Capítulo 64 - España Olvida

Las izquierdas respondían con amenazas de muerte, en pleno Parlamento, a los líderes derechistas, el moderado Gil-Robles y el más extremista Calvo Sotelo, cuando éstos pedían al gobierno, simplemente, que cumpliese e hiciese cumplir la ley. Al negarse a cumplir la ley y anularla activamente por medio de actos consumados, el gobierno del Frente Popular perdió una legitimidad ya dudosa de origen.
El arrasamiento de la legalidad democrática por las izquierdas y la total descomposición del Estado quedaron de relieve cuando una fuerza mixta de policías y milicianos socialistas secuestró en su casa y asesinó a Calvo Sotelo, después de haber fallado en el intento de hacer lo mismo con Gil-Robles.Aquel crimen colmó el vaso y empujó a la rebelión a una parte del ejército, que venía preparándose para ella ante el cariz de los sucesos, pero era muy renuente a emprenderla, entre otras cosas por la gran probabilidad de ser vencidos. Probabilidad que estuvo a punto de materializarse. Y, cuando la ley cae por tierra, en todos los países vienen las atrocidades y las venganzas, cometidas en España por los dos bandos”.del diario madrileño “Libertad Digital del 31-3-06.
El prestigioso polígrafo César Vidal en un libro suyo de reciente aparición titulado “Checas de Madrid” efectúa un relato, ante el que la conocida Escuela de Mecánica de la Armada, sita en Buenos Aires, uno de los mas afamados centros de privación ilegal de la libertad y torturas de los guerrilleros que asolaron nuestro país, es un poroto. Dice el autor en este libro que en el bando republicano eran conocidas como “checas” los cuarteles de la policía política durante la guerra civil español (1936-1939).Prosigue relatando que habían sido modeladas bajo la influencia soviética, de donde tomaron la palabra, y llegaron a España de la mano del Partido Comunista, dotadas de numerosos asesores soviéticos, expertos en destripar enemigos. Muy pronto casi todas las formaciones políticas y sindicales tuvieron las suyas.Sólo en Madrid identifica 226 checas, muchas de ellas instaladas en antiguos conventos y hasta iglesias arrebatadas a los católicos. ¿Qué se hacía en esos siniestros centros de detención? Se torturaba salvajemente a los detenidos, especialmente en las checas comunistas, acusándolos de ser cómplices del fascismo, y, con mucha frecuencia, se les mataba.
La obra termina con una pavorosa lista de 11.705 asesinados, sólo en Madrid. El total nacional de víctimas de la represión republicana, profusamente documentado, alcanza la cifra de 110.965 personas. De esa triste nómina casi siete mil son curas, monjas y miembros de órdenes religiosas. Tales cifras dan cuenta que los hechos relatados serían constitutivos del delito de genocidio. Se actuó por odio religioso. Es decir como delito internacional, no sería prescriptible.Adviértase que no se trata de matar a cualquiera sino que se asesinó alevosamente a detenidos, a prisioneros. Casi el 60% de los prisioneros eran religiosos del culto católico, a los que se tildó de fascistas. Ese fue su mayor pecado. Y ese fue su mayor genocidio ya que los asesinaron por ser católicos, estando prisioneros y desarmados, lo que constituye, también, un delito de lesa humanidad.
Carlos Alberto Montaner, en una colaboración que apareció en la página digital “Gentiuno”, nos reseña algo que yace silencioso en el fondo de la tramitación de las causas que tramitan ante el Juzgado del doctor Baltasar Garzón, relacionadas con la guerra sucia en la Argentina.El artículo lo encabeza con el título: “Asesinatos Olvidados” y nos dice: “ … en el momento en que Vidal publicaba su estremecedora investigación, el juez Baltasar Garzón solicitaba la extradición de cuarenta y seis militares argentinos acusados de torturar y asesinar en su país a miles de personas durante el periodo de la última dictadura militar (1976-1983).¿Por qué la justicia española se ocupaba de unos crímenes ocurridos al otro lado del Atlántico y no perseguía a los asesinos feliz e impunemente radicados en el territorio nacional a pocos metros de los tribunales competentes?
Federico Jiménez Losantos, uno de los periodistas más escuchados del país -y uno de los más temidos-, lo preguntó con toda claridad en su hora radial: "¿Por qué Baltasar Garzón no ordena la detención y enjuiciamiento del comunista Santiago Carrillo, responsable directo del asesinato de 2,800 personas en un fin de semana (los prisioneros de Paracuellos del Jarama), o de Serrano Súñer, hombre clave del régimen franquista, a quien es posible imputar, aunque sea de forma indirecta, una buena parte de los atropellos cometidos por su gobierno?".¿Tal vez porque son muy ancianos? Ese no es un buen argumento jurídico: los crímenes contra la humanidad no prescriben nunca. No hay duda de que el derecho penal internacional tiene todavía muchas fallas. Está muy bien perseguir genocidas en cualquier rincón en que se escondan, pero ¿por qué renunciar al principio de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley?
Por otra parte, no existe ninguna ley, que determine que a los gerentes hay que eximirlos de purgar una condena penal, en razón de su avanzada edad.
Los españoles, por ejemplo, hace un cuarto de siglo hicieron su transición hacia la democracia, olvidando los crímenes cometidos por unos y otros durante la guerra civil, pese a que en 1978, cuando se proclama la nueva constitución que oficialmente liquida al franquismo, estaban vivos cientos de millares de combatientes de esa contienda, muchos de ellos víctimas o victimarios. ¿Qué fuerza moral tiene hoy esa sociedad para juzgar presuntos criminales argentinos si no hizo o hace lo mismo con los suyos? “. Lo referido es cierto.Es una verdad tangible.
España tomó una decisión política que, a la larga, benefició al Estado Español y a sus habitantes, ya que impidió que se perdiera lastimosamente el tiempo en querellas inacabables. Desde quemas de conventos y asesinatos de inocentes religiosos, hasta masacres de pacíficos sindicalistas, las ’’dos Españas’’, como señalara el poeta Machado, se habían infligido muchísimo daño. La solución entonces encontrada para poder superar este obstáculo emocional fue la amnesia oficial. El gobierno renunciaba a hacer justicia sobre hechos y crímenes pasados, convencido de que sólo así podía salvar el futuro, a cambio de que la oposición aceptara la regla del olvido voluntario.