(continuación)
Al interrogarle sobre sino considera que estos modelos podrían ser incompatibles con los
internacionales, expresó Ambos que “No lo son. Sobre todo en una situación como
la colombiana, donde tenemos una democracia formal como contexto y no tenemos una
situación de crímenes de una dictadura como en el Cono Sur, que fueron los casos de la Corte
Interamericana. Tenemos un estado democrático formal con
instituciones, con prensa libre, y hay un grupo armado. Si uno quiere que dejen
las armas, hay que ser más flexibles y no dar demasiada prioridad a la parte
penal del asunto.”
Al serle puesto de
manifiesto que la opinión común es que las amnistías son incompatibles con los
derechos humanos, señaló taxativamente: “No es tan simple, depende de cada caso
y del tipo de amnistía y crimen. Por ejemplo, si tomamos la ley 975, no es una
amnistía sino una ley que reduce la pena. Son modelos alternativos. Hemos creado muchos
modelos en los últimos 20 o 30 años en procesos también fuera de América
Latina. Colombia es protagonista en esos modelos, la ley 975 fue absolutamente novedosa,
en el sentido de que hubo un ingrediente de justicia penal en la justicia
paralela, y una
sanción mínima en vez de una amnistía.”
Ahora tenemos que
ser mucho más sofisticados, porque al final la cuestión es qué es mejor para la
sociedad. Esa
decisión la tiene que tomar la sociedad, no puede tomarla la Corte Interamericana, ni EE.UU. ni la Unión
Europea. Es una decisión de los colombianos. Para mí, es
mucho más importante la participación de la sociedad civil en estos procesos,
la transparencia del proceso.
El gran problema tal vez en la negociación con las Farc es si es suficientemente transparente para comunicar a la sociedad colombiana qué están negociando. Hay que ser
inclusivo, llevar a la sociedad como negociador, para que sepa qué se negocia y
qué debe aceptar.”. Expresó también que “El valor de la verdad es muy importante. Es algo extrapenal. La
pregunta es cómo se logra.
Hay diferentes
modelos, puede haber una comisión de verdad en sentido estricto, con
autoridades nacionales donde los posibles autores tienen que aparecer y
confesar —ese es el caso sudafricano, que tiene muchos defectos—. Hay otros
modelos, como la Memoria Histórica en Colombia. Si uno ve los informes que
produce Memoria Histórica, hay algo de verdad, pero tal vez necesitamos otros
procesos. Cómo
lograr la verdad es algo flexible y toma tiempo. En Alemania aún discutimos
sobre nacionalsocialismo, aparecen críticas y nuevas investigaciones. Son
procesos largos.
En
cuanto a la reparación, señala que “La reparación está desvinculada de la
ejecución de una pena. Es más compleja y puede ser el reconocimiento mismo de
que alguien sufrió como víctima. Poner un símbolo, un monumento, en el pueblo o
en el lugar donde hubo una masacre. Tomar
en serio a las víctimas. La parte penal es
la que a veces es muy exagerada, ahí realmente la
cuestión es si necesitas mandar la gente
a la cárcel. Como el fin es la reconciliación, hay que pensar en qué puede
contribuir el derecho penal para reconciliar a los colombianos. Si las víctimas
se reúnen con sus victimarios y los victimarios piden disculpas honestamente
—no como tal vez en el proceso de la ley 975—, y si uno cree como víctima que los victimarios sienten lo que hicieron, tal vez eso sea mejor que enviarlos a la cárcel. Esa reconciliación autor-víctima puede ser mejor.”
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