ejército Sandinista de Liberación, en una
entrevista que concedió al programa de ´María Elvira´ en Miami.” “El
golpe que dio Enrique Gorriarán Merlo - ilustró Claudio Izaguirre -
fue financiado por el Ejército Sandinista de Liberación en 1989 al regimiento 601 de La Tablada (sic) y admitió además que el armamento los equipos y el dinero fueron
proporcionados por ellos con fondos de la comercialización de drogas, que se triangulaba entre Pablo
Escobar Gaviria, el Ejército
Sandinista y el gobierno de Cuba.”
Agregando por su parte que en el evento participaron conocidos traficantes de droga, en negocios con las FARC. Señala que “Debido a
los escasos efectivos que se encontraban en el cuartel como consecuencia de la
licencia anual y a la hora en que se produjo el ataque, oportunidad en que el
personal aún no había regresado del franco de fin de semana, el grupo terrorista logró el copamiento de
la unidad militar en un reducido lapso, explotando el factor
sorpresa y la capacidad de fuego con que contaban. El concepto de esa operación, planeada y comandada desde fuera de las instalaciones militares por Enrique Gorriarán Merlo,
fue claramente determinado por la
documentación secuestrada durante
y después de las acciones de recuperación de las instalaciones militares, entre la cual se encontraba la proclama inicial que pretendían
difundir por emisoras radiales, previo copamiento de éstas; una segunda proclama en la cual se
instrumentaba un plan de emergencia luego que el "gobierno del pueblo" accediese al poder. En dicho plan se incluía la disolución de las FF. AA. y su
reemplazo por
las milicias populares; por último, una serie de comunicados en
los cuales se detallaban las organizaciones políticas, gremiales, estudiantiles
y educacionales que se adherían al movimiento insurreccional subversivo y a la
toma del poder nacional.
Consolidada
la primera fase de la operación (toma del cuartel)
comenzaría la fase agitación popular con la ayuda de altavoces que poseía el grupo de apoyo externo,
justificando su actitud de que la toma de la unidad militar era para desalojar
a rebeldes adictos al Teniente Coronel Rico y al Coronel Seineldín que tenían
el propósito, según el grupo subversivo del Movimiento Todos por la Patria
(MTP), de dar un golpe de estado. Para ello, los terroristas tenían impreso una
gran cantidad de falsos volantes en los cuales los citados militares llamaban a
la rebelión contra el Gobierno de la Nación. Dichos panfletos también fueron
secuestrados al grupo atacante junto con el resto de la documentación ya
indicada. A partir de lo planificado y con posterioridad a la toma del cuartel,
la agitación popular que
pretendían lograr estaba
destinada a convocar una marcha multitudinaria, desde varios puntos de la Capital Federal, Gran Buenos Aires y
aun del interior del país, para
dirigirse a Plaza de Mayo y
ocupar la Casa Rosada. Esto se haría para evitar el supuesto
golpe de estado de Seineldín y de Rico. Si esta operación hubiera tenido éxito,
igual actitud se habría adoptado en otras zonas del país, particularmente en
Rosario y Córdoba, lugares donde se comprobó que existían grupos similares a
los que actuó en La Tablada el 23 de enero. La reacción inicial de la Policía
de la Provincia de Buenos Aires que de inmediato estableció un cerco de las
unidades tomadas, y el progresivo regreso de personal franco destinado a la
unidad y Subunidad del cuartel que por la parte posterior accedió al empleo de
algunos vehículos blindados estacionados en las instalaciones correspondientes,
impidieron concretar la parte
inicial del plan subversivo previsto que, sintéticamente, consistía en tomar la unidad, apoderarse de armamento y munición, distribuir los supuestos panfletos de
Seineldín y Rico y
posteriormente retirarse del cuartel para iniciar la segunda fase: agitación
popular.(…).
Las
acciones militares se llevaron a cabo durante todo el día 23 y hasta las 10:30 hs. del día 24 de enero, oportunidad en que, ya abatidos la
mayor parte de los subversivos que siguieron combatiendo hasta la hora
indicada, se
materializó la rendición de 14 de ellos, uno de los cuales (una mujer) falleció a los pocos minutos como consecuencia de las heridas
recibidas. Junto
con esta rendición se produjo la liberación de los rehenes (Suboficiales) que mantenían en su poder los
integrantes del MTP que aún permanecían con vida.
Por expresa orden del Presidente de la Nación, el personal detenido fue puesto
a disposición del Juez Federal correspondiente, Dr. Larrambebere, quien de
inmediato se hizo presente en el lugar de los hechos. Cuando los militares fueron
atacados por los facciosos, por los subversivos, algunos conocidos ampliamente y otros extranjeros,
originarios de países donde ellos integraron otros grupos subversivos,
cumpliendo órdenes del titular del PEN las fuerzas legales defendieron las
instalaciones del Ejército, destacándose que alguno de los elementos combatientes portaba armas de origen extranjero, de muy grueso
calibre, desconocidas hasta para los
defensores. Cuando declararon ante la Justicia, alegaron en su defensa que ellos creían que estaban defendiendo al gobierno de ese entonces.
Se les imputó haber incurrido en las conductas previstas y reprimidas por la
Ley de Defensa de la Democracia, a la sazón sancionada por el Congreso Nacional
en plena época democrática. El Tribunal no creyó sus
embustes, calificó como pueriles los mismos y
fueron condenados a distintas penas de prisión.
Empero
nadie se percató que la investigación, por la causa que sea, se ciñó casi al
perímetro atacado, sin extenderse a los cómplices extramuros, no se
solicitaron informes a los servicios de inteligencia de países extranjeros,
no se solicitó
colaboración de organismos especializados tanto de la Argentina como del
exterior, nada se supo del origen del armamento ingresado al país ilícitamente, en
fin algo quedó flotando en el ambiente. Era considerablemente más lo que se
ignoraba respecto a este ataque, que lo que se había averiguado. Recordamos que
para esa época, aun sin conocer nada más que las noticias de los medios, la
ciudadanía no se conformó con el resultado de las investigaciones efectuadas
por la Justicia. Pareció, dio la impresión, de que se actuó casi “pro forma”.
Pero como diría el paisano “Dios no
quiere cosas malas…”
Pasado unos años se
presentaron los subversivos condenados, ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la
OEA, alegando a su favor que fueron objeto de malos tratos por los
militares, los
que no sólo abatieron a algunos atacantes, haciendo
desaparecer sus cadáveres, sino que fueron
violados sus derechos humanos, describiendo tales
eventos e imputando a sus autores haber
cometido delito de lesa humanidad. Señalaron que la Justicia hizo
oídos sordos a sus denuncias, por lo que agotados los recursos denuncian los
hechos referidos, ante la Comisión, para que se sancione a la Argentina. Desempeñaron en
la ocasión el papel de “víctimas”, que tan bien
conocen.
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