viernes, febrero 13, 2015

Capítulo 762 - El apoyo o tolerancia del poder público en los delitos de lesa humanidad.









(continuación)
(…)   “no es la calificación como crimen contra la humanidad la que determinó la decisión en examen. Por otro, y de modo crucial, porque no fue la sola circunstancia de que el ataque del 18 de julio de 1994 configure un acto de terrorismo lo que fundó el pronunciamiento de la cámara, sino el hecho crucial de que se imputa la organización de una estructura estatal para encubrirlo, frustrando el esclarecimiento de los hechos y la identificación de sus responsables

A este respecto debe recordarse que, tal como lo refiere la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para establecer que se ha producido una violación de los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, "[e]s suficiente la demostración de que ha habido apoyo o tolerancia del poder público en la infracción de los derechos reconocidos en la Convención, u omisiones que hayan permitido la perpetración de esas violaciones" (Corte IDH, "Caso de la 'Masacre de Mapiripán' vs. Colombia", sentencia del 15 de septiembre de 2005, § 110). En efecto, explica dicho tribunal, "que, hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse identificado al autor de la transgresión, puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos por la Convención" (Corte IDH, "Caso 19 Comerciantes vs. Colombia", sentencia de 5 de julio de 2004, § 140; cf. también, "Caso Caballero Delgado y Santana", sentencia del 8 de diciembre de 1995, § 56; "Caso Godínez Cruz", sentencia del 20 de enero de 1989, § 182; Y "Caso Velásquez Rodríguez", sentencia del 29 de julio de 1988, § 172).”

Años más tarde, y tras la denuncia de una ONG denominada “Memoria Activa”, el caso AMIA llegó a los Estrados de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, puesto que nuestro país fue demandado ante la OEA. En ocasión de contestar el traslado que oportunamente se le confiriera, señaló la Argentina, por medio de su Poder Ejecutivo, que se hacía responsable de lo actuado por los sucesivos gobiernos en el caso citado.

En el diario Clarín del 15 de enero de 2015 se recuerda en un artículo referido al mismo que, “en una audiencia ante el organismo y por petición de familiares de las víctimas, el gobierno de Néstor Kirchner había reconocido en 2005 la responsabilidad del Estado argentino por las violaciones a los derechos humanos en el caso y se había comprometido a alentar la búsqueda de justicia, así como también a reformar los servicios secretos, otorgar transparencia a la asignación de recursos y crear un sistema nacional de emergencias.

Kirchner firmó un decreto con estos temas, pero nunca se implementaron. La petición sigue en curso y puede llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En una reciente entrevista con Clarín, el secretario ejecutivo de la CIDH en ese momento, el argentino Santiago Cantón, dijo que “el gobierno de Kirchner había avanzado con el reconocimiento internacional de la responsabilidad del Estado ante la CIDH pero luego no hizo nada más y Cristina Fernández terminó con una negociación con Irán. Es una traición a toda la sociedad y en primer lugar a las víctimas de la AMIA”, señaló.

La web de Nizkor señala una nota al respecto, de la que resultan derivaciones insospechadas. Teniendo como fuente el diario Los Andes, de Mendoza, de fecha 19 de julio del 2003 reseña lo siguiente: Néstor Kirchner y los integrantes de la comunidad israelita argentina protagonizaron ayer un hecho inédito: la presencia del jefe de Estado y los funcionarios de su gobierno en el acto conmemorativo del noveno aniversario fue celebrada por la concurrencia, al punto que el presidente y su esposa, Cristina Fernández, no pudieron abandonar el palco hasta estrechar la mano de todos los que pugnaban por tocarlo y acercarse para pedirles que los apoyaran en su reclamo de justicia. Los organizadores tuvieron que improvisar una conferencia de prensa de Kirchner en la propia sede de la mutual para compensar al público que, al finalizar el acto, reclamaba a los gritos que hablara el presidente. Fue la primera vez, en nueve años, que los representantes del Poder Ejecutivo fueron elogiados y vivados, en lugar de repudiados y silbados, en un homenaje al terrible atentado que el 18 de julio de 1994 le quitó la vida a 85 personas, y aún continúa sin esclarecerse.


Este clima fue el resultado de una decisión política del gobierno: la apertura de los archivos secretos de la SIDE -cuya información, según anunció ayer el titular de esa Secretaría, Sergio Acevedo, fue enviada al juez Claudio Bonadío, quien investiga si funcionarios del Poder Ejecutivo obstaculizaron el esclarecimiento del caso- y la posibilidad de que los ex agentes declaren ante el magistrado. El titular de la AMIA, Abraham Kalul, le agradeció al presidente su presencia en la ceremonia, pero anunció que "para venir al segundo acto va a tener que seguir cumpliendo este camino". Poco después, el representante de los familiares de las víctimas, Sergio Burstein, le aseguró que, de no mantener su promesa de terminar con la impunidad "va a ser un Menem más", una frase que inclusive para sus propios colegas, como Diana Malamud, y otros miembros de las agrupaciones que reclaman justicia, resultó "innecesaria" y "excesiva". 

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