Capítulo 454 - Los terroristas son los principales interesados en no punir al terrorismo.

(continuación)

En nuestro país no se practica lo que podríamos llamar la honestidad intelectual, cuando analizamos todo lo relacionado con la comisión de delitos de lesa humanidad, o la actividad criminal  del terrorismo.  Un grupo, al que reconocemos influyente por la capacidad para el mal que en él anida, se encarga de tergiversar cuanta resolución, convenio o tratado emanado tanto de la Organización de las Naciones Unidas, u otras instituciones internacionales con similares fines, que tenga como propósito el combate al terrorismo o reglamentar todo lo relacionado con los conflictos armados internacionales o con los conflictos armados no internacionales. Por ejemplo, en el caso del terrorismo, se han cansado de intentar convencernos que los países cuando se reúnen con el fin de planificar el combate a este verdadero azote, se refieren al terrorismo internacional. De tal suerte que establecen una divisoria que nadie ha sugerido o mencionado. Según ellos tendríamos dos clases de terrorismo: el nacional y el internacional, como antes hemos mencionado. 

Recuerdo que durante el gobierno constitucional del general Juan Domingo Perón, el 22 de enero de 1974, habida cuenta la creciente actividad subversiva que in crescendo se desarrollaba,  desbordando el campo institucional que defiende a la sociedad, el PEN resolvió elevar a la consideración del Congreso Nacional, un proyecto de ley penal que permitiría sancionar con mayores penas,  la conducta delictiva de quienes atentaban contra el orden constitucional, con la pertinente sanción criminal para ellos. Tal actitud obedeció a los numerosos atentados con bombas que se producían, contra diversos blancos, con las consiguientes secuelas de muertos, baldados, tullidos y lesionados graves. La gota que colmó el vaso fue un atentado e intento de toma, que se concretó días antes de esta reunión, contra un regimiento militar sito en Azul, Pcia. de Buenos Aires, actuando en la ocasión elementos subversivos integrantes del denominado Ejército Revolucionario del Pueblo. El general Perón mantuvo un diálogo con integrantes de la Juventud Peronista, a la sazón diputados nacionales. El grupo en cuestión, pertenecían a lo que se conocía “La Tendencia”, un grupo pequeño inserto dentro de la estructura del Partido Justicialista. El argumento que, ya entonces se usó por parte de los que reclamaban, fue el de que temían que, sin quererlo, se judicializara la protesta, como se dice en la actualidad. Por ello es que, no se mostraban conformes con la redacción de ciertos textos en el articulado del Proyecto. En realidad, pensamos que ése como en la actualidad, era un pretexto. Lo que se temía más que todo es que las normas penales, abarcaran la totalidad de la conducta que seguían los Montoneros y similares, y al taparse resquicios se evitaría la impunidad de sus actos criminales. Para los jóvenes que por su edad, no pueden entender posiblemente bien lo que expresamos, debemos advertirles que el general Juan D. Perón tenía un inusual nivel intelectivo, posiblemente mucho más alto que muchísimos de sus eventuales interlocutores. Siguiendo con la reunión de marras, los diputados que concurrieron eran Rodolfo Vittar, Roberto Vidaña, Aníbal Iturrieta, Armando Croatto, Carlos Kunkel, Santiago Díaz Ortiz, Diego Muñiz Barreto, Jorge Glellel, Julio Mera Figueroa, quienes renunciarían el 24 de enero. Señaló el diputado Vittar, en la ocasión: “Señor General: nosotros queríamos hablar con usted antes de hacerle entrega de un comunicado que hemos sacado repudiando el atentado de Azul.”.  (…)  Queremos señalarle nuestros conceptos con respecto a la modificación del Código Penal. La nuestra no es una postura en contra de dicha modificación. Tenemos algunas dudas con respecto a la misma. Estamos de acuerdo en la necesidad de que nuestro Gobierno popular tenga realmente un aparato de seguridad y una legislación de seguridad del Estado popular, pero vemos que algunos de los considerandos no tienen mucha claridad en torno a pautas técnicas legales y políticas. Queremos con los compañeros diputados de la juventud escucharlo a usted y además expresarle nuestra voluntad para sumarla al llamado que usted hizo al pueblo argentino para transitar el camino de la Reconstrucción y Liberación Nacional en paz y felicidad para el pueblo. (…)  La prensa distorsionó un poco el aspecto de nuestra postura. En el bloque hemos planteado, con los compañeros peronistas, la necesidad de una mayor discusión para que tampoco tengamos en el aspecto formal, enfrentamientos con los sectores opositores del Parlamento que hasta ahora vinimos trabajando en conjunto y en forma bastante profunda. Vemos en ese sentido la necesidad de poder dar con ello una discusión para que esta misma ley de defensa del Estado popular sea realmente una legislación que salga en forma unánime del conjunto del Congreso de la Nación Argentina. Nosotros aplicamos objeciones a uno o dos artículos y queremos escucharlo a usted, señor General. Por eso le hemos pedido esta entrevista y lo hemos molestado en la actividad que usted está desarrollando.” Al oír tales manifestaciones, el general le contestó expresando, entre otras cosas: “Los grupos colegiados tienen su discusión interna; el concepto de la tarea misma legislativa lo impone, por eso existen los bloques. ¿Cuál debe ser la norma dentro de los bloques? Eso no se discute. Cuando se está en el bloque se acepta lo que el bloque haya decidido en conjunto. Esa es una cosa que se debe cumplir, no se puede destruir la unidad del cuerpo colegiado; no se puede proceder de otra manera. Ese es un problema interno del bloque y tengo entendido que lo han discutido dentro del bloque.” Replicó el diputado: “Nosotros insistimos no sólo en discutir en profundidad dentro del bloque el problema de la modificación de la ley penal, sino que también lo hicimos en cuanto a la necesidad de conversarlo -teniendo en cuenta el lapso que se planteaba, del 24 de este mes-, nuevamente en los niveles del Poder Ejecutivo, es decir, con el Ministerio del Interior y con el Ministerio de Justicia. Deseábamos eso con el objeto, justamente, de tratar de ajustar una serie de aspectos con relación a los cuales teníamos algunas serias dudas. De todos modos estas dudas no están referidas al propósito ni al conjunto de la modificación o a la necesidad de modificación del Código Penal, sino que se vinculan con algunos de esos puntos que quedan insertados en el proyecto de ley. (…)  Con relación a esta figura de asociación ilícita, nosotros pensamos que la justificación que se hace en el proyecto es excesivamente ambigua; están desdibujados los contornos de la figura penal y permite incluir dentro de este tipo de asociación ilícita un sinnúmero de situaciones.”

Al oírlo, le señaló Perón  astutamente: “Pero si no cometió el delito... en una emboscada de esta naturaleza asesinando a las personas que están tranquilas y en paz. Ahora bien, si ésto no implica la necesidad de ser enérgicos a través de la ley, no estaremos jamás respetando la ley desde que la pedimos. El Poder Ejecutivo pide esta ley porque la necesita. Hay treinta asaltos que justificarían una ley dura; sin embargo hasta ahora hemos sido pacientes, pero ya no se puede seguir adelante, porque de lo contrario la debilidad nuestra será la que produzca la propia desgracia del país, que es lo queremos evitar. Ahora bien, hablando con toda franqueza, indudablemente no le veo razón a ninguno de los argumentos que vienen exponiéndome para la defensa de la ley. Eso será por la tarea de discutir y buscar triquiñuelas a las cosas. No; aquí hay un fin, el medio es otra cosa.”. Ante tal manifestación del general, el diputado Vittar, insistió señalando “Pero la asociación ilícita podría venir por el solo hecho de estar agrupado en una asociación que no esté legalmente reconocida. Como puede suceder con una agrupación que recién se integra en un sindicato o en una agrupación de base política. ...”.