Capítulo 63 - Crímenes de Guerra en la Guerra Civil Española

¿No recuerdan tales expresiones a las organizaciones terroristas que azotaban en la década del 70 a nuestra Patria, empleando tal metodología? De hecho, debido a la despreciable conducta de los terroristas y a la amenaza que supone para la sociedad, las autoridades del Estado responsables de poner fin a la violencia terrorista están facultadas para responder con medidas antiterroristas y no pueden verse constreñidas por los límites normales de las medidas oficiales para la prevención del delito ordinario.

Por consiguiente, existe el peligro real de que el Estado “responda con exceso a la amenaza terrorista y se deslice hacia la represión y violación de los derechos humanos, no sólo de los terroristas sino también del resto de la sociedad, cuyos derechos y libertades pueden verse disminuidos en el proceso de descubrir, detener y condenar a los terroristas.”

El influjo y los efectos perjudiciales del terrorismo en la paz social y el orden público pueden a la larga amenazar a la existencia misma del Estado. Ejemplo de la situación referida precedentemente, fuerzas civiles o milicias armadas, sería la actuación que en la Argentina le cupo a las Fuerzas Armadas o en España a las fuerzas de seguridad persiguiendo a los etarras. En el primer caso hubo indudablemente un deslizamiento de la legalidad, mientras que en el caso de España la situación no llegó a tales límites excesivos y perversos, pero estuvo a punto de hacerlo cuando en el pasado inmediato actuaron grupos de civiles armados ajenos a las Fuerzas de Seguridad.

Las Naciones Unidas, paulatinamente, van llegando al punto medular de este problema. Ya han sostenido, por ejemplo que “La cuestión está también relacionada con el movimiento general de los derechos humanos que, quizá durante demasiado tiempo, se ha venido centrando en las medidas represivas adoptadas por los gobiernos y ha prestado demasiada poca atención a los medios utilizados por quienes se oponían a los gobiernos.”

Prosiguiendo con la situación de lo acusados por violación de los derechos humanos, los militares de mi país, creo que se hace un abuso de tales derechos pero que, a la larga, el problema debe ser resuelto tal como lo hizo España.

Acudiendo al diálogo y a un Pacto Nacional para sostener la paz interior del país. La internacionalización, ínsita en el llamado Derecho Humanitario, conlleva una obligación que no se cumple y que demuestra el peligro de soslayar la uniformidad jurisprudencial, puesto que hacerlo conduce a caminos no deseados y a efectos perniciosos, constituyendo entonces la aplicación de sus disposiciones un verdadero abuso del derecho.

Lo relatado en primer término, relacionado con el dirigente comunista Santiago Carrillo, me lleva indefectiblemente a hacerme la pregunta lógica ¿Por qué no se actuó con este hombre y sus compinches, de la misma forma con que se actuó en la Argentina, respecto a los militares, que dieron las órdenes que permitieron los excesos de la llamada guerra sucia?

La misma pregunta se la debe hacer toda España. Reclaman la respuesta los miles de asesinados en Paracuellos de Jarama en 1936, por orden directa del referido Santiago Carrillo. Eran prisioneros indefensos, a los que se sacó de la cárcel, en los denominados “paseos”.

Eran llevados a la muerte, obligados a cavar su fosa y ejecutados allí mismo, indefensos tuvieron que sufrir esa suerte de “condena “extrajudicial, tal como ocurrió con los desaparecidos, en nuestro país. España, contrariamente a lo sucedido en nuestro país, no hizo nada. No juzgó a nadie, y al contrario amnistió a integrantes de ambos bandos. Se impone, una vez mas, el interrogante lógico: ¿ En que quedamos, es conforme a derecho amnistiar, o no?

O sea un caso similar al ocurrido en la guerra de los Balcanes, juzgado a su vez por el Tribunal de la exYugoslavia, donde se calificó el evento como delito contra la humanidad, como genocidio. *

*La interpretación de lo ocurrido en España, en la década del 30, según el prestigioso autor hispano Pío Moa, es una “constante mentira comunista”. Refiere que “Según esa propaganda, la guerra de España enfrentó a la democracia y al fascismo. Pero si ustedes prestan atención a los integrantes del Frente Popular y sus aliados, verán cuán imposible es tal pretensión. Ni los anarquistas ni los comunistas ni los socialistas de entonces, en muchos aspectos más radicalizados que los comunistas, tenían nada de demócratas. Tampoco el racista Partido Nacionalista Vasco, ni los republicanos de izquierdas y nacionalistas catalanes, que habían intentado golpes de estado nada más perder las elecciones democráticas del 1933. Y, en fin, como no pueden ignorar ustedes, aquel Frente Popular estuvo dirigido, más que protegido, por Stalin, a quien, supongo, nadie calificará en serio de demócrata .En la guerra de España la democracia no jugó ningún papel, pues la relativa democracia republicana había sido destruida previamente en dos golpes sucesivos. El primero fue el movimiento revolucionario de octubre de 1934, contra un gobierno de derecha plenamente legítimo y respetuoso con la ley. La revolución fue organizada, textualmente como guerra civil, por el PSOE con el fin explícito de imponer un régimen de tipo soviético; y por los nacionalistas catalanes, con fines separatistas. La apoyaron los comunistas, los anarquistas (en parte) y los republicanos de izquierda. El ataque a la legalidad fracasó en dos semanas, pero dejó 1.400 muertos y cuantiosas destrucciones. El segundo golpe a la democracia fue el proceso revolucionario desatado tras las elecciones de febrero de 1936. Elecciones irregulares por sus violencias y sus fraudes, reconocidos por Azaña, el republicano de izquierda que pasó a gobernar entonces. Las izquierdas, agrupadas en el Frente Popular, ganaron en escaños, aunque empataron en votos, y de inmediato comenzó a imponerse la ley desde la calle, mientras el gobierno destituía ilegítimamente al presidente de la República, Alcalá-Zamora, arrebataba despóticamente escaños parlamentarios a la derecha, depuraba el alto funcionariado, liquidaba la independencia del poder judicial y amparaba unas violencias callejeras que en sólo cinco meses causaron 300 muertos, centenares de incendios de iglesias, centros culturales y políticos de la derecha, periódicos, etc.