Capítulo 763 - Reconoció el Estado Argentino, en marzo de 2005, que incurrió en encubrimiento de delito de lesa humanidad en el caso AMIA. ¿Doble encubrimiento?

(continuación)

El propio Kirchner se encargó de responder más tarde, cuando aseguró que "por supuesto" estará presente el año próximo en el acto, y destacó que "la lucha contra la impunidad debe ser total, a todo minuto y a toda hora". En esta oportunidad, los discursos del titular de la DAIA, José Hercman, el presidente de la AMIA y los familiares, volvieron a mostrar las diferencias que los separan a la hora de analizar el trágico atentado y sus sucesos posteriores. Así, el primero puso énfasis en señalar a Irán, y específicamente a la organización terrorista Hezbollah como los autores de la explosión, y criticó duramente al ex canciller, Carlos Ruckauf, por su pedido de disculpas al gobierno de ese país luego de que el juez Juan José Galeano imputara el hecho a integrantes de esa comunidad, mientras Kalul apuntó contra los tres presidentes que precedieron a Kirchner -Carlos Menem, Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde- por su falta de voluntad política para facilitar la tarea de la Justicia. 

El representante de los familiares, Burstein fue, como siempre, más enfático: calificó a Menem de "corrupto, traidor y asesino", dijo que Miguel Angel Toma y Hugo Anzorreguy, dos ex titulares de la SIDE fueron responsables de la muerte de sus familiares y pidió la renuncia del juez Galeano, mientras desde el público un grupo de mujeres le gritaba "¡No Sergio, hay que hacerle juicio político, tiene que ir preso!" Kirchner y sus funcionarios dejaron el lugar convencidos de haber superado con creces una prueba difícil.”. Dos años más tarde, como Kirchner no logró absolutamente nada y la justicia argentina menos, se rubricó por parte del entonces presidente el decreto 812/05 el que  reconoce la inutilidad de los esfuerzos tendientes a lograr el esclarecimiento del atentado a la AMIA. Este decreto constituyó una suerte de segunda protocolización, de lo que surge del acta del mes de marzo del 2005, oportunamente firmada por representantes de las partes, por ante la Comisión Interamericana de los Derechos humanos.

“Varias ONG, entre ellas el CELS, habían denunciado al Estado argentino ante la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA) por violación del derecho a la vida, a la integridad física, a las garantías judiciales y a la tutela judicial efectiva, entre otros; todo en relación con la voladura de la AMIA. Hasta ahí, nada raro. Hay asociaciones que hacen de estas denuncias contra el Estado casi un leit motiv. La CIDH convocó entonces a las partes a una vista, que tuvo lugar en marzo de 2005. Lo llamativo fue que, en esa audiencia, en Washington, el Ejecutivo Nacional aceptó autoincriminar a la Argentina y lo hizo el propio Presidente a través de un decreto (812/2005, publicado en el boletín oficial el 13 de julio de ese año), en cuyos considerandos recuerda que en aquella sesión "el Estado argentino, como consta en el acta suscripta (...), reconoció la responsabilidad que le incumbe por las violaciones denunciadas, en cuanto existió incumplimiento de la función de prevención por no haber adoptado medidas idóneas y eficaces para prevenir el atentado (...)".

En consecuencia, "el Presidente de la Nación Argentina" decretaba la aprobación del acta firmada en Washington en la audiencia convocada por la CIDH, "en la que se reconoce la responsabilidad del Estado Nacional (...) en relación con el atentado perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita (AMIA), por incumplimiento de la función de prevención, habida cuenta del previo atentado terrorista contra la embajada de Israel, y encubrimiento grave y deliberado de la función de investigación adecuada del ilícito". En esa ocasión, el Estado admitió su "responsabilidad porque existió encubrimiento de los hechos, porque medió un grave y deliberado incumplimiento de la función de investigación del hecho ilícito (que) produjo una clara denegatoria de justicia".  El hecho fue poco comentado en aquel momento –e inadvertido por la opinión pública- y al parecer pocos dirigentes y analistas midieron la gravedad de esta iniciativa kirchnerista. 

Debe haber pocos casos en el mundo, si los hay, en que un Presidente incrimine al Estado que representa. Y si cada país que sufre más de un atentado, debe culparse a sí mismo por no haber podido evitar el segundo, las cortes internacionales estarían saturadas. La acusación del fiscal Alberto Nisman contra Cristina Kirchner afecta la imagen presidencial, pero antes que nada, en razón de su investidura, la del país. Pongámonos por un instante en el lugar de un observador externo que ve cómo Argentina no cesa de acusarse a sí misma –en la persona de sus mandatarios-por un ataque terrorista del que fue víctima.

Pero no afecta menos la imagen del país aquel arbitrario decreto n° 812 P.E.N. de 2005, motivado seguramente por el rédito que, en aquellos primeros años de mandato, sacaba Néstor Kirchner del hecho de haberse convertido en supuesto paladín de todas las injusticias no reparadas en la Argentina. Los funcionarios del Gobierno proclaman hoy con énfasis y sin medias tintas que al fiscal Nisman "le dan letra" los servicios de inteligencia de Israel y Estados Unidos. Lo dijeron voceros oficiosos, pero lo afirmó incluso el propio ministro de Defensa, Agustín Rossi. Es una acusación grave, pero también autodescalificante, porque de ser cierto revelaría algo que el kirchnerismo sabía y no dijo hasta ahora. Basar una acusación en información provista por la Inteligencia de otro país es insustancial porque es evidente que los datos proporcionados lo son con una intencionalidad determinada y carecen de objetividad. Como prueba en un juicio serían pasibles de nulidad. Ahora bien, ese argumento es tan válido para la actual acusación del fiscal contra Cristina Kirchner como para el expediente sobre la autoría del atentado. ¿Por qué lo que fue bueno para una cosa no lo es para otra?  El presidente Néstor Kirchner, que aceptó como válidas las acusaciones de Nisman y se convirtió en su vocero llevándolas al atril de Naciones Unidas en septiembre de 2007, no hubiera podido alegar ignorancia. En aquellos años varios periodistas –incluso en medios cercanos al Gobierno- publicaron estas versiones.” (http://www.infobae.com/2015/01/18/1621563-en-2005-nestor-kirchner-habia-incriminado-al-propio-estado-el-atentado-la-amia)

Mohsen Baharvand es la máxima autoridad de Irán en la Argentina, pero su cargo es encargado de Negocios, apenas un segundo rango diplomático, lo que revela la fragilidad de las relaciones entre Teherán y Buenos Aires. Entrevistado por el diario Clarín, señaló que el problema es que el Poder Ejecutivo argentino dice que el Poder Judicial es independiente y el Poder Judicial dice que no habla, porque es independiente. Entonces hoy no hay un canal.” Por eso proponemos que se asigne un interlocutor que pueda tomar decisiones, para que de una buena vez se aclare todo esto.”. La entrevista fue publicada en noviembre del 2006. 

Pasado más o menos un año de la entrevista que mantuvieron en Washington los representantes de los familiares de los damnificados en el atentado a la AMIA y el de nuestro país, ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos dependiente de la OEA. No era la primera vez que se mencionaba la aspiración de Irán, de solucionar el entuerto, conforme un convenio entre Argentina e Irán. Reseñó el diplomático iraní que consideraba importante crear “un mecanismo bilateral”. 

Es decir, va avanzando sobre lo que años más tarde se convertiría, ya con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en el denominado “Memorándum de entendimiento Argentina-Irán”. Expresó el diplomático que, en ocasión del conflicto con Irak ellos tenían mecanismos similares. Con relación a la emisión de distintas ordenes de captura de distintos imputados en la causa AMIA, señaló que él creé que Interpol se va a oponer a ellas cuando sean examinadas. “Interpol exige que las personas buscadas sean procesadas, que haya elementos de prueba, no sólo que sean acusados. Ya anuló un pedido del ex juez Galeano y el dictamen de Nisman es igual al de Galeano. Interpol no actúa sobre palabras. Y no se mezcla con conflictos bilaterales.”. 

Sostuvo que el gobierno argentino “influyó sobre las capturas. Es natural que influya, porque un fiscal no trabaja solo. Nisman trabaja con la SIDE, es empleado del jefe de los fiscales.”. El periodista le espetó que con la misma lógica, que el pedido de captura emanado de un fiscal de Irán contra el ex juez Juan José Galeano y contra del fiscal Nisman “fue influido por el gobierno iraní”. Manifestó el diplomático que “La ley en nuestro país es muy clara. El fiscal general tiene la facultad de pedir éso cuando alguien atenta contra la seguridad y la reputación de Irán.” 

Finalizó expresando que el pedido de captura emanado de la justicia iraní se ajusta a las leyes de ese país.  “Es fiel a lo que dicen nuestras leyes. Y no importa si ese daño se cometió en Irán o en cualquier lugar del mundo. Este dictamen afectó la seguridad de nuestro país. Estamos en una situación muy sensible y este dictamen hace que haya una amenaza más. (http://www.derechos.org/nizkor/arg/doc/baharvand.html)