(continuación)Para comenzar nuestra valoración y síntesis, de la conducta de los tres Poderes del Estado Argentino en general, podemos sostener sin temor a equivocarnos, que los gobiernos que se fueron sucediendo desde el inicio de la democracia en diciembre de 1983, al tener que intervenir sobre el tema de la represión habida durante la Década del 70, y sus secuelas oscilaron entre el juicio llevado a cabo, a instancias del Poder Ejecutivo Nacional a las Juntas Militares durante el gobierno del presidente Raul Alfonsín, hasta la sanción de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, anteriormente citadas. El siguiente titular del Poder Ejecutivo, el doctor Carlos S. Menem indultó a los militares y sancionó leyes de olvido, relacionadas con los eventos citados. De la Rúa y Duhalde, a cargo del PEN observaron similar conducta al respecto, conmutando penas o indultando, prefiriendo el olvido y la reconciliación en aras de la unidad de la Nación. El primero conmutó penas a los condenados por el asalto al Regimiento de La Tablada, ocurrido durante el gobierno constitucional del Dr. Raúl R. Alfonsín, mientras que el segundo indultó a otros condenados por el mismo evento, cuando ocupaba el cargo de presidente provisional de la Argentina.
Cuando el entonces presidente Duhalde indultó al guerrillero Enrique Gorriarán Merlo, mediante decreto del 20 de junio del 2003, miembros del futuro gabinete del electo presidente Néstor Kirchner, coincidieron en rechazar esa decisión presidencial. Kirchner expresó, por su parte, que se oponía a la medida y que su antecesor no lo había consultado. En ese tiempo nadie sospechó sobre la actitud del presidente electo y muchos la imputaron a un eventual exceso de prudencia. Recordemos que en el Programa de acción que dio a conocer Kirchner, durante su campaña electoral nunca, absolutamente nunca, hizo alguna referencia a la eventual reapertura de las causas fenecidas, por amnistía o por indulto, en las que se encontraban involucrados militares o elementos de seguridad que actuaron en la Década del 70. No bien accedió a su cargo, Kirchner varió el punto de vista. Ahora ya no mantenía el rechazo al indulto del sanguinario guerrillero. Con el correr de los meses se demostró que tal actitud bien podría haber sido calificada como utilitaria, cínica e hipócrita. La ciudadanía pudo contemplar azorada como el presidente electo, quien demostró su terminante rechazo al indulto, como ya se expresara, da un giro copernicano complementado con la designación, en distintos estamentos del Estado, de ex-integrantes de Montoneros y del Ejército Revolucionario del Pueblo. Nadie se explicaba que el “peronista” Néstor Kirchner y su cónyuge, procedieran a la designación de individuos que habían sido expulsados del Movimiento Justicialista, por el general Juan Domingo Perón por ser desleales y traidores. Nadie se explicaba, en el caso de ex-integrantes del ERP, que individuos que calificaron en los mas duros términos a su Lider, sean convocados a la función pública por alguien que se dice “peronista”. Todo un acertijo.
Desde el inicio del mandato del Dr. Néstor Kirchner y durante el actual gobierno de su cónyuge, se alentó la aplicación de normas legislativas, creando de hecho, y arbitrariamente figuras penales internacionales, de aplicación retroactiva y anticonstitucional, con el deliberado propósito de favorecer a los otros guerrilleros y de perjudicar, vulnerando sus derechos adquiridos, a los imputados militares que habían vencido a la guerrilla criminal, que había asolado a nuestro país.
Reconocemos que al menos Alfonsín, antes de ser electo presidente enarboló el programa radical, relacionado con este tema. Asimismo se mandaron sendos mensajes al Congreso solicitando la sanción de las normas legales necesarias, para proceder al enjuiciamiento judicial. En dicho Programa y durante la campaña, el futuro mandatario hizo conocer a los ciudadanos que, si llegara a triunfar se iba a someter a juicio tanto a los inculpados por excesos en la lucha antisubversiva, como a los propios terroristas subversivos. No bien asumió Alfonsín, uno de sus primeros actos de gobierno fue el dictado de decretos que plasmaban lo prometido. Ordenándose enjuiciar a los militares y a integrantes de estas dos bandas de terroristas subversivos. De tal suerte, el presidente Alfonsín cumplió lo prometido a la ciudadanía, para el evento de asumir como Primer Magistrado.
Reflejó durante el transcurso de la campaña electoral, sin ambages, la postura de la U.C.R. con relación al tema que estamos tratando. Nada se hizo entre gallos y medianoches. Dicho todo ésto, sin que signifique valorar, lo actuado por el entonces Primer Magistrado. No decimos ni que esté bien ni que esté mal. Lo que reconocemos es que, la ciudadanía eligió, lo que prometió el candidato en la campaña electoral. De hecho fue una singular respuesta a una singular promesa. No hubo un monje negro en las sombras, ni se violentaron las instituciones, a fin de concretar lo anunciado. La compulsa electoral, de tal suerte, resultó una suerte de consulta a la ciudadanía y ésta se expidió, en sentido favorable al juicio a los militares, divididos por estamentos de responsabilidad penal, conforme el plan citado. Y así se hizo, con la complacencia del pueblo, quien en las distintas y numerosas compulsas electorales, nunca votó a favor de quienes sostenían que debía reverse la conducta hacia los militares.
En cambio, la conducta que siguió Kirchner en sus inicios, en relación con los juicios contra integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, aludidos anteriormente, forma parte del entramado que urdió el extinto presidente, con el fin de beneficiarse políticamente. Dio un giro de 180º que derivó en una retorcida interpretación de tratados, convenios y resoluciones internacionales, con el avieso propósito de triturar la cosa juzgada. En efecto, no se alcanza a comprender como puede ser que una persona que, como él, batía el parche de los derechos humanos; que defendía a todo líder de la izquierda radicalizada, -en el caso de Gorriarán Merlo y otros por ejemplo-, haya expresado oportunamente, que se oponía al otorgamiento del indulto y más adelante, contrariando su postura se haya exhibido como una suerte de “admirador” de la conducta de los integrantes de las bandas subversivas. “Admirador” de los asesinatos alevosos, de los secuestros, de la colocación de bombas, con las gravísimas secuelas del caso, etc etc. Evidentemente tal actitud, no guardaba la coherencia correspondiente a la ulterior postura del kirchnerismo, ya en el gobierno de la Nación. Lo que nos permite tener por acreditado sin duda alguna, que evidentemente el extinto, ocultaba celosamente en esa época, sus simpatías por la guerrilla, o al menos sus simpatías formales. Todavía no se había atrevido a confrontar contra quienes no pensaban como él. No nos había informado a los ciudadanos de a pie, que los que disentían con su ideología, para él y los suyos, eran sencillamente enemigos a los que debía aplastarse, sin compasión alguna. No nos habíamos dado cuenta que bajo la inocente piel de oveja se ocultaba el feroz lobo.
Cuando Kirchner asumió como presidente, pudo haber actuado respecto al otorgamiento de los indultos otorgados por Duhalde o las conmutaciones de pena rubricadas por el doctor De la Rúa. Ya que no compartía el gesto, y si los consideraba arbitrarios o fuera de oportunidad o injustos, pudo anularlos o pudo solicitar a la Justicia su nulidad. Examinemos por ejemplo, el caso del criminal Gorriarán Merlo, quien fue encontrado culpable por la Justicia argentina, entre otros delitos, por el delito de rebelión contra las autoridades constitucionales de la Nación. La sentencia del Tribunal ante el cual tramitaron las actuaciones que se le incoaron, señaló taxativamente, que uno de los eventos por el que fue condenado, debe subordinarse penalmente al delito de rebelión. Recordemos que este delito es un acto de fuerza contra el orden constitucional y el sistema democrático. Según el artículo 36 de la Constitución Nacional, este delincuente nunca debió ser indultado por el Poder Ejecutivo Nacional. Al proceder a indultarlo, el doctor Duhalde cometió un verdadero abuso de autoridad. Nada dijo sobre el tópico el señor Kirchner al asumir el cargo, cuando podría haber imputado al ex - Presidente tal delito, recordándole lo prescripto en el párrafo segundo, in fine de tal articulado constitucional. Más aun, cuando durante su mandato presidencial se la pasó endilgándole a Duhalde el apodo de “El Padrino”, injuriándolo en torno a sus supuestas relaciones con la actividad mafiosa. Tal actitud habla, a las claras, de la displicencia entre los funcionarios, con relación al celoso cumplimiento de las normas constitucionales. Y el transcurso del tiempo nos dio la razón a quien opinábamos, en esa época, exactamente igual que ahora. (Capítulo 352)
Cuando el entonces presidente Duhalde indultó al guerrillero Enrique Gorriarán Merlo, mediante decreto del 20 de junio del 2003, miembros del futuro gabinete del electo presidente Néstor Kirchner, coincidieron en rechazar esa decisión presidencial. Kirchner expresó, por su parte, que se oponía a la medida y que su antecesor no lo había consultado. En ese tiempo nadie sospechó sobre la actitud del presidente electo y muchos la imputaron a un eventual exceso de prudencia. Recordemos que en el Programa de acción que dio a conocer Kirchner, durante su campaña electoral nunca, absolutamente nunca, hizo alguna referencia a la eventual reapertura de las causas fenecidas, por amnistía o por indulto, en las que se encontraban involucrados militares o elementos de seguridad que actuaron en la Década del 70. No bien accedió a su cargo, Kirchner varió el punto de vista. Ahora ya no mantenía el rechazo al indulto del sanguinario guerrillero. Con el correr de los meses se demostró que tal actitud bien podría haber sido calificada como utilitaria, cínica e hipócrita. La ciudadanía pudo contemplar azorada como el presidente electo, quien demostró su terminante rechazo al indulto, como ya se expresara, da un giro copernicano complementado con la designación, en distintos estamentos del Estado, de ex-integrantes de Montoneros y del Ejército Revolucionario del Pueblo. Nadie se explicaba que el “peronista” Néstor Kirchner y su cónyuge, procedieran a la designación de individuos que habían sido expulsados del Movimiento Justicialista, por el general Juan Domingo Perón por ser desleales y traidores. Nadie se explicaba, en el caso de ex-integrantes del ERP, que individuos que calificaron en los mas duros términos a su Lider, sean convocados a la función pública por alguien que se dice “peronista”. Todo un acertijo.
Desde el inicio del mandato del Dr. Néstor Kirchner y durante el actual gobierno de su cónyuge, se alentó la aplicación de normas legislativas, creando de hecho, y arbitrariamente figuras penales internacionales, de aplicación retroactiva y anticonstitucional, con el deliberado propósito de favorecer a los otros guerrilleros y de perjudicar, vulnerando sus derechos adquiridos, a los imputados militares que habían vencido a la guerrilla criminal, que había asolado a nuestro país.
Reconocemos que al menos Alfonsín, antes de ser electo presidente enarboló el programa radical, relacionado con este tema. Asimismo se mandaron sendos mensajes al Congreso solicitando la sanción de las normas legales necesarias, para proceder al enjuiciamiento judicial. En dicho Programa y durante la campaña, el futuro mandatario hizo conocer a los ciudadanos que, si llegara a triunfar se iba a someter a juicio tanto a los inculpados por excesos en la lucha antisubversiva, como a los propios terroristas subversivos. No bien asumió Alfonsín, uno de sus primeros actos de gobierno fue el dictado de decretos que plasmaban lo prometido. Ordenándose enjuiciar a los militares y a integrantes de estas dos bandas de terroristas subversivos. De tal suerte, el presidente Alfonsín cumplió lo prometido a la ciudadanía, para el evento de asumir como Primer Magistrado.
Reflejó durante el transcurso de la campaña electoral, sin ambages, la postura de la U.C.R. con relación al tema que estamos tratando. Nada se hizo entre gallos y medianoches. Dicho todo ésto, sin que signifique valorar, lo actuado por el entonces Primer Magistrado. No decimos ni que esté bien ni que esté mal. Lo que reconocemos es que, la ciudadanía eligió, lo que prometió el candidato en la campaña electoral. De hecho fue una singular respuesta a una singular promesa. No hubo un monje negro en las sombras, ni se violentaron las instituciones, a fin de concretar lo anunciado. La compulsa electoral, de tal suerte, resultó una suerte de consulta a la ciudadanía y ésta se expidió, en sentido favorable al juicio a los militares, divididos por estamentos de responsabilidad penal, conforme el plan citado. Y así se hizo, con la complacencia del pueblo, quien en las distintas y numerosas compulsas electorales, nunca votó a favor de quienes sostenían que debía reverse la conducta hacia los militares.
En cambio, la conducta que siguió Kirchner en sus inicios, en relación con los juicios contra integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, aludidos anteriormente, forma parte del entramado que urdió el extinto presidente, con el fin de beneficiarse políticamente. Dio un giro de 180º que derivó en una retorcida interpretación de tratados, convenios y resoluciones internacionales, con el avieso propósito de triturar la cosa juzgada. En efecto, no se alcanza a comprender como puede ser que una persona que, como él, batía el parche de los derechos humanos; que defendía a todo líder de la izquierda radicalizada, -en el caso de Gorriarán Merlo y otros por ejemplo-, haya expresado oportunamente, que se oponía al otorgamiento del indulto y más adelante, contrariando su postura se haya exhibido como una suerte de “admirador” de la conducta de los integrantes de las bandas subversivas. “Admirador” de los asesinatos alevosos, de los secuestros, de la colocación de bombas, con las gravísimas secuelas del caso, etc etc. Evidentemente tal actitud, no guardaba la coherencia correspondiente a la ulterior postura del kirchnerismo, ya en el gobierno de la Nación. Lo que nos permite tener por acreditado sin duda alguna, que evidentemente el extinto, ocultaba celosamente en esa época, sus simpatías por la guerrilla, o al menos sus simpatías formales. Todavía no se había atrevido a confrontar contra quienes no pensaban como él. No nos había informado a los ciudadanos de a pie, que los que disentían con su ideología, para él y los suyos, eran sencillamente enemigos a los que debía aplastarse, sin compasión alguna. No nos habíamos dado cuenta que bajo la inocente piel de oveja se ocultaba el feroz lobo.
Cuando Kirchner asumió como presidente, pudo haber actuado respecto al otorgamiento de los indultos otorgados por Duhalde o las conmutaciones de pena rubricadas por el doctor De la Rúa. Ya que no compartía el gesto, y si los consideraba arbitrarios o fuera de oportunidad o injustos, pudo anularlos o pudo solicitar a la Justicia su nulidad. Examinemos por ejemplo, el caso del criminal Gorriarán Merlo, quien fue encontrado culpable por la Justicia argentina, entre otros delitos, por el delito de rebelión contra las autoridades constitucionales de la Nación. La sentencia del Tribunal ante el cual tramitaron las actuaciones que se le incoaron, señaló taxativamente, que uno de los eventos por el que fue condenado, debe subordinarse penalmente al delito de rebelión. Recordemos que este delito es un acto de fuerza contra el orden constitucional y el sistema democrático. Según el artículo 36 de la Constitución Nacional, este delincuente nunca debió ser indultado por el Poder Ejecutivo Nacional. Al proceder a indultarlo, el doctor Duhalde cometió un verdadero abuso de autoridad. Nada dijo sobre el tópico el señor Kirchner al asumir el cargo, cuando podría haber imputado al ex - Presidente tal delito, recordándole lo prescripto en el párrafo segundo, in fine de tal articulado constitucional. Más aun, cuando durante su mandato presidencial se la pasó endilgándole a Duhalde el apodo de “El Padrino”, injuriándolo en torno a sus supuestas relaciones con la actividad mafiosa. Tal actitud habla, a las claras, de la displicencia entre los funcionarios, con relación al celoso cumplimiento de las normas constitucionales. Y el transcurso del tiempo nos dio la razón a quien opinábamos, en esa época, exactamente igual que ahora. (Capítulo 352)
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